€ 5 MILLONES PARA REESTRUCTURA PENAL, PENITENCIARIA Y JUDICIAL

El sistema penal, penitenciario y el judicial recibirán 5 millones de euros para su mejoramiento. Con el objetivo de apoyar la reforma integral del sistema de justicia penal uruguayo, reforzar el respeto de los DDHH y mejorar las condiciones de vida en los centros de reclusión, se concretó un proyecto de cooperación entre la Unión Europea y Uruguay.  El acuerdo permitirá adquirir equipamiento médico y capacitar personal penitenciario y privados de libertad, con énfasis en la reinserción laboral del recluso.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció que la principal preocupación de la sociedad latinoamericana es la seguridad; tema que apreció, en los últimos tiempos logró desplazar al desempleo. En ese sentido, destacó que la cohesión social es una de las herramientas más adecuadas para enfrentar este problema y juzgó que no se mejora con el aumento de la represión. El jerarca resaltó el fracaso de los modelos que priorizan la represión y los que aplican medidas sociales, exclusivamente. A su entender es necesario desarrollar una síntesis de ambos que además tome en cuenta fenómenos como el consumo de drogas, el narcotráfico y las redes que lo sustentan. Se trata de un nuevo tipo de colaboración ya que es la primera vez que la Unión Europea colabora con un país de América Latina, en el sector de la seguridad. La UE apoya el proceso que Uruguay desarrolla desde 2009 y que comenzó con las recomendaciones realizadas por el Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura, Manfred Nowak.

El delegado del UE en Uruguay  adelantó que próximamente se lanzará un llamado a subvenciones por un valor de € 1.200.000 que promoverá la selección de proyectos en el ámbito de la prevención, para contrarrestar los riesgos de criminalidad. Las propuestas estarán dirigidas prioritariamente a menores involucrados en violencia interfamiliar o de género.

La directora del Proyecto de Reforma del Sistema de Justicia Penal y Penitenciario, Silvia Izquierdo, reseñó los objetivos y la planificación realizada desde 2009 hasta la fecha. Recordó como punto de partida la intervención del Relator de Naciones Unidas, cuyas sugerencias y crudas observaciones de la realidad penitenciaria uruguaya conmovieron fuertemente a la opinión pública y representaron una gran oportunidad para visualizar un tema ignorado o desestimado por importantes sectores de la sociedad uruguaya. Asimismo, comentó que el Documento de Consenso Interpartidario asumido por las principales fuerzas políticas en agosto de 2010 constituye un instrumento clave, que hace de hoja de ruta o guía de acción. En su presentación, subrayó también la creación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, la modificación del Código Penal y Procesal Penal presentado ante el Parlamento y los avances en la creación de la Oficina de Libertad Asistida que proveerá de herramientas novedosas al sistema de administración de justicia.

La creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y su carácter de entidad rectora en materia penitenciaria fue destacada dentro de la ley presupuestal vigente desde enero de este año, así como el proceso de transición hacia un modelo de gestión civil con la incorporación de más de 1500 cargos de operadores penitenciarios no policiales. El proyecto presentado en esta ocasión prevé la existencia de una mesa de diálogo con la sociedad civil y otros actores, que se reunirá al menos dos veces al año para debatir las acciones emprendidas.

Objetivos – Los cinco objetivos concretos en los que se enfocará este proyecto son: facilitar el tránsito hacia el nuevo sistema de responsabilidad adolescente elaborado: Fortalecer la institucionalidad del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior y del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) que transitan hacia un nuevo modelo.  Reforzar las condiciones de vida en los centros de internación, en apoyo a la estrategia de ASSE que prioriza la atención primaria en salud, la formación permanente de técnicos y la actuación ante casos de usos problemáticos de drogas. Proporcionar formación y capacitación para el empleo a las personas privadas de libertad. Estimular la reinserción laboral al egreso carcelario.

De UyPRESS

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