«Vendrán gobiernos que tendrán que elevar la edad de jubilación cinco o seis años, y a nadie le va a gustar», afirmó el presidente José Mujica en diciembre de 2011. «No va a ser en este Gobierno, ese sayo no le toca a este, pero el que venga no se escapa», agregó. Pasaron casi cinco años y hay pocas novedades bajo el sol. Es un hierro caliente que nadie desea tomar, pues los pasivos y los aspirantes a serlo tienen un peso electoral decisivo. El presidente Tabaré Vázquez evadió el asunto el 29 de agosto en Fray Bentos, en actitud un tanto naif, cuando cuestionó el sistema mixto de 1996, que incluye al Banco de Previsión Social y a las AFAPS.
Desfinanciamiento y reparto – La seguridad social se gestó en Uruguay a partir de 1838, cuando el gobierno de Manuel Oribe, poco antes de caer por la revuelta de Fructuoso Rivera, estableció una pensión para los militares incapacitados, que se extendió a todos los funcionarios públicos que tuvieran siete años de servicio. Eran pagos muy bajos e inestables que alcanzaban a unos pocos privilegiados, pero por algo se empieza. En 1896 se creó la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones Civiles, que rigió recién en 1904 para empleados públicos con 30 años de trabajo y 60 de edad. Y en las décadas siguientes el sistema se amplió a todo el espectro social, con los funcionarios del Estado siempre como vanguardia privilegiada.
De hecho parte del sistema nació como de «capitalización»: funcionarios y empleadores debían aportar cierto dinero que se invertiría antes de devolverse, muchos años después, a los beneficiarios. Pero en los hechos, y en particular desde las décadas de 1940 y 1950, el régimen se vació y corrompió. Los atrasos en la revisión de expedientes jubilatorios eran enormes. Casi cada ciudadano debía contar con un puntero político que le «moviera» el trámite, muchas veces a cambio de quedarse con los primeros pagos. El resultado fue que lo que entra por una ventanilla del estatal Banco de Previsión Social (BPS) por aportes de empresas y trabajadores, sale por otra para pagar jubilaciones y pensiones. Ocurrió en 2015, cuando el Estado debió asistirlo con 390 millones de dólares. Se estima que ese agujero llegará a unos 570 millones de dólares en 2017.
Una reforma constitucional aprobada por plebiscito en 1989 obligó a reajustar el monto de las pasividades según el índice medio de salarios. Y una ley de setiembre de 1995 creó las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), empresas que, junto al BPS, pasaron a formar del sistema mixto de seguridad social, privado y público. Tras su retiro, las personas tienen derecho a una prestación mensual del BPS, según el antiguo sistema «de reparto», y otra según su cuenta individual y su rentabilidad (capitalización) en una AFAP.
También pueden percibir la prestación de la administradora de fondos aquellos que sufran una incapacidad total. Y si el titular fallece, sus herederos reciben el capital acumulado en la cuenta. Las AFAP–que son cuatro, entre ellas una sociedad del Banco de la República, el BPS y el Banco de Seguros– están obligadas a cierto tipo de inversiones, en particular en papeles del Estado uruguayo (bonos y letras). Ahora les haría falta una mayor diversificación para disminuir el riesgo y mejorar la rentabilidad.
A mediados de 2014 contaban con 1.235 millón de afiliados (822 mil aportantes) y administraban casi 11.000 millones de dólares. La comisión promedio que cobraban era de 2,84%. Sólo una ínfima parte de los trabajadores ha optado por desafiliarse, pese al llamado de sindicatos y sectores políticos de izquierda.
El sistema mixto no ha alcanzado aún la madurez, por lo que paga a menos de 30.000 personas. Casi un tercio corresponde a pensiones por fallecimiento del afiliado en actividad y otro 30% a jubilaciones por incapacidad total. Las AFAP contribuyen a hacer sostenible el sistema de seguridad social y darán prestaciones más altas a quienes aportan desde el inicio de su vida laboral. Pero perjudica a una parte de aquellos que fueron obligados por ley a afiliarse en 1996, cuando tenían cerca de 40 años: la generación «de transición», que ahora empieza a jubilarse.
La población apenas crece – La edad media de la población uruguaya es, junto a la de Cuba y Chile, la más alta de América Latina: 34,5 años, bastante por encima del promedio de Brasil (31,6 años) y Argentina (31,5). Más elevada aún son las edades promedio en Estados Unidos (37,8), España (42), Italia (44,8) y en los países más envejecidos del mundo: Japón (46,5 años en promedio) y Alemania (46,8). En las antípodas están los países más pobres, como por ejemplo Chad, cuya población tiene un promedio de 17,6 años.
El crecimiento demográfico, que depende de factores como las tasas de natalidad y mortalidad, unidas a la emigración, es también muy desigual. Simplificando mucho las cosas, puede decirse que hay países desarrollados «optimistas», como Estados Unidos, donde la gente todavía quiere hijos; y hay países desarrollados «pesimistas» y/o hedonistas, como Italia o Alemania, donde muchos ven a los hijos como un clavo a evitar.
En los países más pobres suelen haber muchos jóvenes, en tanto Uruguay es un caso de economía de «clase media» con aspectos demográficos similares a naciones de renta más alta, lo que dificulta aún más las cosas. La población aumenta 0,8% al año en Brasil y Estados Unidos y 0,9% en Argentina, una tasa similar a la de España, y apenas 0,3% en Uruguay, igual que en Italia. Las poblaciones de Alemania y Japón decrecen 0,2% al año. En 1975 había 272.816 personas en Uruguay que eran mayores de 65 años, el 9,8% de la población total. En 1985 ya eran 328.890, el 11,1% del total. En 2010 sumaban 456.504, el 13,9% del total; y en 2025, que está a la vuelta de la esquina, habrá 551.000 uruguayos mayores de 65 años, que equivaldrán al 16,4% de los habitantes del país.
Las diferencias entre países son enormes – El 14% de los uruguayos ahora tiene 65 años o más, en tanto son el 14,9% de los estadounidenses y el 21,5% de los alemanes, pero apenas el 7,8% de los brasileños. La «tasa de dependencia» mide el número de personas en edad productiva en relación al número de personas en edad de jubilación (con 65 años o más). El promedio en América Latina es de ocho a uno, en tanto en Uruguay es de sólo cuatro a uno, seguido por Argentina con 5,3. Uruguay tiene muchos ancianos pero también más jóvenes de lo esperado para una estructura típica de su fase de desarrollo. El «agujero» en las edades intermedias se explica por las altas tasas de emigración en las décadas de 1960 y 1970, y luego entre 2000 y 2008.
Aumentará la edad de retiro – La seguridad social uruguaya es amplia y relativamente generosa. En 2014 el 9,7% de la población vivía en la pobreza pero sólo el 2% de las personas de 65 años o más. Entre 1992 y 2012 el gasto público en Uruguay aumentó del 15 al 25% del PBI, una cifra enorme. Y la asistencia a la seguridad social es, por lejos, el principal gasto del Estado, muy por encima de la defensa y seguridad, la enseñanza o la salud pública.
Un informe del BID del año pasado destacó que Uruguay destinaba el 8,2% del total de su producto bruto (PBI), unos 4.500 millones de dólares, al gasto público jubilatorio, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe era de sólo 3,1% del PBI. Le seguían Brasil, que destinaba el 6,8% del PBI al gasto en pensiones, y Argentina, con 6,4%. El sistema de pasividades exige 30 años de aportes y una edad mínima de 60 para el retiro, aunque con estímulos para llegar a los 65 o más. Es un régimen increíblemente benigno, al menos en comparación con los países de mayor desarrollo relativo. República Afap ya propone llevar la edad mínima a los 65 años. La fea contracara suele ser el monto de las prestaciones, habitualmente muy bajo.
Tarde o temprano, por el envejecimiento de la población, la edad de retiro obligatoria se llevará gradualmente a los 67 años, se permitirán jubilaciones parciales para estimular los retiros de a poco, y los aportes aumentarán. Ya se sabe que lo único seguro en esta vida son la muerte y los impuestos.
(*) Miguel Arregui, periodista isabelino
Extraído de www.elobservador.com.uy
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