La propuesta del Gral. Manini pone sobre la mesa un problema del país que debe ser preocupación colectiva. El Ejército no es una institución educativa, ni de capacitación laboral, no es esa su función, no tiene condiciones para asumir ese tipo de tareas y no tiene sentido pensar que pueda hacerlo. La discusión sobre la doctrina de la Defensa Nacional y el rol de las FFAA en ella, va por otros rumbos.
La vieja idea de que los jóvenes precisan disciplina y rigor, “mano dura” para encauzarlos está tan llena de prejuicios que no resiste ningún análisis serio. Mas que pensar el problema como “ni ni”, una calificación estigmatizante que pone la responsabilidad en los jóvenes, hay que reflexionar sobre la incapacidad del Estado y la sociedad de generar las oportunidades educativas o laborales necesarias para una buena parte de los jóvenes.
Cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social refiere en su alocución del 1º de Mayo al programa de empleo juvenil, queda claro que falta un impulso fuerte a esas políticas para que tengan mayor impacto. En un año de aplicación de la ley solo 583 jóvenes fueron contratados y 326 tuvieron una experiencia formativa. Esa escasísima respuesta a un programa con beneficios para las empresas debe ser analizada y procurarse formas de lograr mejores resultados. Otro programa “Yo estudio y trabajo” tuvo 21.000 jóvenes inscriptos pero solo 600 están trabajando. Según el Reporte Uruguay 2015 la tasa de desempleo en jóvenes de 14 a 24 años es casi el triple (19,4%) que la de 25 a 29 años (7,7%). En las mujeres jóvenes dichas tasa alcanza a 23,9% frente a 16% en varones.
La calidad del empleo también se resiente en los jóvenes. Mientras el promedio nacional de personas ocupadas sin cobertura de seguridad social es 24,8% en 2014 esa cifra sube a 28% entre jóvenes de 18 a 24 años y a 94% de 15 a 17 años. Cabe señalar también que la tasa de empleo juvenil aumentó de 34,9% en 2006 a 39,1% en 2014.
Por otro lado cuando se habla de trabajo no se toman en cuenta las tareas no remuneradas de cuidados en el hogar. Entre los jóvenes que no estudian ni trabajan 64,7% son mujeres y la mitad de ellas están realizando tareas domésticas no remuneradas. La maternidad adolescente en contextos críticos es un factor determinante de que muchas jóvenes no puedan estudiar ni trabajar.
La falta de proyectos de vida más amplios es una causa y también una consecuencia fuerte de las condiciones en que se desarrollan esas maternidades. Con una cobertura amplia de cuidados para los niños que nacen en estos hogares se podría incentivar una mayor participación de esas madres jóvenes en ciclos educativos o desempeños laborales. El Sistema Nacional de Cuidados podrá ser una respuesta importante en este plano.
La ampliación de ofertas de capacitación que ha llevado adelante la UTU en estos años es un buen camino y el aumento de la matrícula constituye un indicador de la receptividad que ha tenido. Experiencias como las de “Compromiso Educativo” han involucrado a “referentes pares” en el acompañamiento de situaciones de rezago, una metodología que podría reproducirse. Un amplio sistema público de becas para todos los niveles educativos sería una herramienta valiosa. Se trata de combatir los prejuicios estigmatizadores o represivos y promover políticas integrales frente a las fracturas sociales, económicas, culturales, territoriales, etarias. Todas estas dimensiones de las fracturas interaccionan.
El sistema educativo es un protagonista de esas políticas, asumiendo la complejidad de la masificación en la enseñanza media, pensando junto con otros desafíos. La comunidad, el entramado barrial, las redes culturales, deportivas, las familias, también pueden ser un actor importante de esas políticas, o no, según sean sus prácticas. Romper los estereotipos sexistas sobre el rol de mujeres y hombres y sus opciones de vida posibles, es parte de esa batalla cultural.
Priorizar la situación de la infancia y adolescencia, corregir los programas que no están dando los resultados esperados, potenciar los que sí aportan, apostar a las políticas universales, innovar con políticas sociales integradoras, son las mejor respuesta para asegurar la protección social necesaria y los derechos que hoy no se cumplen para nuestros niños y jóvenes.
De Semanario VOCES
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