El Instituto Nacional de Colonización (INC) no aplicará a los colonos lecheros el aumento de casi 14 % dispuesto en el costo de las rentas que vencen en abril y mayo, mientras que las restantes unidades tendrán una reducción de entre 4,5 % y 6 %. “Todos los arrendatarios del ente, que abarca más de 5.200 familias y más de 3.500 establecimientos, se benefician con esa medida”, subrayó su presidenta, Jacqueline Gómez.
“En el marco del trabajo que lleva adelante el Poder Ejecutivo junto con las gremiales agropecuarias y el movimiento Un solo Uruguay, definimos tomar una decisión que favorezca y fortalezca el desarrollo de los colonos que viven y trabajan en el Instituto Nacional de Colonización”, señaló Gómez, en entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional.
Por esa razón, se dispuso que el costo de las rentas que deberán pagar en abril y mayo unos 1.000 colonos dedicados a la producción lechera fueran congeladas con el valor que rigió hasta el 31 de octubre.
“La renta tendría un incremento de casi 14 %, que no se aplicará, por entender que el rubro lechero es priorizado en los acuerdos en Presidencia”, sostuvo la entrevistada. A su vez, el instituto decidió reducir la renta para los productores ganaderos en 6 %, para la ganadera-ovejera en 6,5 % y para la ganadera-granjera en 4 %.
“En el Instituto Nacional de Colonización hay más de 5.200 familias y más de 3.500 unidades económicas”, precisó Gómez. “Esta vez, el total de los colonos arrendatarios se benefician con esa medida, que se empieza a aplicar en abril, incluso aquellos colonos que no han cumplido con los pagos correspondientes”, añadió.
“Decisiones similares fueron adoptadas en períodos anteriores para atender problemáticas de diversos rubros o eventos climáticos que afectaron la producción”, repasó la presidenta del instituto. “Nosotros tenemos la potestad de tomar decisiones sobre las rentas de tierras y estas son un componente importante en las estructura de costos de los productores. Partimos de valores que son menos del 50 % del valor de mercado”, agregó.
“Estamos discutiendo la situación del agro en términos generales, en la que, sin ninguna duda, para el Gobierno y para el instituto, los productores familiares y asalariados rurales que utilizan las tierras del Estado son una prioridad”, detalló. “Para eso, hemos comprado 120.000 hectáreas y se han incluido más de 3.000 familias desde 2005”, argumentó.
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