La ex directora del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), Sonia Sena, denunció al matutino La Diaria, que renunció por falta de apoyo, recursos y potestades para implementar la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que constituye una señal preocupante de que se está debilitando el cumplimiento del derecho a la información. Al mismo tiempo, CAinfo ha tomado nota de una gran cantidad de casos en los que los organismos públicos declaran reservada información o no contestan a los ciudadanos, obligando a estos a recurrir a la Justicia con los costos y las demoras que implica para el ejercicio del derecho a la información.
Desde hace dos meses la Unidad de Acceso a la Información se encuentra desintegrada y no se conocen las bases del proceso de selección de un nuevo integrante del Consejo Ejecutivo de dicha unidad. Por la relevancia del cargo y el hecho de que la persona seleccionada debe hacer cumplir el derecho a la información de todos los ciudadanos, el proceso de selección debería ser abierto y transparente, como ocurre con todos los cargos vinculados a la defensa de derechos humanos.
Por otro lado, estos cargos en el Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública siguen siendo honorarios, lo que hace imposible trabajar full time en la diseminación y cumplimiento de la política de transparencia a lo largo de todo el Estado y puede volver a la política de acceso a la información una mera simulación. Preocupa en este sentido que la Rendición de Cuentas no incluya ningún tipo de recurso para fortalecer a la ya diezmada UAIP.
CAinfo recuerda que el 31 de julio se vence el plazo que le dio la ley (ya extendido una vez por la Ley de Presupuesto) a los organismos para presentar la lista de información declarada reservada y darla a conocimiento público.
En ese sentido en las últimas horas se conoció una lista de información clasificada como reservada y otra como confidencial de la Auditoría Interna de la Nación que en muchos casos es totalmente contraria al principio de máxima divulgación establecido por la ley de acceso a la información. Al barrer declara confidencial toda la información de Pluna y el casino Conrad, que funcionan con licencias estatales, y en el primer caso es ya un negocio fallido que está costando millones de dólares a los fondos públicos. Más inverosímil aún parece la declaración de confidencialidad de las retribuciones de los funcionarios de la AIN, que por obligación de la misma ley de acceso a la información que se invoca deben publicarse en la web del organismo.
Por otro lado el gobierno adhirió a la iniciativa para un Gobierno Abierto, que implica enormes compromisos asumidos con la transparencia, la publicación de bases de datos en forma proactiva, el acceso a la información y la participación.
De CAinfo
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