Hace casi ocho años, al asumir la presidencia de la República, Tabaré Vázquez declaró el «estado de emergencia carcelaria» y anunció su decisión de «humanizar» las prisiones y «encarar los problemas de hacinamiento, alimentación y salud de los establecimientos carcelarios». Aunque se comprometió a hacerlo el 1º de marzo de 2005, poco o nada concretó al respecto como lo dejó en claro un experto de Naciones Unidas, Manfred Novak, quien denunció en 2009 que en Uruguay se trataba a los presos «como animales».
José Mujica no aludió al tema cuando llegó al poder en 2010 quizás porque intuía cuan difícil sería concretar las bellas promesas de su antecesor. Desde entonces la situación de las cárceles es motivo de vergüenza para el segundo gobierno del Frente Amplio como lo certificó a fin del año pasado Juan Méndez, otro experto de Naciones Unidas que también nos visitó, quien confirmó la persistencia de la «emergencia carcelaria» y señaló que el informe de Novak mantenía su vigencia.
Gobiernos uruguayos de otros tiempos hubieran podido argumentar que las apreturas económicas les impedían invertir lo necesario en los penales. En cambio, está claro que los gobiernos de Vázquez y Mujica -beneficiarios de una bonanza económica y de una recaudación fiscal jamás vista en el país- no se propusieron seriamente mejorar las condiciones de vida de los reclusos.
Sobre este problema de tan difícil situación la izquierda levantó siempre su dedo acusador contra los partidos tradicionales invocando la necesidad de velar por los derechos humanos de la población carcelaria. Eso era parte de aquel discurso opositor en donde los representantes de esa coalición reclamaban para sí el monopolio de la solidaridad con los débiles al tiempo que condenaban a los gobernantes de la época por su presunta falta de sensibilidad.
Sin embargo, puestos a gobernar con el mayor viento a favor que el Uruguay recuerde es poco lo que lograron. Tan poco que después del informe Novak, cuando podía presumirse que el segundo gobierno del Frente Amplio trabajaría de lleno para mejorar las cosas, llegó otro experto de Naciones Unidas y calificó a los centros de reclusión como «inhumanos o totalmente inaceptables». En su reciente informe a la organización internacional, si bien Méndez registró ciertos progresos de la actual administración, confirmó la existencia de las peores llagas del sistema tal como las denunciara Novak.
Alguien podría suponer que hay en este tema algo de ensañamiento o exageración de parte de Naciones Unidas. Sin embargo, otras organizaciones internacionales también criticaron la situación tal como lo hizo la OEA que señaló que el estado de nuestras prisiones estaba en un punto entre «lamentable» y «desastroso». Asimismo, en nuestro país, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), ha reprochado una y otra vez al gobierno por esa decadencia del sistema y alertado, entre otras cosas, sobre el peligro de incendio que ronda en torno a las cárceles. En su informe, el Serpaj acusó al Estado de actuar de forma «pasiva y omisa» en el ámbito penitenciario al tiempo que culpaba a los encargados del mismo por practicar un «ocultamiento de su responsabilidad».
Aunque no se puede ignorar que en el lapso que el Frente Amplio lleva en el poder la población carcelaria creció de 7.000 a cerca de 10.000 presos, eso no justifica que ocurran desastres como los descritos en el informe de Méndez quien asegura que en las cárceles uruguayas se siguen registrando violaciones de los derechos humanos y que su estado de mantenimiento, en particular el del Comcar, es «totalmente inaceptable».
Con todo, Méndez reconoció avances logrados en los últimos años, pero los calificó de «muy lentos» e insuficientes. En su condición de relator especial de Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, Méndez elevará su informe a la organización con sede en Nueva York que seguramente volverá a advertir a Uruguay sobre la necesidad de corregir todas las deficiencias.
Resta observar ahora si el segundo gobierno del Frente Amplio podrá cumplir con el solemne anuncio de Vázquez de terminar con la «emergencia carcelaria» o si esta promesa, como tantas otras, quedará en el rincón de los olvidos. «Un país de primera» auguraba la propaganda de la izquierda en las últimas elecciones. Difícil que sea de primera mientras tenga cárceles de cuarta.
De editorial de El País Digital (22.1..2013)
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