La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos declaró el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido con la finalidad de establecer una fecha que recuerde a las víctimas que fueron detenidas ilegalmente durante la dictadura. Esta declaración es un aporte a los esfuerzos para promover la memoria y efectivizar la reparación integral de las víctimas y sus familiares. A continuación se transcribe el comunicado emitido por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
“Fue la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), que declaró el 30 de agosto como el día de los detenidos desaparecidos, con el fin de recordar a todas las naciones y gobiernos del mundo la existencia de la realidad de los desaparecidos.
Estos esfuerzos precedieron a la resolución aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas de fecha 21 de diciembre de 2010, donde se decide declarar el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. La desaparición forzada se ha utilizado y se utiliza en la actualidad por parte de los Estados, como una estrategia para infundir el terror en los ciudadanos, afectando no sólo a la víctima directa y sus familiares, sino también a la comunidad y al conjunto de la sociedad.
Nuestro país vivió tales circunstancias. Decenas de personas fueron detenidas ilegalmente, sometidas a torturas, ejecutadas o fallecidas como consecuencia de las condiciones de apremio y luego desaparecidas. Acciones represivas llevadas a cabo en la total impunidad.
Esfuerzos realizados en los últimos años han arrojado luz sobre muchos de esos hechos, que incluyeron la apropiación de niños secuestrados junto a sus padres o nacidos en cautiverio de sus madres en centros clandestinos de reclusión. Mucho falta aún por hacer en el conocimiento de esas desapariciones. Muchos compatriotas fueron secuestrados y desaparecidos en países de la región, así como extranjeros residentes en nuestro país que fueron trasladados ilegalmente a sus países de origen y luego desaparecidos.
La coordinación represiva de las fuerzas de seguridad integrantes del Plan Condor no se detuvo en las fronteras nacionales. El deber de investigar esos hechos es una obligación del Estado y, conocida la verdad, someter a los autores materiales e intelectuales a la Justicia. A estas obligaciones el Estado a través de sus instituciones, debe además promover la memoria y efectivizar la reparación integral de las víctimas y sus familiares.
En el cumplimiento de esas obligaciones descansan en buena medida las garantías de que esos hechos no vuelvan a repetirse. Promover una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos; fortalecer las instituciones del estado democrático de derecho es parte ineludible de ese quehacer”.
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