El nuevo Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Jorge Díaz, visitó en setiembre a las Fiscalías de Tacuarembó y Paso de los Toros en el marco de una gira nacional con el objetivo de conocer de cerca a los funcionarios y los locales donde prestan sus servicios. El jerarca había ejercido como Juez Letrado isabelino en el año 2001. Fue además Juez del Juzgado del Crimen Organizado con una amplia repercusión principalmente en el combate al narcotráfico. Su nuevo cargo lo asumió en el mes de abril del presente año tras la designación del Poder Ejecutivo y con una venia otorgada por el Senado de la República por unanimidad.
El Dr. Díaz explicó a la prensa que su labor “consta –básicamente- de dos cosas, por un lado desarrollar las tareas de Fiscal ante la Suprema Corte de Justicia en todos los proceso de constitucionalidad de la Ley, en las Casaciones civiles y penales, en los procedimientos administrativos que tiene la Corte, y por otro lado una función administrativa que es ser jefe administrativo de todos los fiscales que es una labor de gestión, de ejecución de gestión. Es una tarea completamente distinta a la que yo desarrollé más de 20 años como Juez. Es un desafío nuevo, es una tarea distinta a la que yo venía realizando, trataremos de estar a la altura de las circunstancia y sobre todo cargar con esa pesada mochila de haber contado en su momento con el respaldo unánime del sistema político.”
En sus visitas a las distintas sedes fiscales de país ¿encontró falta de funcionarios?
Uno de los problemas que tiene el Ministerio Público en estos momentos es que el 10% de su plantilla de funcionarios administrativos está vacante. En ese sentido estamos haciendo la gestión ante el Ministerio de Educación y Cultura, la unidad ejecutora nuestra pertenece al Ministerio, ante la OPP, ante Servicios Civiles, ante la Procuraduría General de la Nación, que se realicen rápidamente los concursos para cubrir las vacantes de funcionarios administrativos y de servicio que tiene la unidad. El 10% de la plantilla es un porcentaje muy alto y es una dificultad, que somos conscientes, que tiene la Institución y estamos tratando de corregir. Lamentablemente como no puede haber ingresos de funcionarios administrativos que no sean por ventanilla única, la unidad ejecutora no está facultada legalmente a hacer los concursos. Lo que podemos hacer es empujar el carro para que el proceso se acelere. Y en cuanto a los funcionarios secretarios letrados hay 20 vacantes en este momento en todo el país, a su vez por Rendición de Cuentas se van a crear un número importante de cargos y lo que hicimos ahí, fue presentar un proyecto de Ley, que ya tiene media sanción del Senado, esperemos que se vote en el Plenario, porque se votó por unanimidad en todos lados para poder hacer la Unidad Ejecutora los llamados para secretarios letrados y poder cubrir las vacantes que tenemos que también es una necesidad importante, quizás en Tacuarembó no tanto pero es una necesidad importante que tiene la Fiscalía.
¿Cómo se encuentra la Fiscalía para cumplir su función ante el aumento delitos cada vez más complejos?
Ahí tenemos un mayor grado de dificultad. En los últimos años el país avanzó mucho para enfrentar los delitos más complejos, a capacitado a sus funcionarios dentro y fuera del país, a nivel del sistema financiero se han adquirido e implementado mecanismos de prevención muy importante, las líneas de investigación están muchos más clara. Obviamente esto es una carrera, cuando uno adquiere un medio tecnológico para hacer muchas cosas en el área de investigación, quienes se dedican a delinquir adquieren otro medio tecnológico que evita ser investigado. Es una batalla permanente.
¿Qué opina sobre la inseguridad?
Uruguay desde el punto de vista de la delincuencia estamos mal comparándonos con nosotros mismos hace muchos años, si nos comparamos con la región estamos muy bien. Quizás a doña María y al vecino eso no lo consuele demasiado, porque dice yo antes podía dejar la puerta de mi casa sin llave, el auto abierto o antes podía hacer esto o aquello, para la persona que razona con esa cabeza, que lo respeto muchísimo, diría que tengo malas noticias, ese tipo de cosas cambiaron y cambiaron para siempre, no vamos a volver atrás, las sociedades en el mundo avanzan en ese sentido y no en otro, la buena noticias es que seguimos siendo un país relativamente tranquilo, si nos comparamos con otros, no nos debe servir de consuelo, tenemos que trabajar para vivir en una sociedad mejor, más tranquila y pacífica, pero tenemos que comprender que hay factores culturales que han cambiado, y una vez que cambian no se retrocede fácilmente, milagros no hay.
-¿Doctor que nos podría decir Ud. de los cambios que debería tener el Código Penal y si hubo contacto entre los poderes Judicial y Legislativo para su aprobación?
La reforma del Código del Proceso Penal está en la Comisión de Constitución y Código del senado y fue confeccionada por una comisión que se creó en la administración Vázquez, era una Comisión integrada por múltiples operadores: Colegio de Abogados, jueces, fiscales, funcionarios. No tengo conocimiento que ya se esté tratando y se esté analizando el articulado. Contactos hay a nivel del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo en forma permanente. Casualmente recientemente visitó Uruguay la Honorable Juez Sonia Sotomayor, la primer Juez latina de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y con ese motivo se hizo un almuerzo de trabajo en la residencia de la Embajadora estadounidense y en ese debate estaban presente el Presidente de la Corte, el Fiscal de Corte, el ministro de Educación y Cultura, había representantes de Presidencia, del Poder Judicial y estaban los cinco decanos de la facultades de Derecho que existen en el Uruguay en este momento. Y extrañamente en esa mesa que éramos más de treinta personas, la Juez norteamericana hizo una pregunta: “¿Cuál es el principal desafío que tienen los operadores de justicia de este país?” y la respuesta fue unánime “reformar el Código de Proceso Penal”. Tenemos un Código de Proceso Penal que no cumple con los estándares democráticos mínimos exigido por la comunidad internacional, necesitamos reformarlo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó a Uruguay por el Código que tenemos vigente. Hay que trabajar para eso, hay que arremangarse y empezar a trabajar, no queda otra.
-¿El nuevo Código de Proceso Penal qué incidencia tendrá en el funcionamiento de las fiscalías?
Si se aprueba, llegado el momento, y se pone en funcionamiento, porque eso depende del sistema político no depende el Fiscal de Corte, va incidir que se separan claramente los roles del Juez y del Fiscal. El Juez dejaría de investigar, pasaría a ser un tercero que decide, juzga, la labor natural de Juez que es juzgar y el Fiscal pasaría a dirigir la investigación y sería el acusador. A su vez se prevé un sistema oral y público y no un sistema escrito que existe ahora. La principal reforma que va a incidir en el Ministerio Público, es que va a empezar a ser el Ministerio Público el director de la investigación, y el Juez se traslada a su rol natural que es el rol de juzgar. Es el principal cambio y hay que estar a la altura de las circunstancias.
-¿Piensa Ud. que en el Poder Legislativo existe un ámbito político para la aprobación del nuevo Código?
No se exactamente. Yo creo que hay un corte transversal entre los distintos partidos en un tema en el cual existe consenso en cuanto a la necesidad de la reforma. Quizás las dificultades empiezan a la hora de definir que tipo de reformas. De todas maneras no es un tema que integre la agenda pública en el día de hoy. Yo creo que es necesario integrarlo a la agenda pública, comenzar el debate. Conjuntamente con ese debate se debe discutir la ubicación institucional del Ministerio Público, si va a seguir perteneciendo al Poder Ejecutivo o va a ser algo más autónomo e independiente.
¿Cuál es el principal problema que se tiene para combatir con tráfico de drogas?
El micro tráfico. Creo que en Uruguay el macro tráfico de grandes cantidades de sustancias, no voy a decir que está controlado ni mucho menos, pero hay un grado de experiencia para combatirlo. De hecho puedo decir con satisfacción que cuando estuve al frente del Juzgado del Crimen Organizado con otros jueces y fiscales se desarrolló una labor bastante eficiente. Hoy en el penal de Libertad hay más de 500 narcotraficantes presos relacionados con el macro tráfico. Donde hemos perdido la batalla es en el micro tráfico principalmente con la pasta base a través del transporte en pequeña cantidades. Es más difícil combatir a una organización que cada vez que se le da un golpe se le saca 15 o 20 kilos, y esa organización tiene la capacidad para en una misma semana introducir dos o tres viaje más o por una mula o en el zócalo de un auto, es muy difícil combatirlo, por ejemplo la persona puede venir de Argentina en ómnibus llegar a Montevideo y en una noche distribuir entre todas la bocas de venta de pasta base, es bastante complejo combatir eso, se ha procesado muchísima gente pero rápidamente se encuentra sustituto, y porque además no se pueden hacer allanamientos en horas de la noche. Cuando se hace el allanamiento en horas del día ya está toda la droga distribuida y no se encuentra nada.
¿Qué opina sobre el tema violencia doméstica?
Es un tema mucho más importante de lo que nosotros creemos, diría que exceptuando el área metropolitana donde se cometen más otro tipos de delitos, en el resto del Uruguay el tema de la violencia doméstica es uno de los más importante de seguridad pública en el país. Acabo de terminar una gira por Fray Bentos, Soriano y Colonia, y los tres jefes de policía me transmiten que el principal problema que tienen no son los hurtos o rapiñas, sino problemas de violencia doméstica. En el interior del país es un problema grave. El Jefe de Colonia me decía, nosotros el año pasado tuvimos cero homicidios, este año llevamos 8, de los cuales 6 están relacionados con la violencia de género.
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