La implementación en Brasil de una Reforma Laboral que produce un giro brusco en las condiciones de los trabajadores norteños, impacta en la región, ocupando así, la agenda mediática, política y gremial en nuestro país. No solo es brusca, es también brutal: tan brutal que la desregulación laboral impulsada en los años 90 en nuestra América por los gobiernos neo liberales imperantes, queda eclipsada. Lo que se pone en práctica en Brasil, significa imponer en el Siglo XXI, con las tecnologías que produce el avance científico técnico, condiciones de trabajo propias del Siglo XIX. La mirada que pretendemos trasladar a los lectores, busca analizar el grado de flexibilización de la reforma Temer, que realmente hace temer, al tiempo que en la comparación, se coloca en las antípodas respecto de los derechos laborales de avanzada que dan cobertura a nuestros trabajadores.
El análisis es necesario, entre otras cosas porque los empresarios uruguayos observan con simpatía lo que ocurre en Brasil, y creen posible replicar tamañas reformas acá. El Presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Wáshington Corallo, expresó que «el mundo avanza en temas de legislación laboral, hay que acompañar ese tren entre todos los actores del país: gobierno, trabajadores y empleadores». «Seamos conscientes de que en adecuar Uruguay al mundo, va una parte importante del futuro del trabajo de calidad». Y añade: en «Inicio de Jornada», de Radio Carve, que Uruguay «debe aggiornarse», porque de lo contrario «vamos a seguir corriendo el riesgo de perder competitividad en la actual situación y por ende perder la capacidad de seguir recibiendo nuevas inversiones». Ni lerdos ni perezosos, ya prevén organizar una jornada en setiembre con un especialista brasileño para analizar los cambios en el país vecino.
Vamos a oficiar de traductores de las palabras de Corallo, quien se ha mostrado casi siempre mesurado en sus apreciaciones, y ahora, sin estudios rigurosos que lo respalden, sin comparar la competitividad, ni con Brasil ni con Argentina, sin análisis previo, plantea que la competitividad solo es posible si los trabajadores pierden beneficios y condiciones de trabajo. Y además, caracteriza la reforma de Brasil como un avance que se debe acompañar. Queda claro que el avance es para los empresaurios, y en detrimento de los trabajadores.
Dice que la competitividad se alcanza a partir que los obreros trabajen 12 horas; o si se pagan salarios asiáticos, si desaparecen los Consejos de Salarios; si no existen categorías, ni ajustes semestrales; si la única forma de negociación queda librada a lo que cada uno pueda arreglar con el patrón. Es decir, que la competitividad para nuestros empresaurios se resuelve a la brasileña, con el Estado legislando para arrancar de cuajo todos los derechos conquistados. Esto es lo que pasaría en Uruguay si aplicamos esta reforma laboral.
Queremos recordar, que cuando se da un acuerdo bilateral entre el trabajador y el patrón, no existe negociación, sino una imposición del empresario. Uruguay tiene una normativa laboral basada en convenciones colectivas y en leyes nacionales de orden público. Un sistema de negociación de salarios mínimos, de negociación por rama y por empresa que son complementarios, y no se debe renunciar a ninguno de estos mecanismos. La fortaleza del formato que defendemos, lo define un dato relevante: la ronda de Consejos de Salarios del año próximo, será la más grande de la historia por cantidad de trabajadores involucrados, desde que se creó el sistema de negociación tripartita en 1943.
Pero hay más: la reforma laboral brasileña, aprobada con la férrea oposición del Partido de Lula y las centrales sindicales, establece que comenzará a tener vigencia a partir del mes de noviembre y que las convenciones y acuerdos colectivos en las empresas prevalecerán sobre las disposiciones legales.
– Las licencias se podrán fraccionar hasta en tres períodos.
– Las jornadas de trabajo podrán ser de 12 horas.
– Se autoriza la «jornada intermitente», con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual. Podrá haber contratos parciales de hasta 30 horas semanales o 26 horas y 6 horas extras.
– La ley crea la figura del trabajador autónomo exclusivo, que podrá prestar servicios a un único empleador pero sin vínculo laboral permanente. La rescisión de contratos podrá ser por «mutuo acuerdo» entre el empleador y el empleado, ya sin necesidad de aceptación sindical.
– Dejará de ser obligatorio el aporte sindical que hasta ahora equivalía a un día de salario al año, y pasará a ser voluntario.
– Se permite el trabajo insalubre, incluso para las embarazadas, y solo se podrán evitar, presentando certificado médico que establezca que puede afectar su salud.
– Los acuerdos por sector, empresa e individuales tienen preeminencia sobre la legislación vigente. Los contratos privados pasan a ser más importantes que las convenciones colectivas.
– Amplía las posibilidades de tercerizar tareas, incluso la principal de la empresa.
– La empresa podrá negociar las condiciones de trabajo por una comisión no sindical de representantes de los trabajadores.
– Flexibiliza las condiciones de despido. El monto de las indemnizaciones no estará atado por el salario del trabajador y el preaviso baja de 30 a 15 días.
– Se ponen condiciones para los litigios laborales. El litigante debe establecer a comienzo del juicio cuánto dinero desea recibir de compensación al término del proceso, deberá comparecer a todas las audiencias judiciales (salvo fuerza mayor) y pagar las costas del juicio si pierde.
Esta reforma no solo apunta a minar los derechos a los trabajadores, sino que además busca debilitar las organizaciones sindicales: van por todo. Este mensaje que produce Brasil, envalentona a los empresaurios uruguayos y de la región, que desnudan sus verdaderas intenciones, y claman para que el mundo del trabajo regrese a condiciones denigrantes. Sus cálculos apuntan a incrementar la rentabilidad; eso sí, en nombre de la competitividad que permita la llegada de nuevas inversiones.
Preocupa esta forma medio oportunista de salir a reclamar reformas, porque la competitividad no depende únicamente del salario; también es necesario hablar de la rentabilidad de las empresas.
La jornada laboral va a cambiar por varias razones, incluso ajenas a nuestra voluntad. El conocimiento se duplica cada cinco años. En treinta años, más del 50% de los trabajos se van a automatizar, cuestión que obliga al trabajador a la capacitación permanente. La discusión va a ser cuánto de la jornada laboral se dedicará a la capacitación y formación; en vez de hacer hincapié en la extensión de la jornada laboral, debemos pensar en cómo reducirla, y al mismo tiempo como alcanzamos mayor productividad.
Claro que preocupan y ocupan los cambios que instrumenta Brasil, porque el capital se corre hacia donde puede lograr mayores ganancias. Sin embargo, no todo es comprar y vender, no todo es un negocio. Entre ellas, la dignidad de una Nación. Dignidad que significa decir, fuerte y claro, que en nuestro país no estamos dispuestos a que la competitividad tenga al salario y las condiciones de trabajo como variable. Dicho de otra manera: la competitividad, acá, no se alcanza sobre el lomo del trabajador.
Uruguay viene de lograr un crecimiento económico como no había tenido en más de 50 años, y las relaciones laborales en vez de ser un estorbo han acompañado este proceso.
Hoy nos diferenciamos de Brasil, porque allí el poder político y económico responde a los mismos intereses; aquí ocurre lo contrario. A pesar de esos condicionamientos seguimos optando por las grandes mayorías.
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