22 DE AGOSTO: DÍA DEL SOBREGIRO DE LA TIERRA

Malos tiempos para el «periodismo medioambiental». Los ataques contra los periodistas que trabajan en temas relacionados con el medio ambiente se han convertido en algo corriente. Brandon Lee lo sabe bien. Este periodista estadounidense, radicado en Filipinas y que trabajaba para el semanario Nordis, escapó por poco de un intento de asesinato el 6 de agosto de 2019. En los últimos años «me han seguido, vigilado, amenazado de muerte y denunciado en las redes sociales», recuerda el periodista que, en el norte del archipiélago, cubría especialmente temas ambientales que «denuncian las injusticias que todo el gobierno quiere encubrir».

Este grave incidente es uno de los 53 casos de infracciones contra el derecho a la información registradas por RSF desde la publicación del informe Clima hostil para los periodistas ambientales, que a finales de 2015 ofreció un primer balance de los ataques dirigidos específicamente contra periodistas que trabajan en este asunto. Las tendencias observadas hace cinco años ahora se confirman y se consolidan: como promedio, cerca de dos periodistas son asesinados cada año por haber investigado la deforestación, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras o, más específicamente, la contaminación, las consecuencias para el entorno de las actividades industriales o los proyectos de construcción de grandes infraestructuras.

En una década, 20 periodistas han sido asesinados por tratar asuntos medioambientales. A diez de ellos los mataron en los últimos cinco años. De estos, nueve fueron asesinados a sangre fría en Colombia (2), México (1), Filipinas (1), Birmania (1) e India (4). La lista incluye a Shubham Mani Tripathi, corresponsal del diario en lengua hindi Kampu Mail, contra el que dispararon seis balas, tres de ellas en la cabeza, en junio de 2020. Este periodista indio acababa de compartir en Facebook sus temores de que la «mafia de la arena» lo iba a matar por sus investigaciones sobre casos de expropiaciones ilegales.

A esta cifra de periodistas brutalmente eliminados hay que sumar una sospechosa muerte bajo custodia: la de Muhammad Yusuf, en la isla de Borneo (Indonesia), en 2018. Al periodista, que trabajaba para los diarios digitales Kemajuan Rakyat y Berantas News, lo encarcelaron tras revelar casos de expropiación ilegal vinculados a las actividades de una empresa productora de aceite de palma y después de que dicha compañía lo acusara de difamación. Su esposa está convencida de que no falleció de forma natural, ya que el cuerpo de Yusuf presentaba señales de golpes en la nuca.

Este balance podría ser incluso más grave. El periodista de Sudán del Sur Joseph Oduha, del grupo de medios Nation Media Group (NMG), fue detenido y torturado por sus artículos sobre las consecuencias inhumanas de la contaminación por hidrocarburos. Los consorcios petroleros y las autoridades, que lo acusaban de «amenazar la seguridad nacional», lo sometieron a tal presión que se vio obligado a exiliarse en 2019. De igual manera, en Colombia, Alberto Castaño y María Lourdes Zimmermann, ambos especializados en temas ambientales para Natural Press, tuvieron que abandonar el país para salvar la vida. En Colombia, donde en menos de tres años han sido asesinados dos periodistas comunitarios – María Ifigenia Vásquez Astudillo y Abelardo Liz– por denunciar el acaparamiento de tierras por parte de grandes grupos privados, las amenazas de muerte en las redes sociales se toman muy en serio.

«El periodismo ambiental se ha vuelto considerablemente más peligroso de lo que era en el pasado«, constata el periodista Peter Schwartzstein, especialista en temas ambientales en Medio Oriente y el norte de África. Autor del informe The Authoritarian War on Environmental Journalism (La guerra autoritaria contra el periodismo ambiental), también cree que esta tendencia está «íntimamente ligada a una creciente toma de conciencia sobre la importancia del medio ambiente«. El aumento de la contaminación y los efectos visibles del calentamiento global han ayudado a sensibilizar al público, pero también a los gobiernos, sobre «preocupaciones que ayer eran marginales» y que anteriormente estaban fuera del radar de los medios.

Asia y América, las dos zonas en rojo

Si bien los ataques contra los periodistas medioambientales se producen en todos los continentes, el 66% de los incidentes registrados se concentran en dos regiones del mundo: Asia y América. En Asia, India es el país de todos los récords: el de la cifra de periodistas asesinados (4), el de la cantidad de agresiones violentas (4) y el del número de periodistas que afrontan amenazas y procesos judiciales (4). Prácticamente la totalidad de las agresiones están relacionadas con «la mafia de la arena».

«Después del agua, la arena es el recurso natural más preciado y, al ser limitado, tiene una gran demanda«, explica la periodista india Sandhya Ravishankar, y añade que su extracción masiva tiene un fuerte impacto ambiental. Cubrir estos temas «representa una amenaza para muchas industrias y poderosos empresarios industriales cuya subsistencia depende de la arena como materia prima», prosigue la reportera, que ha investigado a la mafia de la arena en el estado de Tamil Nadu. «Esta es la razón por la que, invariablemente, hay mucha violencia contra los periodistas que denuncian la extracción ilegal de arena», subraya quien tuvo que hacer frente a una violenta campaña de difamación como consecuencia de sus investigaciones. Para ella, «la herida más grave y permanente» que ha sufrido es el acoso moral de los mineros del que ha sido víctima y que la ha llevado a ser marginada en su región, incluso por parte de sus semejantes.

La forma «legal» de silenciar a los periodistas

No hace falta recurrir a los métodos más radicales para reducir al silencio a los periodistas. Quienes intentan desvelar la verdad sobre las prácticas destructivas del entorno por parte de poderosos grupos privados pueden encontrarse fácilmente en el banquillo de los acusados con la base de las leyes de difamación. Recientemente, nueve periodistas han sido objeto de procesos judiciales en todo el mundo.

Entre ellos se cuenta el periodista tailandés Pratch Rujivanarom. Por escribir un artículo para el diario en idioma inglés The Nation en el que denunciaba la contaminación del agua por las actividades de la empresa minera MPC, fue acusado de difamación en base al Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos (Computer Crimes Act) en 2017, antes de que el gigante minero, enfrentado a la solidez de su trabajo, retirara su denuncia. En Francia, la periodista independiente Inès Léraud, que investiga las consecuencias medioambientales de la agricultura intensiva en Bretaña, ya ha sido objeto de dos denuncias por difamación en el espacio de dos años. La primera denuncia contra la autora de la investigación «Algas verdes, la historia prohibida», interpuesta por una personalidad del sector agroalimentario bretón que no dudó en denigrarla directamente a través de las ondas de radio y por correo electrónico, fue finalmente retirada unos días antes de la audiencia prevista, a principios de enero de 2020.

Aunque la mayoría de los procesos judiciales emprendidos en casos similares acaban con la puesta en libertad de los periodistas, algunos procedimientos pueden llevarlos a la cárcel por un período largo. En Uzbekistán, Solidjon Abdurakhmanov, autor de numerosos artículos sobre las consecuencias del desastre ecológico en el mar de Aral, no recuperó la libertad hasta 2017, tras pasar nueve años entre rejas. En Guatemala, el periodista Carlos Choc puede ser condenado de 20 a 30 años de cárcel por haber denunciado la contaminación de un lago por parte de la empresa minera CGN-Pronico. En India, el periodista de Newstime Shailendra Yashwant, su editor, Ramoji Rao, y el editor de Sanctuary Features, Bittu Sahgal, fueron por fin absueltos tras 22 años de pleitos. Estaban acusados de difamación por escribir y publicar un artículo que informaba sobre la contaminación en el estado de Gujarat.

Detenciones múltiples

El ataque más común y que afecta a más periodistas que cubren temas medioambientales sigue siendo la detención. En Rusia, a principios de junio de 2020, una periodista y un fotógrafo, Elena Kostyuchenko y Yuri Kozyrev, fueron detenidos en varias ocasiones con el pretexto de haber «violado la cuarentena» mientras investigaban sobre la catástrofe ecológica de Norilsk para el periódico Novaya Gazeta. En Canadá y Estados Unidos, decenas de periodistas fueron detenidos entre 2016 y 2020 mientras cubrían manifestaciones de ecologistas y comunidades indígenas que se oponían a la construcción de un gasoducto, de una gran presa hidroeléctrica o de un oleoducto en sus tierras ancestrales. En ambos países, varios periodistas fueron procesados por allanamiento de la propiedad privada, antes de que finalmente los tribunales les permitieran cubrir las protestas indígenas.

Seguir a los activistas medioambientales tampoco está exento de riesgos ni en el Reino Unido ni en Francia. En 2020, la cobertura de las actividades del movimiento Extinction Rebellion los aeropuertos de Londres en 2019 y de Orly (París) fue, en el primer caso, obstaculizada por la policía, mientras que en el segundo se vio marcada por la puesta bajo custodia durante diez horas del periodista de Reporterre Alexandre-Reza Kokabi. En Australia, el periodista francés Hugo Clément y su equipo de grabación, que estaban investigando para France 2 el proyecto minero Carmichael -y en particular el climaticidio-, también fueron detenidos y puestos bajo custodia policial mientras grababan a manifestantes ecologistas.

Presiones manifiestas e insidiosas

Las presiones sobre los periodistas que trabajan en temas medioambientales pueden ser frontales, como le sucedió en China a la periodista de Caixin Weekly Zhou Chen. La siguieron, la amenazaron y la acosaron abiertamente funcionarios y policías en una ciudad afectada por un incidente de contaminación industrial en noviembre de 2018. Pero las presiones suelen ser más insidiosas. En Egipto, es lo que le ocurre a una periodista especializada en temas ambientales que desea permanecer en el anonimato. Tras la publicación de artículos sobre un tema delicado relacionado con las importaciones de carbón, descubrió que estaba bajo vigilancia y que ya no podía viajar sin ser bloqueada durante varias horas en el aeropuerto. En Japón, los periodistas denuncian la autocensura vigente en los principales medios de comunicación sobre cualquier asunto relacionado con las consecuencias del desastre nuclear de Fukushima. Según los periodistas, esto se debe a las presiones del gobierno y del lobby nuclear, que quieren impedir la publicación de informaciones que ofrezcan «una imagen negativa de Japón» o que pudiesen perjudicar la preparación de los Juegos Olímpicos de 2020, que deberían haberse celebrado en Tokio este verano.

Directas o más sutiles, todas estas presiones y violaciones del derecho a la información en materia ambiental no dejan de tener consecuencias. «Por muy relevantes que sean, no se informará sobre estas historias de explotación de los recursos naturales, vínculos con el poder y violencia que sufren las poblaciones. Simplemente, porque los periodistas no se atreverán a contarlas, y tendrán razón al sentir miedo», lamenta la periodista Sandhya Ravishankar. Esta represión incluso está contribuyendo a una mayor degradación del medio ambiente, según estima su colega Peter Schwartzstein: «La cobertura, en gran medida insuficiente, de catástrofes y desgracias ecológicas contribuye al agravamiento de enormes problemas ambientales, que están empeorando en estos agujeros negros para la información».

Sin poder brindar protección a los periodistas ambientales, o al menos «una apariencia de protección», alega Sandhya Ravishankar, ser un periodista ambiental seguirá siendo más que nunca «un desafío», por citar las palabras del periodista Brandon Lee. Y no solo en Filipinas.