Río de Janeiro (IPS) – Entre su hostilidad a China y la imposibilidad de apartarse del mayor socio comercial de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro vive el momento más amargo del dilema que amenaza con perjudicar aún más su gobierno.
Su intención declarada es rechazar una vacuna para la covid-19 en fase final de sus ensayos clínicos, cuando todos anhelan una inmunización que controle la pandemia, y la ventajosa tecnología de telecomunicaciones 5G de la Huawei, porque son de origen chino.
“No compraremos la vacuna china”, dictó el 21 de octubre el gobernante de ultraderecha. Descartó así la Coronavac, la más prometedora entre las varias vacunas que se están probando en Brasil, según el epidemiólogo Eduardo Costa, de la Escuela Nacional de Salud Pública.
La aversión de Bolsonaro no se debe solo al “comunismo” chino, sino también a la figura de gobernador del estado de São Paulo, João Dória, quien acordó traer la vacuna del laboratorio Sinovac a Brasil y producirla en el Instituto Butantan, del gobierno paulista.
Bolsonaro adversa a Dória por ser un contrincante político que podrá dificultar su reelección en 2022. São Paulo es el estado más rico y poblado del país, su gobernador se destaca naturalmente como un fuerte candidato a la presidencia.
Pero el golpe contra Dória tuvo otra víctima, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, un general especializado en logística y sin ninguna experiencia sanitaria, nombrado por el presidente en mayo, en el auge la pandemia.
El tajante rechazo a la “vacuna china” fue una respuesta al acuerdo que el ministro había firmado en la víspera con el gobernador de São Paulo, formalizando la intención de comprar 46 millones de dosis de la Coronavac si se comprobaba su eficacia.
Bolsonaro desautorizó tal acuerdo y humilló al general en activo, al anunciar su veto por la prensa y por redes sociales, sin un diálogo previo con él.
Para colmo, el ministro cayó enfermo de covid-19 y tuvo que hospitalizarse. En un intento de desagravio, Bolsonaro lo fue a visitar en el hospital. El general aceptó la sumisión al antiguo capitán del Ejército elevado a la presidencia y, por lo tanto, a la jefatura de las Fuerzas Armadas. “Es sencillo, uno manda otro obedece”, admitió.
Dos semanas después Bolsonaro matizó su posición, en respuesta al Supremo Tribunal Federal que le pidió explicaciones instado por los partidos de oposición. Aseguró que su gobierno no discriminará vacunas si se comprueba su eficacia y seguridad certificadas por el órgano regulador.
Pero los daños no se limitaron a ese episodio en que Bolsonaro puso nuevamente sus intereses políticos personales por encima de la salud pública. Brasil, un país de 212 millones de habitantes, ya registra oficialmente más de 164 000 muertes por covid-19 y se teme una segunda ola, como la que ocurre en Europa.
El 9 de noviembre la reguladora Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) ordenó la suspensión de las pruebas con la Coronavac, a causa de un “evento adverso grave”. Se supo después que murió uno de los 9000 voluntarios que están recibiendo la vacuna.
Bolsonaro festejó la decisión como una victoria suya y una derrota del gobernador de São Paulo. Y aprovechó para reiterar que bajo su gobierno no habrá vacunación obligatoria y que superar la pandemia exige que Brasil “deje de ser un país de maricas”, en su acepción de cobardes y no de homosexuales.
El Instituto Butantan, que se encarga de las pruebas, protestó señalando que la muerte ocurrida nada tuvo que ver con la vacuna y lo informó a la ANVISA. Por protección de la privacidad, no divulgó que se trató de un suicidio, dato que se hizo público por otras vías.
ANVISA autorizó la reanudación de las pruebas 38 horas después de suspenderlas, tras recibir informaciones complementarias y pareceres de la Comisión Nacional de Ética de Investigaciones y del comité internacional independiente que evalúa estudios sobre la covid-19.
Quedó la sospecha, seguridad para muchos, de que la agencia actuó políticamente, especialmente porque su director-presidente, Antonio Barra Torres, es un almirante retirado de la Marina y allegado a Bolsonaro.
En el inicio de la pandemia este almirante compartió con el presidente manifestaciones contra el aislamiento social para controlarla. También participó en actos callejeros a favor del cierre del legislativo Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal, en un movimiento antidemocrático destinado a darle todo el poder a Bolsonaro.
Además, tuvo una actitud ambigua en relación a la cloroquina, tolerando que Bolsonaro y el Ministerio de Salud la recomendaran como medicamento contra la covid-19.
La credibilidad de ANVISA, como órgano de Estado independiente del gobierno, quedó afectada y probablemente así también la confianza popular en la “vacuna china”, debido a la forma como las autoridades trataron la muerte de un voluntario vacunado.
Esa gestión irracional, politizada, de la pandemia seguramente mina la popularidad de Bolsonaro, al convertirlo en factor de una mortalidad adicional. Una minoría coincide con su negacionismo sobre la gravedad de la Covid. Es cuestión de coraje, “todos morirán un día”, sostiene el gobernante.
Sobre la tecnología 5G, que tendrá una subasta entre las empresas de telecomunicaciones instaladas en Brasil anunciada para 2021, el gobierno brasileño decidió juntarse a Estados Unidos y Japón para excluir la Huawei en la compra de equipos.
Ese proceso ocurre por la adhesión brasileña a la iniciativa estadounidense Red Limpia (Clean Network, en inglés), que alega que la tecnología china es insegura porque podría facilitar el espionaje y amenazar la seguridad nacional de los países anfitriones.
“Se trata de una guerra comercial y no de seguridad”, evalúa Carlos Afonso, un experto que introdujo Internet en Brasil y es actualmente el editor de la revista PoliTICs, sobre tecnologías de la información y la comunicación.
“China y Corea del Sur tienen juntas más patentes de 5G que la suma de todos los demás países, eso es lo que asusta a los estadounidenses”, acotó a IPS por teléfono desde Río de Janeiro.
El argumento de seguridad no se sostiene, porque Estados Unidos dispone de capacidad técnica para analizar los dispositivos de la Huawei y neutralizar posibles acciones indeseables, opinó.
Para Brasil prohibir la participación de la empresa china en la implantación de la red 5G puede tener costos económicos insoportables para las operadoras telefónicas. Técnicos del sector estiman que entre 40 por ciento y la mitad de la infraestructura de generaciones anteriores (3G, 4G) cuenta con equipos de Huawei.
Sustituirlos o hacer adaptaciones costaría caro y retardaría la implantación de la 5G en el país.
Además se puede prever batallas judiciales, como la que está ocurriendo en Suecia, que restringió la participación china en el suministro de equipos para la 5G local. La Justicia anuló la exclusión de Huawei y las autoridades suecas decidieron entonces suspender la subasta.
Un problema más amplio puede nacer de esas frecuentes acciones antichinas del gobierno de Bolsonaro, por un anticomunismo resucitado de la época de la dictadura militar (1964-1985). El presidente, como antiguo militar, y los generales que componen su plana mayor se graduaron en la academia militar en los años 60 y 70.
China es el mayor importador de las principales exportaciones brasileñas: soja, hierro y petróleo. Es un comercio extremadamente desequilibrado, ya que Brasil importa casi solamente bienes industriales de la potencia asiática y capitales chinos son una presencia importante en este país sudamericano, especialmente en el sector energético.
Hay una interdependencia, ya que China necesita alimentar sus 1400 millones de habitantes. Pero trata de diversificar sus fuentes, fomentando el cultivo de soja en Tanzania y otros países africanos, por ejemplo.
Además la sumisión brasileña a la política estadounidense respecto a la potencia asiática se sustenta en la devoción de Bolsonaro al presidente Donald Trump, cuyo relevo por el demócrata Joe Biden desde el 20 de enero seguramente modificará, al menos en la forma, la conducción de Washington de las disputas con China.
ED: EG
- Extraído de IPS
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