El Frente Amplio de Tacuarembó, el PIT CNT y otras organizaciones sociales convocaron a una movilización que partió de plaza Colón hasta plaza 19 de Abril. La medida es en respuesta a las decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia como el traslado de la Juez Mariana Mota y la declaración de inconstitucionalidad de los Arts. 2 y 3 de la Ley interpretativa de la caducidad. Al culminar la marcha la presidente frenteamplista Zulimar Ferreira y el dirigente del SUNCA Luis Suárez, leyeron una proclama donde puntualizaron “que unos pocos están festejando esta nueva realidad” y que estos hechos significan “retroceso en conquistas que hemos obtenidos en estos últimos años en materia de derechos humanos y justicia social”.
Los convocantes sostienen que hay que mantenerse “atento y unidos ante los ataques de la derecha” y llaman a defender “los básicos principios de justicia” como el “el conocimiento de la verdad, el enjuiciamiento a los responsables” de delitos en “época de terrorismo de Estado” y continuar buscando “los restos de nuestros compañeros desaparecidos”. Subrayan en su lectura que tras estos hechos, el país “queda expuesto a sanciones internacionales” al violarse los convenios suscritos por Uruguay, “desconociendo incluso la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
La misiva leída en plaza 19 de Abril, reafirma su defensa en “la separación de poderes” y su respeto al Poder Judicial, y deja constancia que la Suprema Corte de Justicia “no le está haciendo honor a sus cometidos ni a las funciones que mandata la Constitución”. Asimismo critican “las filtraciones a la prensa, el traslado arbitrario de jueces, la falta de transparencia en sus procedimientos y los fallos, que son discutibles” y opuestos al derecho internacional “debido a que una pequeña élite aparece como seres intocables, funcionarios públicos sin control”. Suscriben al final que al ser “defensores del sistema democrático” los obliga a unirse a distintas instituciones para buscar “mecanismos legales” como “una reforma” constitucional que permita “la defensa de los principios elementales de justicia” y se comprometen a continuar “luchando por la vigencia de los principios democráticos”.
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