Gobierno apuesta a educación y trabajo para rehabilitar personas privadas de libertad

El total de personas privadas de libertad que desarrollan más de una actividad en el sistema penitenciario es 5.026 sobre 8.970, resalta el informe del Instituto Nacional de Rehabilitación. El subdirector del Instituto, Gustavo Belarra, expresó que los reclusos que trabajan o estudian tienen mejor capacidad de relacionamiento y convivencia al quedar en libertad. En ese sentido destacó el rol de los operadores penitenciarios. «Cuando el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, manifiesta que se terminó la política de la tranca es que pasamos de un paradigma netamente de custodia a una apuesta a la inclusión de las personas privadas de libertad, pensando en el exterior a los muros perimetrales”, reflexionó el subdirector técnico del INR, Gustavo Belarra.

 

El total de personas privadas de libertad que desarrollan más de una actividad en el sistema penitenciario suma 5.026. La Unidad N°5 Santiago Vázquez, con 1.990 entre 3.186 internos, es en la que mayor cantidad de personas se integraron a tareas educativas o laborales. En tanto, en la Unidad N°2, los 91 internos realizan actividades para combatir el ocio durante el cumplimiento de la pena.

El desglose total de los datos por unidades indica que 1.824 personas trabajan, 995 estudian, 617 realizan actividades socioculturales, 676 practican deportes y 843 participan en más de una actividad. Entre esos indicadores no están incluidas la Unidad N°6 Punta de Rieles y la Unidad N°16 Paysandú.

Belarra recordó que por dos días de trabajo se disminuye un día de pena y por estudio se disminuye según la cantidad de horas fictas, tal como consta en la ley Nº 17.897, promulgada en 2005. La citada ley prescribe que los internos pueden disminuir la pena hasta un máximo de cuatro meses por año.

En ese orden, Belarra sintetizó que la misión institucional del INR como auxiliar del sistema penitenciario es la custodia de las personas que tienen una sentencia por parte de la Justicia en un contexto de respeto a los derechos humanos y garantía para la integridad física. “Ahora, si los sistemas penitenciarios que hacen esa misión no le imprimen una visión orientada hacia la inclusión con la generación de caminos de oportunidad para mejorar su desempeño afuera y disminuir el sinnúmero de variables que han llevado a la situación del delito, realmente no alcanza”, afirmó.

Con la finalidad de aumentar las posibilidades de rehabilitación de los internos el Ministerio del Interior incorporó un escalafón civil especializado (operadores penitenciarios). “Porque la policía lo ha hecho lo mejor que ha podido pero no necesariamente es su rol en lo que hace a la gestión de los sistemas penitenciarios”, resaltó el jerarca. En relación con la visión de la población interna sobre la nueva política implementada, Belarra detalló que continúan las solicitudes de actividades educativas y laborales y que cuando se integran propuestas de participación en diferentes establecimientos se incorporan con muy buena actitud.

Afirmó que eso “repercute en una disminución del conflicto interno e interpersonal, mejora la gestión cotidiana de las unidades y no ocasiona problemas. Eso nos permite pensar que cuando la persona salga en libertad tendrá una mejor capacidad de relacionamiento, convivencia humana y vínculo con otros”.

“Insistir en una política de tratamiento que disminuya el ocio compulsivo dentro de las unidades penitenciarias implica no ser un romántico y sacarlos a todos”, aseguró.

“Nosotros somos serios y sabemos de seguridad, en ese sentido planificamos las cosas para que a través de la individualización de los sujetos, combinando con eficacia el diagnóstico de la seguridad y área técnica, podamos generar la mayor cantidad de actividades posibles dentro de los establecimientos”, reafirmó.

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