Las brigadas de acción ciudadana, proyectos de rehabilitación social basados en el trabajo conformadas por privados de libertad asistidos por operadores penitenciarios, participarán en las tareas que la Intendencia de Maldonado indique para la recuperación de San Carlos y Pan de Azúcar, las localidades afectadas por el temporal del jueves 22 de diciembre. “Las brigadas de acción ciudadana del Ministerio del Interior están funcionando”, sostuvo el titular de esa secretaría de Estado, Eduardo Bonomi, en declaraciones a la prensa tras firmar un convenio con la Intendencia de Montevideo, por el cual personas privadas de libertad trabajarán en tareas asignadas por la comuna.
“Hoy mismo, la (brigada) de Maldonado se suma a planificar el trabajo en San Carlos. La de Lavalleja se suma hoy para planificar el trabajo en Pan de Azúcar. En Rocha, participarán en limpieza de montes para disminuir riesgos de incendios; y lo mismo en Canelones”, aseguró el secretario de Estado, quien detalló que en Montevideo trabajarán en plazas de deportes.
En declaraciones posteriores al Consejo de Ministros abierto de Fray Bentos, en agosto, Bonomi había adelantado que en todos los centros de privación de libertad del país se organizarían brigadas de acción ciudadana integradas por internos dispuestos a trabajar.
“Atenderán pedidos de refacción de edificios en el país que están apareciendo cada vez más”, alegó, y reafirmó el concepto de que estas acciones ayudan a instituciones sociales, educativas, municipales o barriales y a los mismos reclusos para su rehabilitación.
En esa línea, durante 2017 las unidades penitenciarias de Salto, Canelones y Maldonado serán sede de polos tecnológicos y sumarán a la experiencia del centro de Santiago Vázquez de Montevideo, según anunció el ministro. El jerarca informó que la cifra de internos que trabajan ascendió entre 2005 a 2016 de 80 a 3.800.
“No hay mejor forma de rehabilitar a alguien privado de libertad que fomentando el trabajo intra o extra muro y con estudio”, aseveró.
Bonomi recordó que 3.800 personas privadas de libertad trabajan, de un total de 10.100. La cifra en 2005 indicaba que 80 entre 8.500 trabajaban. Además, en 2015, 2.700 internos cursaron estudios secundarios.
“La situación sigue cambiando y va mejorando”, afirmó
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