Más de 10.000 proyectos prediales individuales y unos 500 de organizaciones de productores familiares recibieron 90 millones de dólares de inversión entre 2008 y este año, además de asistencia técnica, de parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección de Desarrollo Rural. Los datos se expusieron en la XXIX Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercosur.
Con más de 100 participantes, entre productores familiares, representantes de organizaciones de la agricultura familiar y de instituciones rurales de la región, comenzó el lunes 19, en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) en Montevideo, la XXIX Reunión Especializada sobre la Agricultura Familiar del Mercado Común del Sur (Mercosur), con la presidencia temporal de Uruguay.
El desarrollo rural pasó a ser una prioridad a mediados de la década pasada en Uruguay para contrarrestar la despoblación de las zonas rurales en detrimento de la proliferación de asentamientos urbanos irregulares conformados por esos inmigrantes en busca de nuevas oportunidades en la ciudad, señaló el director de Desarrollo Rural, José Olascuaga, ante delegaciones de Argentina, Brasil y Paraguay, que junto al país anfitrión son miembros plenos del bloque, y de Chile, Colombia y Ecuador.
Olascuaga detalló que esa estrategia hizo que en los últimos 10 años el Estado invirtiera más de 90 millones de dólares y brindara asistencia técnica a más de 10.000 proyectos prediales individuales y a más de 500 de organizaciones de productores familiares.
A modo de ejemplo, puntualizó que el Plan de Apoyo a la Cría Vacuna distribuyó 6,7 millones de dólares en 2.333 productores beneficiados en 2010. Por su parte, el Programa Microcrédito Rural confirió 18,7 millones a 8.969 productores.
Además, precisó que entre 2012 y 2018 se financiaron 472 propuestas de organizaciones rurales por un total de 16,7 millones de dólares en 10 intervenciones productivas. También señaló que se invirtieron 48 millones de dólares en predios individuales en 8.981 proyectos de asistencia técnica en 11 intervenciones.
“Uno de los principales desafíos de las administraciones es el diseño de políticas que garanticen la permanencia y desarrollo de la población rural en nuestro campo. Esto implica un gran esfuerzo de redefinición de la institucionalidad pública para escuchar las verdaderas necesidades de esta población y diseñar respuestas adecuadas a las mismas”, señaló.
Olascuaga remarcó que los próximos objetivos son definir una política integral para el desarrollo rural de jóvenes, avanzar en modelos de producción y de valor agregado y comercialización con mayor justicia para productores familiares y trabajadores asalariados, desarrollo e incorporación de tecnologías inclusivas y respetuosas del ambiente.
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