Reducir los embarazos no intencionales entre adolescentes es una de las prioridades del Ministerio de Salud Pública, según informó su subsecretario, Jorge Quian, en la rendición presentada ante el Consejo Nacional de Género. Resaltó que la meta se cumple gracias a las políticas sanitarias y sociales aplicadas e informó que en 2018 hubo unos 2.800 embarazos de adolescentes menos que en 2016.
Con respecto a las políticas de género, el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, efectuó una síntesis antes de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemoró el 8 de marzo.
En el entendido de que uno de los 15 problemas priorizados al momento de desarrollar los objetivos sanitarios nacionales fue el embarazo no intencional entre adolescentes, Quian destacó que en los últimos dos años las políticas al respecto permitieron buenos resultados.
Recordó que en 2016 los embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años sumaron 7.371 y que en 2018 esa cifra se redujo significativamente, a 4553. “Esto no se debe solo a una política de salud, sino a las políticas de todo el sistema social, y permítanme agradecer a la ex subsecretaria de Salud, Cristina Lustemberg, quien se puso al hombro esta tarea cuando estuvo ocupando este cargo”, dijo.
Asimismo, agregó que “está demostrado que el principal factor que promueve la salud de los niños es la educación de las mujeres y en los embarazos adolescentes el mayor porcentaje es de tributarias de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), lo cual demuestra que todavía queda mucho trabajo por hacer”.
En otro orden, el jerarca enumeró la normativa que la cartera ha elaborado en los últimos años, como la reglamentación de la ley de técnicas de reproducción humana asistida en todo el territorio nacional, la ley integral para personas trans, la ordenanza para el seguimiento de la hepatitis B, la enfermedad de Chagas, la sífilis y el VIH en sus etapas preconcepcional, concepcional y postconcepcional y la obligación en todo el sistema de salud de incluir y estudiar a las parejas en conjunto y no solo a la mujer.
Destacó la ley de violencia obstétrica, que se encuentra en proceso de reglamentación, y el registro y asesoramiento técnico para la aplicación de la ley de salas de lactancia para todos los lugares de trabajo colectivo.
Con respecto a la prevención de los embarazos en adolescentes, agregó que el ministerio compra y entrega implantes anticonceptivos para aplicar a usuarios del sector público y que se capacita a cuatro instituciones privadas para sumarlas a la iniciativa.
A esto añadió la compra y entrega de métodos anticonceptivos hormonales, monofásicos y trifásicos para lactancia, inyectables y de emergencia, la compra y distribución de dispositivos intrauterinos para todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), la compra y distribución de elementos de barrera, incluidos preservativos femeninos, para todos los prestadores del sistema, la incorporación de recomendación de profilaxis preexsposición para prevención del VIH en mujeres con deseo concepcional o con embarazo en curso con pareja VIH positiva.
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