Diversas ONG internacionales criticaron este lunes a la Fiscalía de Chihuahua, un estado del norte de México donde fueron asesinados el sábado dos hijos de periodistas, por descartar al inicio de las investigaciones que la profesión de los padres esté relacionada con el crimen. Alfredo y Diego Páramo González, de 20 y 21 años, fueron asesinados la madrugada del sábado por un grupo de hombres armados que disparó varias veces contra ellos luego de perseguirlos cuando viajaban en automóvil por la ciudad de Chihuahua, capital estatal.
Los jóvenes son hijos de David Páramo, un reconocido periodista especializado en finanzas en Ciudad de México, y de Marta González Nicholson, directora de un diario de información policíaca en Chihuahua, a unos 1.464 km al norte de la capital mexicana. Este crimen «no está vinculado con el ejercicio periodístico del padre», adelantó el domingo Carlos González, vocero de la Fiscalía estatal, antes de que autoridades federales llegaran a la zona para colaborar en la investigación, como pidió el presidente Enrique Peña Nieto.
Descartar esa hipótesis desde el inicio «es una opinión desafortunada» de la Fiscalía, comentó a la AFP Balbina Flores, corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), mientras la ONG Article 19 criticó que las autoridades divulguen conclusiones «sin presentar pruebas y a base de declaraciones extraoficiales ofrecidas a los representantes de la prensa». El gobernador de Chihuahua, César Duarte, reconoció este lunes en Radio Fórmula que las conjeturas de la Fiscalía provinieron de declaraciones extraoficiales hechas por la familia de los difuntos.
«La madre de las víctimas expresó en la funeraria, y esto se hizo publico, que no era un asunto que tenía que ver con la responsabilidad que ella ostenta» como periodista, dijo Duarte. Ante la polémica que despertó este caso, el vocero González matizó este lunes sus declaraciones.
«La investigación no ha concluido, todas las hipótesis tienen que tomarse en cuenta, pero hasta este momento no hay evidencia que pudiera vincular este crimen con la actividad periodística» de los padres de las víctimas, dijo al noticiero radiofónico MVS. Sin embargo, aseguró que los agentes que investigan el homicidio están «enfocados en el entorno social de los jóvenes (…) que tenían mucha convivencia social, sobre todo por la noche».
«Solicitamos a las autoridades estatales y federales que hagan una investigación a fondo, que no descarten ninguna línea de investigación, incluyendo la que estuviera relacionada con la profesión de los padres», demandó Flores, de la francesa RSF. Por su parte, Mike O’Connor, corresponsal del Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), aseguró a la AFP que las autoridades «están equivocadas» al emitir conclusiones apresuradas que impiden un acceso real a la justicia. «Es el patrón de siempre», deplora el representante de la organización, con sede en Nueva York.
González aseguró que existen «líneas de investigación muy sólidas, contundentes», y que resolverán el caso «en cuestión de días».
México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo con un total de 84 informadores asesinados y 20 desaparecidos desde el año 2000, crímenes que permanecen impunes en más de un 90%, según la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos, que inició una «queja de oficio» sobre el asesinato de los jóvenes. Chihuahua, fronterizo con Texas (Estados Unidos), es uno de los estados más afectados del país por la violencia que genera el crimen organizado, al que se responsabiliza de la mayoría de los más de 70.000 asesinatos que se cometieron en México entre 2006 y 2012.
De Portal Adinet
Foto AFP
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