Departamento de Colonia, 8 de noviembre de 2013 – Denunciamos ante la Unesco – Cainfo – Liccom – Apu y Opi
Los directores del semanario EL ECO del departamento de Colonia, denunciamos ante los organismos antes citados lo que estamos padeciendo como medio de prensa:
En lo que va del año hemos estado en audiencia en el Juzgado Letrado de Carmelo tres veces; en dos ocasiones por acusación de demandas e injurias y en la otra tuvimos que apelar ante la Justicia porque la Dirección de Zonas Francas nos negó información, y aún lo hace, sobre lo que recauda con las terminales portuarias afincadas en Nueva Palmira..
1- Enfrentamos, en febrero, un juicio del ingeniero José Zorrilla de la empresa Santa María. Además un periodista de este semanario, Washington Fernández, fue agredido física y verbalmente el 30 de julio de 2013, por trabajadores de su empresa cuando desde la calle tomó una foto de las irregularidades que habíamos denunciado y que siguen sucediendo (pérdida de químicos líquidos por las cañerías que la empresa instaló en Nueva Palmira recorriendo un importante trecho de la ciudad, desde el puerto hasta una planta de fertilizantes). Finalmente conciliamos con el ingeniero Juan José Zorrilla y él publicó su versión en nuestras páginas.
2- La segunda instancia fue porque EL ECO valiéndose de la ley 18.381 solicitó información sobre lo que pagan las terminales portuarias en la Zona Franca de Nueva Palmira al Estado o sea a todos los uruguayos. La dirección de la Zona Franca respondió ante la Justicia que la información “es reservada”.
3- Por tercera vez vamos a la justicia (adjuntamos ejemplares de EL ECO). El semanario, en la persona de su co director, Daniel Roselli, es acusado de «difamación e injurias”, quien lo demanda es el Jefe de Inspectores de la Intendencia de Colonia, Daniel Sánchez Torterolo. Todo comenzó cuando EL ECO denunció (edición del 5 de octubre de 2013) que había unas 500 boletas de multas “cajoneadas” en la oficina del Jefe de Inspectores. En una de las instancias del juicio, una funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia, Gladys Calderón, admitió que había unas «330 contravenciones” (o sea boletas) “mal archivadas” (lo que nosotros calificamos: cajoneadas). No obstante se sigue el juicio a pesar que están demostradas las serias irregularidades que existen en la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia.
a) La Intendencia de Colonia, increíblemente patrocina este encuentro, pero castiga a los periodistas que investigan, caso los que estamos en EL ECO. Es más, el propio intendente de Colonia, Walter Zimmer, dijo en el informativo del canal cable de Nueva Palmira (ABC Noticias) que “si Sánchez Torterolo se sintió agraviado por (por EL ECO) está bien que haga juicio”.
b) La Intendencia de Colonia castiga desde hace años a EL ECO no utilizando espacios publicitarios en este medio, uno de los más importantes de la zona oeste del departamento.
No obstante además de comunicados de orden o llamados a licitación (qué prácticamente no aparecen en el semanario) tiene pautas publicitarias fijas en muchos otros medios del departamento, lo que indica cómo castiga a quien investiga.
c) EL ECO –sólo EL ECO- no puede acceder a información de Hacienda de la Intendencia de Colonia, porque su Director el Cr. José Ma. Ahunchain la niega. Es más se lo dijo en su despacho a los propios periodistas del semanario.
– El semanario EL ECO fundado en 1872, tiene una opción periodística y con ello está sábado a sábado en las ciudades del departamento de Colonia, principalmente en Carmelo, Colonia y Nueva Palmira.
– Este semanario jamás ha negado sus páginas para las respuestas, pero en vez de utilizar ese derecho, jerarcas como Sánchez Torterolo, hombre de confianza del intendente Walter Zimmer y con el aval de él, no quiere utilizar los canales normales, y la represalia se viste de largas jornadas declarando en el Juzgado Letrado de Carmelo, a cargo de la fiscal Dra. Alicia Ghione, y de la juez penal, Dra. Ana Claudia Aberastegui. Coincidentemente ambas profesionales por segunda vez dan lugar a un juicio contra EL ECO.
– EL ECO a pesar que fue miembro fundador de la Organización de la Prensa del Interior (OPI), fue retirado de los registros de esta organización porque imprime en Montevideo. Por tiraje, costos y traslado debe imprimir en Montevideo, y a pesar de nuestra residencia, periodistas y nuestra realidad periodística del interior, no tenemos cupo en la OPI, porque tienen más peso los intereses de las empresas que brindan el servicio de impresión.
– Escasamente tenemos publicidad oficial nacional desde que EL ECO fue retirado de OPI.
-A pesar de nuestros errores -no nos olvidamos que somos imperfectos-, y con las dificultades que enfrentamos a diario, seguimos el camino trazado y por eso estamos en este Congreso, y con entusiasmo porque Gabriel Monteagudo es un compañero de EL ECO y está aquí integrando la mesa de panelistas.
– Somos conscientes de nuestra misión de informar, de nuestra opción de investigar, de lo contrario no tendría razón de existir EL ECO, por eso que denunciamos nuestra situación ante Unesco – Cainfo – Liccom – Apu y Opi.
Co directores de EL ECO desde 1985
Nancy Banchero / Daniel Roselli
4544 6815
098530090 / 098682157
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COMUNICADO
Montevideo, 29 de octubre de 2013
Alerta: Justicia de Colonia da trámite a juicio de difamación contra periodista de El ECO
El Grupo Medios y Sociedades (GMS) alerta por el juicio por difamación e injurias presentado por un jerarca de la Intendencia de Colonia contra periodistas del diario El ECO de Nueva Palmira y que vuelven a poner sobre el tapete la criminalización de la actividad periodística. Ayer martes se realizó en el Juzgado Letrado de Carmelo una segunda audiencia por esta denuncia, motivada por un informe sobre irregularidades con las multas de tránsito en ese departamento, que publicó EL ECO el sábado 5 de octubre de 2013.
La denuncia fue presentada por el jefe de Inspectores de la Intendencia de Colonia, Daniel Sánchez Torterolo contra periodistas de EL ECO y afirma que es totalmente “falsa” la información aparecida y que se sintió atacado en su persona. El medio sostiene que existe una investigación administrativa en la referida Intendencia sobre el manejo del tema multas e incluso que la Junta Departamental se está ocupando del tema. Ayer martes se reconoció en la audiencia que hay más de 300 multas «mal archivadas».
GMS recuerda que en el año 2009 el país aprobó la ley 18.515 que despenalizó los delitos de comunicación. La reforma estableció que no tiene responsabilidad aquella persona que difunda información de interés público, sobre funcionarios públicos, sin mediar real malicia. Este concepto es muy estricto, puesto que se incurre en real malicia actuando con absoluto desprecio por la verdad o con negligencia periodística, pero todo aquello que es polémico o incluso imprecisiones propias de una información difícil de corroborar, no ingresan en este concepto.
Asimismo, recordamos a jueces y fiscales que la ley 18.515 obliga a los operadores de Justicia a interpretar los conflictos entre la libertad de expresión y otros derechos de acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del sistema universal de protección de los derechos humanos.
___________________________________ Grupo Medios y Sociedad grupomediosysociedad@gmail.com www.infoycom.org.uy Walter Sena wsena@montevideo.com.uy @GrupoGms
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Diario El Telégrafo – Paysandú – Viernes, 1º de noviembre de 2013
“ESTÁ COMPROBADO QUE ES CIERTO”
Denunciaron a periodista de
El Eco de Colonia por informar
irregularidades en la Intendencia
El codirector del semanario
El Eco de Colonia, Daniel Roselli,
enfrenta un juicio por difamación
e injurias por publicar
que el jefe de Inspectores
de la Intendencia de Colonia,
Daniel Sánchez Torterolo (cargo
de confianza del intendente
Walter Zimmer) tenía centenares
de boletas de contravenciones
(multas) mal archivadas
(cajoneadas). Dos audiencias
se han cumplido en el Juzgado
Letrado de Carmelo, a raíz
de la denuncia presentada por
Sánchez Torterolo contra periodistas
de El Eco, afirmando
que es totalmente falsa la información
aparecida y que se
sintió atacado en su persona.
El medio sostiene que existe
una investigación administrativa
en la referida Intendencia
sobre el manejo del tema multas
e incluso que la Junta Departamental
se está ocupando
del tema.
En la audiencia del pasado
martes, se reconoció que
hay más de 300 multas “mal
archivadas” –como publicó
el semanario– y deberán ser
presentadas a la Justicia en la
próxima audiencia penal.
“Estamos esperando que la
Intendencia envíe al Juzgado
las boletas que tenía mal archivadas”
dijo a EL TELEGRAFO
el codirector de El Eco, Daniel
Roselli, que fue también el redactor
de la nota periodística
donde se denunció la irregularidad.
La justicia Letrada de Carmelo,
representada por la jueza
Ana Claudia Aberastegui y
la fiscal Alicia Ghione, dieron
cabida al juicio, en lo que juzgan
como “un claro y contundente
acto de castigo al derecho
de informar”.
DENUNCIA CONFIRMADA
Establecen los periodistas
de El Eco que “se confirmó que
al menos existen 330 contravenciones
(multas) archivadas.
¿Cómo surgió ese dato en la
audiencia? Fue la funcionaria
de Tránsito de la Intendencia
de Colonia, Gladys Calderón,
quien lo dijo cuando declaró
en el caso”.
Además, señalan que “en
la audiencia del viernes 18, el
propio secretario general de la
Intendencia de Colonia, Pablo
Manitto, dijo que en esa dependencia
de Tránsito había
muchas desprolijidades.
El juicio sigue. Sánchez Torterolo
es defendido por la Dra.
Giovana Mello, y Daniel Roselli
por el Dr. Enrique Erramouspe.
En la próxima audiencia
deberán declarar –que están
citados y no acudieron– el director
de Tránsito, Mario Leiva,
y el secretario general de
Adeom, Angel Long. Por su
parte, la jueza Ana Claudia
Aberastegui solicitó un informe
de por qué se archivaron
esas boletas y además se tendrán
que presentar los originales
de las 330 multas archivadas
incorrectamente.
PREOCUPACIÓN
El caso despertó preocupación
a varios niveles de quienes
ejercen el periodismo, y
el Grupo Medios y Sociedad
(GMS) recuerda que en el
año 2009 el país aprobó la ley
18.515 que despenalizó los delitos
de comunicación.
La reforma estableció que
no tiene responsabilidad
aquella persona que difunda
información de interés público,
sobre funcionarios públicos,
sin mediar real malicia.
Este concepto es muy estricto,
puesto que se incurre en real
malicia actuando con absoluto
desprecio por la verdad o con
negligencia periodística, pero
todo aquello que es polémico
o incluso imprecisiones propias
de una información difícil
de corroborar, no ingresan en
este concepto.
Asimismo, GMS recuerda
a jueces y fiscales que la ley
18.515 obliga a los operadores
de Justicia a interpretar los
conflictos entre la libertad de
expresión y otros derechos de
acuerdo a los estándares del
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y del sistema
universal de protección de
los derechos humanos.
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