Cómo señalan diversos estudios, los desequilibrios y la desigualdad territorial son elementos consustanciales al desarrollo histórico de la estructura económica – productiva y social de Uruguay. Con el objetivo – entre otros – de superar esa hipoteca que pesa sobre el desarrollo integral del país, el Área de Desarrollo y Planificación de la OPP finalizó en agosto de 2009 una primera etapa de análisis prospectivo con el horizonte en el año 2030 y más allá. El resultado fue el documento “Estrategia Uruguay III siglo. Aspectos productivos”, a partir del cual se inició un proceso piloto de discusión de agendas regionales de desarrollo, que fue apoyado por el MTSS-DINAE, el MGAP-DGDR y el MVOTMA-DINOT, así como por los programas de cooperación Uruguay Integra, ART Uruguay y Unidos en Acción.
El estudio mencionado identificó trayectorias de los sectores de actividad económica, tanto a nivel nacional como territoriales, detectando comportamientos regionales ampliamente divergentes. Particularmente la región nortes (departamentos de Rivera y Tacuarembó) crecía menos (3,4% anual) que el promedio del país (5,3%), haciendo evidente un atraso relativo que disminuía su participación en la generación de riqueza a nivel país (pasando del 7% a 5% del PBI uruguayo para 2030). Para la región norte se identificaba un techo al crecimiento más allá de 2030, dado que los incrementos del sector primario y la expansión de nuevas producciones, así como las inversiones planeadas en fases industriales, probablemente ya hubieran agotado sus posibilidades de crecimiento en 20 años. Además, aun creciendo, esta evolución no podía evitar la pérdida de posiciones frente a las regiones del sur. En ese marco, el estudio focalizaba a las energías renovables – junto a la cadena forestal-maderera y la asociatividad de los pequeños productores rurales – como uno de los posibles ejes productivos que pondrían generar rupturas en la senda divergente.
Hasta el presente los proyectos relativos a las energías renovables no convencionales aprobados por UTE para generación eléctrica en Tacuarembó y Rivera son: 1) Los Piques de la Weyerhaeuser (Tacuarembó), con una potencia de 10 megavatios (vende 5 de estos a UTE) generados por residuos de madera propios. 2) PONLAR SA (Rivera), con 5 megavatios de potencia (vende 2,5 a UTE) generados con residuos de madera de la firma Fymnsa. 3) BIOENER SA (Rivera), con 10 megavatios de potencia a partir de subproductos de madera de Urufor SA. 4) Energía Renovable Tacuarembó (ERT) – Fenirol (Tacuarembó), con 10 megavatios de potencia, generados con cáscara de arroz de Saman y con residuos de madera de las fábricas locales de tableros y contrachapados, así como de otras industrias madereras. Se destaca por haber sido creada para generar energía a partir de residuos comprados a terceros.
El potencial que el estudio asignaba al sector estaba fuertemente relacionado con la cadena forestal-maderera en la región, donde resultaba estratégica la cantidad disponible de residuos forestales. Esa focalización en la energía producida a partir de biomasa no permitía profundizar en otro tipo de energías, como la eólica, que sin embargo ha ganado creciente importancia en la región con proyectos como el de ABGwind-Palmatir, parque eólico de 50 megavatios y Aguas Leguas-Parque Eólico GCEE (de 100 megavatios), ambos en Peralta, departamento de Tacuarembó.
Perspectivas de futuro – Es evidente que los procesos de globalización de la economía, la política y la cultura tienen una incidencia cada vez mayor sobre los territorios y sociedades “reales”, concretamente sobre lo local. Es interesante observar que en la segunda mitad de la última década los condicionamientos sistémicos relacionados con el cambio climático, el desarrollo sustentable y la energía, cobraron especial relevancia en la agenda global. Así, factores tales como los informes de las cumbres sobre el cambio climático, las presiones de la comunidad científica y organización de la sociedad civil, y el cambio de presidente en Estados Unidos instalaron estratégicamente dichos temas en la agenda internacional. También la agenda internacional. También la agenda interregional de la Unión Europea y América Latina incluyó en este período cuestiones tales como la promoción de las energías renovables, también presentes en la cooperación bilateral de varios países, como por ejemplo Alemania.
Asimismo el MERCOSUR como bloque regional y sus países miembros recogen en sus respectivas agendas y organigramas el tópico de las energías renovables. El balance que efectúan los involucrados registra avances y existe coincidencia en cuanto al potencial que representa el accionar conjunto. Esto llevó a algunos a postular el MERCOSUR como eventual plataforma para la generación de reglas regionales de carácter propositivo a ser proyectadas en ámbitos internacionales. Pese a los avances señalados, la observación de los procesos desde el territorio mismo pone de manifiesto algunos reduccionismos del proceso de “traducción en clave local-regional” de la agenda de las energías renovables. El análisis del caso específico de los departamentos de Tacuarembó y Rivera a partir de los estudios prospectivos de la OPP puede ser considerado relevante, ya que, a diferencia de otros programas nacionales, busca hacerse efectivamente presente a través de procesos consultivos en el interior del país, como en el caso de los talleres de agendas regionales ya mencionados. Sin embargo, sus estudios evidencian una consideración del tema de las energías renovables en estricta clave economicista.
En ese sentido, los distintos documentos se refieren a este sector de actividad exclusivamente como factor dinamizador del crecimiento, y sin hacer mención de la dimensión de sustentabilidad que debiera ser tenida en cuenta por la naturaleza de la propia actividad. Llama la atención la desconexión del tema de las energías renovables con aspectos relativos a la política ambiental nacional.
De todas formas, estas impresiones se ven matizadas por estudios y documentos provenientes de otros organismos nacionales, en particular de la Dirección Nacional de Energía: se señala allí que la implementación de la política energética nacional tiene entre sus objetivos no solo reducir costos, disminuir la dependencia de la matriz energética respecto del petróleo y promocionar las capacidades nacionales, sino también el cuidado ambiental y el fomento de las energías renovables. Sin embargo, la labor comunicacional y de difusión hacia el interior del país debiera fortalecerse. Es interesante registral algunos esfuerzos novedosos, que incluyen visitas hechas en cooperación con otros organismos del Estado, apuntando a un mejor conocimiento de las políticas de Estado sobre la materia, así como la promoción de los contactos entre los actores involucrados.
A nivel departamental se tiene hoy una oportunidad vinculada a la formulación de las directrices departamentales, en el marco de la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable, lo cual posibilita incorporar la dimensión energética y la sustentabilidad integradas en las propuestas de desarrollo.
Se impone generar las condiciones que propicien procesos colectivos de aprendizajes en diferentes niveles (local, nacional, regional del MERCOSUR) que impulsen la necesaria modernización ecológica como un nuevo modo de relacionamiento de la economía y la ecología. Resulta aquí indispensable el involucramiento de los actores locales, como forma de propiciar la aceptación de las “nuevas” energías. Por otra parte, puede pensarse en potenciar la plataforma del MERCOSUR a través de la futura agencia de desarrollo del bloque. Finalmente, debiera optimizarse la articulación con la cooperación internacional en función de las demandas y agencias propias.
(*) Amalia Stuhldreher (Doctora en ciencia política, licenciada en relaciones internacionales) – Publicado en Brecha 27.9.2013.
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