MONTEVIDEO (Uypress/Crysol) – El sábado 1º de octubre se cumple 50 años de la inauguración del Penal de Libertad en las cercanías de la ciudad de dicho nombre. Fue un centro de reclusión emblemático. Se inauguró mientras gobernaba Juan María Bordaberry. Se clausuró el 10 de marzo de 1985, al retornar a la democracia.
El proyecto represivo iniciado por Jorge Pacheco Areco en 1968 culminó en el golpe de Estado en junio de 1973, muchos meses después de que las Fuerzas Conjuntas (FFCC) anunciaran la desarticulación total del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
A impulsos de orientaciones provenientes de EEUU para la región desembocó en el terrorismo de Estado, posteriormente. El Penal de Libertad albergó a casi 3.000 luchadores sociales, gremiales y políticos que integraron las filas de la resistencia y de la oposición.
Los tiraban desde helicópteros
Al inaugurarse el Penal en octubre de 1972, los primeros prisioneros políticos que llegaron, eran transportados desde los cuarteles y centros de represión, en helicópteros bajo estrictas medidas de seguridad. El helicóptero sobrevolaba la cancha de fútbol que se encontraba frente al edificio central y, sin posar en tierra, los prisioneros esposados, eran arrojados. En tierra eran abordados por un par de efectivos militares que a golpes de cachiporra, para que escarmentaran, los conducían hasta la celda que habrían de ocupar.
En total llegaron a pasar por sus recintos 2872 ciudadanos aunque la numeración alcanzó un número más. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual el número 151 no fue otorgado a ningún recluso. (1) Llegó a albergar 1.350 prisioneros, 950 en los cinco pisos del Edificio Central y 400 alojados en cinco barracas con dos sectores de 40.
Estremecedor: condenados por tribunales militares
Todos los ciudadanos que estuvieron recluidos en lo que se denominó Establecimiento Militar de Reclusión Nº1, (EMR Nº1), fueron condenados por tribunales militares al amparo del Estado de Guerra Interno que votó el Parlamento el 15 de abril de 1972, sin garantías de ningún tipo.
Fueron condenados luego de días, semanas y hasta meses de incomunicación, sin asistencia legal, en base a confesiones auto incriminatorias. La inmensa mayoría de las personas sometidas a tribunales militares sufrieron en forma masiva, generalizada y estandarizada, como está documentado, tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas de todo tipo que incluyeron los abusos y las violaciones sexuales, principalmente, con las mujeres.
Penales: centros de destrucción
El terrorismo de Estado concibió a los establecimientos carcelarios de reclusión como centros de destrucción síquica y moral de los miles de prisioneros políticos que permanecieron en ellos. Uruguay fue el país con la mayor cantidad de presos políticos del mundo en proporción a su población. Según cifras oficiales, desde el 13 de junio de 1968, al comenzar el Estado represor, hasta mediados del año 1976, más de 20.000 personas habían sido privadas de su libertad.
Más de 7.000 uruguayas y uruguayos, incluso menores y adolescentes fueron formalmente condenados por los tribunales militares de la época, sin garantías de ninguna naturaleza y luego de días, semanas y hasta meses de incomunicación y torturas.
El Dr. Martín Gutiérrez, ex socio del Dr. Daniel Salinas, psiquiatra de profesión, trabajó en la Cárcel de Paso de los Toros y en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº1, Penal de Libertad. En su momento declaró al abogado estadounidense Maxwell Gregg Blade en diciembre de 1985: «La guerra continuaba dentro de la prisión. Día a día, norma a norma, todo fue parte de un gran diseño para hacerlos sufrir psicológicamente». (2)
El mayor Arquímedes Maciel quien fue Jefe del Sector Celdario en el Penal de Libertad supo declarar públicamente: «No los matamos cuando pudimos, ahora debemos aprovechar este tiempo para enloquecerlos». Esa fue la política oficial que generó, además, un número importante de muertos en los centros carcelarios, en muchos casos por falta de atención o por omisión de asistencia.
Justicia, justicia y más justicia
La constante movilización desplegada por los sectores populares desde hace décadas logró restablecer la pretensión punitiva del Estado desde octubre de 2011. El Poder Judicial comenzó a cumplir con las obligaciones constitucionales de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos del pasado reciente. Es un paso básico para que los crímenes no vuelvan a ocurrir.
En este sentido aún hay muchos procedimientos judiciales pendientes de resolución, algunos con más 10 años de tramitación, que deben finalizarse a la mayor brevedad.
El próximo sábado 1 de Octubre, nuestro colectivo concurrirá al Espacio Memorial Penal de Libertad a rendir homenaje a los 35 compañeros que nunca llegaron a recuperar la libertad pero que permanecen en nuestra memoria y en nuestros corazones. También rendiremos homenaje a quienes ya no nos acompañan debido al paso inexorable del tiempo.
Como todas las actividades de Crysol, será un acto militante, reclamando por nuestros 197 Detenidos Desaparecidos, por el cumplimiento irrestricto de la Sentencia Maidanik y otros y en apoyo al accionar de la justicia.
Recuperar los derechos, la libertad y la democracia demandó un gran sacrificio al pueblo uruguayo. El Penal de Libertad es un claro ejemplo. Para afirmar el estado de Derecho, los crímenes más graves del terrorismo de Estado no pueden y no deben quedar sin castigo. Son crímenes de Lesa Humanidad, cometidos por funcionarios del Estado que debían impedir que ellos ocurrieran.
Deben ser investigados, esclarecidos y castigados por el órgano del Estado que tiene competencias plenas para ello y otorgando, como ha ocurrido hasta el momento, las máximas garantías a los presuntos responsables de ellos.
Notas:
(1) Vivir en Libertad. Walter Phillips – Treby y Jorge Tiscornia. Banda Oriental.
(2) Los médicos militares de Uruguay: engranajes del terrorismo de Estado – Maxwell Gregg Blade.
Opinando N° 19 – Año 11 – Martes 27 de setiembre de 2022
Foto: Cartel en la Planta Baja del celdario
- UyPress – Agencia Uruguaya de Noticias
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