La discusión política seria sobre los graves problemas del país se ha debilitado enormemente, y si no se vuelve a ella, es muy difícil que el país, la sociedad, puedan encarar los desafíos estratégicos que tiene por delante. Este es un desafío enorme, porque está en juego cuánto va a pervivir el Uruguay del que la gente de este país se enorgulleció ante el mundo.
No se ve y crece un país oculto de narcotráfico, sicariato y ‘Ndrangheta
La seguridad pública es un drama nacional que se ha tomado con mucha liviandad en clave electoral, se ha simplificado el fenómeno, no se han discutido las causas, se cree que surgió hace muy poco tiempo, que es culpa de un solo gobernante y que lo puede arreglar por sí solo otro gobernante.
El problema es mucho más grave: hay un Uruguay que avanza y que la gran mayoría no conoce (no conocemos). Es solo conocido por especialistas. Territorios dominados por la droga, territorio de combate entre bandas de narcotráfico, la aparición del sicariato (el asesinato por encargo), las guerras entre sicarios, los jóvenes muy jóvenes acribillados con treinta balazos en el cuerpo. Una y otra vez aparecen en Europa cargamentos de toneladas de droga que se embarcaron, transfirieron o pasaron por Uruguay, por el puerto o el aeropuerto.
El número de homicidios más o menos se triplicó en el último cuarto de siglo, y ese crecimiento no es producto ni de crímenes pasionales, ni peleas de vecindario, ni enojos futbolísticos. Son cobros de cuenta por drogas; o a consecuencia de robos provocados por esas bandas. No se trata de arrebatos, de pungas, sino de asaltos a mano armada con armas largas.
En el país está presente la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa a la que pertenece el primero fugado y luego recapturado Rocco Morabito. Hoy la ‘Ndrangheta es la organización criminal más extendida en el mundo, presente en todos los continentes, con ramificaciones tanto en Rusia como en Colombia, Australia, Alemania, Estados Unidos o Canadá; y presencia en Uruguay.
La cantidad de homicidios en el país, en proporción a la población, duplica al peor año de Italia (1992), es apenas menor que el peor año de Sicilia (1991), pero mayor hoy en Uruguay que en Sicilia en 1992, el año de los asesinatos de los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.
Lo que está ocurriendo preocupa en el mundo, preocupa a las policías de las potencias más relacionadas con Uruguay, a la que lo que aquí ocurre le afecta.
Entonces ¿cómo es que hay una percepción de mejora en la seguridad pública? Allí todo depende de lo que se defina como seguridad pública. Para la abrumadora mayoría de los uruguayos –para uno mismo- no le conmueve demasiado las noticias de un asesinato con treinta balazos, la voladura de un cajero automático, un asalto con armas largas, Tampoco les (nos) hace sentir inseguros las informaciones sobre corrupción sexual o trata de personas. Se ven como telenovelas. Estas afirmaciones son políticamente incorrectas, pero son reales, se puede probar perfectamente que es la reacción normal de los uruguayos, guste o no, sea correcto o incorrecto.
Lo que a la abrumadora mayoría afecta, y a uno mismo afecta, son las noticias tanto en los medios de comunicación como en el relato verbal que llega a uno, sobre arrebatos en la vía pública, robos en los domicilios, hurtos de autos o en los autos y ni hablar, los arrebatos con violencia o, como lo que más pánico puede provocar, copamientos.
También y mucho si se produce un asalto con tiroteo dentro de un shopping, o asalto a una panadería o estación de servicio, y más con muerte. Lo que genera inseguridad es lo que puede afectar a la propia persona, a su familia, a su entorno. Eso es lo que genera la percepción de mayor o menor inseguridad pública.
No afecta tanto los datos sobre registros de delitos, porque esos registros aumentan o disminuyen según la facilidad o dificultad para efectuar la denuncia o la importancia que se le dé a efectuar o no la denuncia. Pero no es un dato determinante como medición del fenómeno.
Al ciudadano de a pie (como uno), que vive en un barrio cómodo de Montevideo, la tranquilidad o intranquilidad viene de la percepción de riesgo ante el arrebato en la vía pública, el asalto en la calle con amenaza, el robo en la casa, el hurto de o en el auto. Y mucho más temor si se evidencia la posibilidad de copamientos o asaltos a comercios. Eso se expresa en las percepciones sobre si mejora o empeora la seguridad pública. Es la preocupación en cuanto a la afectación de uno mismo y su entorno en la vida cotidiana.
La seguridad pública tal cual se la ve, de cómo se habla de ella, es un problema del día a día. La seguridad pública en cuanto a territorios copados por la ‘Ndrangheta o por otras mafias de otros orígenes, con dominio del narcotráfico y el sicariato, es una gran amenaza para el futuro del Uruguay. Y pasará a verse como una preocupación de todos el día que esos enfrentamientos lleguen a la Plaza Independencia o a la Rambla.
Un tema de esa magnitud no se aborda sin un pensamiento conjunto de todo el sistema político, en clima de perplejidad ante el fenómeno, humildad para buscar las causas, apertura mental para encontrar las salidas; un estudio y acción no solo de todos los partidos, sino de organizaciones sociales de todo tipo, de académicos, de búsqueda de ejemplos en países con mayor presencia de este fenómeno.
Mucho más que un diálogo, un estudio conjunto sin preocuparse quién tiene la culpa de qué, porque es posible que todos tengan (tengamos) algo de culpa y todos tengan algo de razón en la visión de los años pasados. Pero el problema no se encara ni se resuelve si todo se reduce a quién acusa a quién de qué, para obtener el aplauso de una parte de la tribuna, y el voto.
La discusión política seria sobre los graves problemas del país se ha debilitado enormemente, y si no se vuelve a ella, es muy difícil que el país, la sociedad, puedan encarar los desafíos estratégicos que tiene por delante.
Este es un desafío enorme, porque está en juego cuánto va a pervivir el Uruguay del que la gente de este país se enorgulleció ante el mundo.
- Extraído de Portal Factum
– Oscar Bottinelli es politólogo, catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, encuestador, columnista de diferentes medios de comunicación, director de FACTUM, entre otros.
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