Luego de una extensa exposición sobre las reformas que el Gobierno impulsa en el sistema penitenciario, el ministro del Interior Eduardo Bonomi respondió las preguntas del parlamentario interpelante. El secretario de Estado aclaró los hechos acaecidos a finales de abril en los centros penitenciarios de COMCAR, Libertad y CNR Femenino, además de informar sobre las medidas adoptadas para la reforma penitenciaria. El ministro dijo que luego del crimen del guardia en el COMCAR, las autoridades policiales entendieron que la situación era tensa y no autorizaron las visitas en COMCAR y Libertad. En tal sentido, dejó claro que la medida en el Centro Nacional de Rehabilitación Femenino (CNR) fue tomada en contra de la opinión del mando.
En ese punto, explicó que una interpretación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que las actividades policíacas no cuentan con el derecho de huelga. El jerarca recordó que sostuvo esa posición desde que fue titular de la cartera de Trabajo y Seguridad Social.
Traslados, rehabilitación y reeducación – Asimismo, recordó que en una reunión de las autoridades de las cárceles se estableció la suspensión de la visita del sábado. En tal sentido, el Comisionado Parlamentario Álvaro Garcé comunicó al Ministerio su preocupación ante la medida. Posteriormente, se autorizaron las visitas para ese día, pero no para toda la cárcel a la vez, sino módulo por módulo, decisión que el ex director del área metropolitana del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Pereira Cuadra comunicó a los reclusos sobre las 20:00 horas. En ese punto, Bonomi enfatizó que «quienes generaron problemas fueron los dichos de los policías a los reclusos, y no la repetición de una noticia del mediodía a esa hora». Sobre la actuación de los policías frente a los motines de COMCAR y CNR Femenino, Bonomi recordó que ambos directores entendieron la misma orden por parte de la jueza Graciela Murialdo. “Cuando la policía informa al juez, éste responde y es tomado como una indicación”, dijo. Agregó que a partir de esos sucesos se informará sobre las actuaciones al juez a la par que se interviene en la situación carcelaria, interpretación que según algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia es la indicada, apuntó el ministro.
Bonomi alegó que no conocía las declaraciones de Pereira Cuadra antes de ser emitidas. El ex director del área metropolitana del INR señaló vínculos entre los motines y operadores políticos, cuestión que fue desmentida ante la prensa por el propio secretario de Estado. Sobre los contenedores, el director de Secretaría del Ministerio del Interior indicó que las cárceles de Rivera, Maldonado, Punta de Rieles y el CNR Femenino tienen contenedores para la guardia militar perimetral y que el Ejército ya indicó sus necesidades de alojamiento, que serán atendidas en lo que resta de este año. También dijo que la cárcel de Rocha cuenta con cinco contenedores propios adquiridos en 330.000 pesos; y arrienda otros seis por 10.000 pesos mensuales alquilados desde noviembre del año pasado.
Otra de las consultas formulada por el miembro interpelante, el diputado por Rocha José Carlos Cardozo, fue sobre la situación en la cárcel de ese Departamento. Bonomi respondió que los traslados a la nueva cárcel ya comenzaron con la clasificación y traslado de 50 reclusos al nuevo centro y de 38 reclusos a otros centros del resto del país. El jueves próximo se concretarán los últimos 14 traslados. La cárcel cuenta con 110 nuevas plazas y otras 110 están en proceso de construcción, instancia que también incluye centros de intra y extra muros para rehabilitación y reeducación.
2947 reclusos están inscriptos en procesos de rehabilitación laboral – El ministro Bonomi también se refirió a las extensas medidas para reformar el sistema penitenciario. En ese sentido afirmó que producto de la creación de 3.478 nuevas plazas se abatió en gran medida el hacinamiento carcelario. Subrayó que en los 10 años posteriores a la Ley de Seguridad Ciudadana, que creó penas y aumentó otras, no se construyó ni una nueva plaza para el sistema. Indicó que 2.947 reclusos están inscriptos en procesos de rehabilitación mediante el trabajo tras la firma de diferentes convenios. Como consecuencia de estos acuerdos, 976 reclusos reciben un peculio del Patronato de Encarcelados y Liberados, cuyo acumulado superó los tres millones de pesos. El jerarca mencionó el proyecto de Ley para la regulación del trabajo carcelario, que incluye la formación de un Fondo de Asistencia a Víctimas del Delito, que será financiado por un porcentaje simbólico que aportarán principalmente las personas privadas de libertad.
Anunció la intención del Gobierno de trasladar la gestión de las cárceles a un organismo independiente y autónomo, como consta en los acuerdos multipartidarios del año 2010. Entre las medidas adoptadas a nivel del personal carcelario, Bonomi destacó la creación de 500 puestos de trabajo. A nivel estadístico, al 30 de abril la población privada de libertad era de 9.450 personas, de los cuales 637 son mujeres y 8.813 son hombres. Un total de 3.342 están penados, 6.108 fueron procesados, 3.878 son primarios y 5.572 reincidentes. El ministro aclaró que a junio el número de presos disminuyó tras el proceso de visita anual de cárceles realizado por la Suprema Corte de Justicia.
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