El 22 de mayo de 2013, el gobierno de Uruguay presentó un proyecto de ley al Parlamento para la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Se espera que la ley pase a manos del Senado a finales de año, trayendo consigo una lista de nuevas regulaciones para los medios en el país. Los miembros de IFEX Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), con sede en Montevideo, y Reporteros sin Fronteras (RSF), han revisado el proyecto de ley y son cautelosamente optimistas de que es un paso positivo que ayudará a fortalecer el panorama de los medios en Uruguay.
La Ley SCA ha sido comparada con leyes similares en Argentina y Ecuador, pero las similitudes se limitan a los artículos relativos a la concentración de medios y la programación restringida para proteger a los menores de edad. En dichos países hay una tensión palpable entre el gobierno y los medios de comunicación.
El Índice de Libertad de Prensa 2013 de RSF (2013 World Press Freedom Index) coloca a Uruguay en el puesto 27 de 179, por lo que es uno de los países de América Latina de más alto rango. Mientras tanto, Argentina se encuentra en el 54 y Ecuador en el 119. El índice de Freedom House de 2013 Freedom of the Press index, clasifica a Uruguay como «libre», Argentina «parcialmente libre» y Ecuador «no libre».
En Argentina, un clima de polarización con los medios de comunicación y algunos canales privados colorea cada decisión, tales como la iniciativa del gobierno de privatizar la distribución del papel periódico, como un ataque a los medios de comunicación privados. Edison Lanza, director de CAINFO, dijo en una entrevista con RSF que el plazo propuesto para la aplicación de la ley en Uruguay sería de más de cinco años, lo que otorgaría tiempo para la adaptación de los medios de comunicación a la nueva normativa. Por el contrario, los medios de Argentina han tenido sólo un año para adaptarse. Cuando se intentó reducir la concentración de los medios de comunicación, la fecha límite impuesto dejó a medios como el Grupo Clarín de Argentina luchando por desprenderse de las participaciones de medios antes de que sean vendidas a precios irrisorios por el gobierno.
En lo que respecta a las restricciones de programación, la nueva ley en Uruguay ampliaría en media hora las horas en que la programación debe ser apropiada para todo público, específicamente, esta ventana podría ahora extenderse desde las 6 am a las 10 pm. Una reciente decisión de Ecuador de incluir a representantes del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia en el nuevo Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación sugiere una preocupación similar para los niños en Ecuador. La diferencia aquí es que la ley uruguaya no incluye un consejo de funcionarios del gobierno para supervisar los medios de comunicación.
De acuerdo con el Knight Center, una tercera implicación significativa de la Ley SCA sería un porcentaje mínimo requerido de tiempo de emisión dedicado a programas de producción nacional, el 60% para la televisión y el 30% para la radio. Esta regulación es la misma que existe en Canadá, donde la Comisión de Radio, Televisión y Telecomunicaciones Canadiense garantiza 60% de contenido canadiense en las emisoras.
Otra cosa que diferencia a esta ley de otras en América Latina es la expectativa de una total transparencia en la concesión de licencias de medios. El sistema actual, en el que las licencias pueden ser revocadas de manera indiscriminada, será reemplazado por uno en el que los períodos de licencia son por un plazo determinado y renovable, según un comunicado del presidente José Mujica. Se prevé que el proceso de licitación de las licencias sea transparente y que involucre una consulta pública, informa RSF.
De hecho, la consulta pública ha sido una parte importante y positiva en el desarrollo del proyecto de ley SCA. Las organizaciones de la sociedad civil lamentan la falta de transparencia y de consulta frecuentemente cuando se introducen nuevas leyes de medios. Un proceso cerrado puede conducir a leyes que dan al gobierno demasiado control sobre los medios de comunicación, o incluir un texto que es demasiado amplio y abierto a la interpretación, a menudo en detrimento de los medios de comunicación.
Por supuesto, también hay críticas al proyecto de ley, incluyendo la preocupación de que el actual proyecto no especifica que las normas de concentración de medios de comunicación deben aplicar tanto a los medios de comunicación públicos como privados, que los artículos relacionados con la autorregulación de medios están equivocados y que las garantías de la libertad de expresión deben extenderse a los contenidos en línea. Sin embargo, hay esperanza de que con la consulta pública abierta, el proyecto de ley aún pueda ser mejorado.
Mientras que los elementos de la Ley SCA de Uruguay pueden ser criticados y comparados con los de sus vecinos, no hay comparación con la Ley de Comunicaciones de Ecuador, que a menudo se llama la «ley mordaza«. Ese es un término que Lanza no cree que nadie vaya a usar para referirse a la Ley SCA de Uruguay.
A diferencia de Argentina, donde la Ley de Medios se lleva a cabo en un clima de extrema polarización entre los medios y el partido en el poder, o en Ecuador, donde la la Ley de Comunicaciones fue firmada por un presidente que «ha utilizado prácticamente todos los trucos del libro de jugadas anti-prensa para intimidar y silenciar a los medios de comunicación opositores«, el actual clima en Uruguay es más propicio al diálogo constructivo y abierto sobre el papel de los medios de comunicación.
Las esperanzas son altas para Uruguay donde, como dice RSF, la ley «es un modelo de regulación de los medios para otros países de la región, donde la libertad de información adolece de desequilibrios evidentes».
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