La Junta Departamental de Tacuarembó votó por mayoría, una resolución “de rechazo institucional, a la decisión adoptada por la Cámara de Representantes” el 9 de julio pasado “al anular los Decretos departamentales Nros. 20 y 21, referidos a la prohibición de la explotación de minería metalífera de gran porte, diamantífera e hidrocarburos, y, a la aplicación del la técnica del “fracking” en el territorio departamental”. Lo resuelto también mandata “al Presidente del Organismo, a efectos que adopte los recaudos necesarios para llevar adelante la presentación de un recurso ante la decisión” de la Cámara de Diputados.
Entre los considerando de la citada resolución, votada por la bancada del Partido Nacional y el único edil colorado, se sostiene que: “la resolución final de la Cámara de Representantes, se hizo oídos sordos a la preocupación seriamente sustentada por la Junta Departamental de Tacuarembó, ante el advenimiento de dichas prácticas al territorio departamental, que no era sino recoger la preocupación de nuestros convecinos, que quedara explícita cuando a este Legislativo Departamental, más de 13 mil ciudadanos del departamento, hicieran llegar a través de una Comisión creada al efecto, su inquietud en el mismo sentido”. La Resolución tiene fecha 17 de julio de 2014.
Asimismo la “Comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua”, responsable de reunir las 13 mil firmas que se oponen a la “megaminería metalífera a cielo abierto y a la práctica de la técnica de fracking en la zona rural” del departamento, tras la resolución de Diputados, emitieron una declaración, leída por el obispo Julio Bonino, donde reitera “nuestra valoración por la sensibilidad que demostraron nuestros ediles el día en que debatieron y votaron los decretos que ponían de manifiesto lo que muchos vecinos pensamos, cuando se trata de pensar el país productivo que queremos y la preocupación por la preservación del medio ambiente” y piden a “que nuestros ediles no cesen de proceder como legítimos representantes del pueblo de Tacuarembó agotando las instancias legales posibles dentro del marco jurídico de nuestras instituciones”. La declaratoria tiene fecha 16 de julio de 2014.
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