“Las tecnologías de la información permiten avanzar en la reforma del Estado”, enfatizó el ministro de Economía, Danilo Astori, al firmar un acuerdo con el Banco Mundial por 12 millones de dólares para la Agencia de Gobierno Electrónico, la Ventanilla de Comercio Exterior y el Centro Ceibal, entre otros. Se trató del primer préstamo en la historia que tanto el organismo internacional como Uruguay firmaron de manera digital.
“Este paso es una contribución fundamental de innovación, transparencia, mejor información, más rigurosidad y mejor acceso de las empresas y los ciudadanos a los trámites”, señaló Astori, al firmar el acuerdo con el vicepresidente del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, este martes 7 en la sede ministerial.
El secretario de Estado detalló que el préstamo de 12 millones de dólares tiene un plazo de 17 años y medio con una gracia de cinco años. Manifestó que “se procura estimular el desarrollo de las tecnologías de la información para mejorar la gestión pública en general y el gasto en particular, para avanzar en la reforma del Estado”.
“Se trata del primer préstamo en la historia que tanto el organismo internacional como el Estado uruguayo firman de manera digital”, destacó.
Mencionó que el dinero se invertirá en la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y en la de Investigación e Innovación (ANII), en el propio ministerio, la Contaduría General de la Nación (CGN), la Dirección General Impositiva (DGI), la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y el Centro Ceibal.
Por su parte, Familiar dijo que “para el Banco Mundial es un honor acompañar a Uruguay en algo tan importante como el avance en la provisión de servicios de gobierno electrónico”. Sostuvo que en el país “el Banco Mundial mueve las fronteras del conocimiento en temas clave para el desarrollo, porque se puede innovar”.
Enumeró los diversos temas en los que el banco colabora con Uruguay: la modernización del campo, temas de alta tecnologías, como geomapeo y trazabilidad, cobertura de riesgos de precios de hidrocarburos, condiciones climáticas, accesibilidad a financiamiento y modernización de los servicios públicos que benefician a toda la población.
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