El 13 de julio se presentó, en la sala Maggiolo de la UDELAR, el informe «Muerte bajo custodia en el sistema penitenciario, Uruguay 2020», realizado por el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario.
El trabajo es un reporte médico legal desarrollado por los investigadores Santiago Cartazzo, Analía Alves y Hugo Rodríguez Almada, docentes de ese departamento de la Facultad de Medicina de la UDELAR.
El evento se transmitió en directo por el canal de YouTube de la Universidad. Además de los autores, hicieron uso de la palabra el rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, y el decano de la Facultad de Medicina, Miguel Martínez Asuaga. El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, doctor Juan Miguel Petit, fue el encargado de realizar las reflexiones finales del encuentro.
Investigación de calidad y acción con la sociedad
Arim dio la bienvenida al evento en la sala Maggiolo y celebró el retorno a una actividad presencial en ese espacio universitario luego de mucho tiempo. Destacó la importancia del trabajo presentado, «que tiene que ver con acuerdos interinstitucionales y sale al encuentro de la misión de la Universidad de la República de combinar en forma simultánea investigación de calidad y acción en la sociedad».
Señaló que el informe aporta elementos en clave de derechos humanos para conocer las condiciones de encierro, entender sus orígenes y las situaciones que desencadenaron en el fallecimiento de personas privadas de libertad (PPL).
Asimismo, destacó que el documento termina con una serie de recomendaciones hacia las políticas públicas «que tienden a mejorar la calidad de vida y el respeto a los derechos humanos». Manifestó que esta iniciativa va en la línea de la vocación de la UDELAR desde todos sus servicios de generar insumos para la toma de decisiones para el sistema carcelario, no sólo sobre las condiciones en que se cumple la privación de libertad, sino también del entorno de las PPL, como sus familias. «Esto es Universidad en el sentido más amplio del término y lo que defendemos», añadió.
Martínez coincidió al destacar la importancia de estos espacios de reflexión, que permiten establecer cambios. Agregó que el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene una importante experiencia en la comunicación sobre estos temas, y que «es y debe ser escuchado». Apuntó que estamos en una situación muy difícil, crítica, en todo el país, y en el contexto de penitenciaría los riesgos se incrementan.
Al presentar el informe, Cartazzo explicó que se enmarca en un convenio acordado de junio de 2020 (en proceso de concreción), entre la Oficina del Comisionado Parlamentario y su Departamento para estudiar las muertes bajo custodia en el sistema penitenciario en todo el país. En una etapa inicial se estudiaron las muertes ocurridas en 2020.
Cartazzo indicó que la muerte bajo custodia se define como el deceso de una persona bajo la custodia de la policía u otras autoridades, que ocurre en prisión o como resultado de las acciones previas a la detención. Estas «son muertes potencialmente ilícitas por acción u omisión del Estado, por lo cual deben ser rápidamente investigadas de forma adecuada». Apuntó que para realizar el reporte se basaron en el Protocolo de Minnesota, de referencia a nivel internacional para el trabajo forense en este tipo de muertes.
Violencias en el primer año
En el estudio se incluyeron todas las PPL por decisión judicial, fallecidas bajo custodia en el sistema penitenciario nacional entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020. Se consideraron los fallecimientos en aquellas alojadas en un establecimiento de detención o en un servicio de salud al momento del fallecimiento y se excluyeron las que estaban con prisión domiciliaria. Las fuentes de información fueron aportadas por la Oficina del Comisionado Parlamentario, actuaciones administrativas realizadas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, historias clínicas de los fallecidos, certificados de defunción, informe criminalístico cuando se contaba con él y la autopsia y los resultados de los exámenes complementarios.
Cartazzo aclaró que no se dispuso de todos estos documentos en todos los casos y que cada uno fue analizado por una junta médica de tres profesionales designados por el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las variables utilizadas para el estudio fueron la edad, sexo y género de las víctimas, así como el régimen de privación de libertad (preventiva o pena) que cumplían, los delitos por los que estaba en prisión y el tiempo de reclusión que llevaban. Para clasificar las muertes se consideraron las categorías muerte natural (la que se produce por patologías), violenta (por suicidio, accidente u homicidio), indeterminada, y por último la muerte con sospecha o evidencia fundada de negligencia institucional o falla asistencial en el centro de reclusión.
Cartazzo explicó que entre las causas de la muerte, la causa básica es la que más preocupa a los investigadores. Esta se define como el evento, la patología o lesión que desencadena el fallecimiento, (por ejemplo, una herida de arma blanca de tórax), aunque también se consideran una causa intermedia, una causa directa o final y estados mórbidos contribuyentes. Para el estudio se consideró además el lugar de la muerte (centro de detención, celda o espacio común, servicio de salud) y el momento en que ocurrió.
Entre los resultados del informe destacó que durante 2020 se reportaron 48 fallecimientos, 96% hombres y 4% mujeres; todas las personas fallecidas eran cisgénero, tenían entre 18 y 81 años y el promedio de edad fue de 38 años. En cuanto a la distribución geográfica de los fallecimientos, 28 fueron en Montevideo y 20 en el resto de los departamentos.
Cartazzo destacó que la mayoría de las muertes (34%) ocurrieron en el primer año de reclusión. El 71% de las muertes fueron violentas, 10% naturales y en 8% de ellas no fue posible determinar la causa. Dentro de las muertes violentas, el 50% (17) fueron de etiología homicida y 50% de etiología suicida. Respecto a los homicidios, se constató que la mayoría (71%) ocurrieron en espacios comunes de los centros penitenciarios, y la violencia más empleada (en el 76% de los casos) fueron las heridas penetrantes de arma blanca. Todos los homicidios fueron provocados por otras PPL, destacó. Respecto a los suicidios, la violencia más frecuente fue el ahorcamiento; estos ocurrieron con mayor frecuencia dentro de las celdas o en lugares comunes aislados de la circulación.
Sin condena
Alves se refirió a la dificultad que el equipo tuvo en el acceso a información sobre los casos estudiados, en particular a algunas historias clínicas y protocolos de autopsia, lo que evidencia que «es necesario que todas las instituciones involucradas cooperen y colaboren» para evitar fragmentación del sistema. Agregó que las características de la escala geográfica y demográfica del país deberían favorecer el estudio de cada una de esas muertes de manera fácil y rápida.
Respecto a los resultados del estudio, indicó que la predominancia de las muertes en hombres está en relación directa con su proporción en la población carcelaria. La distribución por grupos de edad muestra un perfil predominante de jóvenes o adultos jóvenes. Un resultado significativo en el estudio fue que al menos 44% de los fallecidos no tenían condena, cumplían prisión preventiva. Los delitos por los que las personas fallecidas estaban bajo privación de libertad son bastante representativos de la población carcelaria, indicó.
Las muertes naturales se debieron principalmente a patologías oncológicas, ante lo cual es válido cuestionar «si las personas portadoras de una enfermedad oncológica en estado terminal deberían estar recluidas en un centro penitenciario», señaló.
Durante el estudio se encontraron algunas fallas en la asistencia sanitaria de las PPL, entre ellas la falta de acceso a una historia clínica o directamente su inexistencia, así como también la imposibilidad de acceder a historias previas a la privación de libertad. Además, los internos enfrentan una dificultad muy importante para acceder a una consulta médica oportuna y a un posterior control y tratamiento de sus problemas de salud, afirmó Alves.
En el 10% de los fallecimientos el equipo halló elementos orientadores de algún tipo de negligencia institucional o asistencial con incidencia en la muerte. Alves detalló estos eventos; en algunos, las personas fueron asistidas pero probablemente mal valoradas, como un caso de fallecimiento por traumatismo craneoencefálico y otro que tuvo origen en una crisis asmática grave. Hubo otros en que las personas permanecieron sin vigilancia luego de un primer gesto suicida y horas después consumaron la autoeliminación, o bien no había guardia médica para asistir a la persona luego de autolesionarse.
En otros seis fallecimientos se constató la ausencia de información que permitiera determinar causa básica o etiología médico-legal de la muerte. Refirió algunos casos que podían vincularse con patologías previas, pero no fue posible conocer con certeza qué tratamientos habían recibido esas personas. En otros casos las PPL fueron halladas muertas pero los datos disponibles no permiten determinar si la causa básica de la muerte fue natural o violenta.
Auditorías
Por su parte, Rodríguez formuló algunas sugerencias que podrían ser de utilidad para la Oficina del Comisionado Parlamentario. En primer lugar planteó la idea de implementar un sistema de auditoría de muertes que permita a la oficina obtener la información sobre cada una de ellas en un plazo máximo de dos semanas. Uruguay ya implementó experiencias similares para las muertes que ocurren en menores de 15 años y para las muertes maternas, indicó, generando una recolección de datos que permitió mejorar las políticas. Agregó que en temas forenses «es muy importante que la auditoría sea rápida», en muertes sospechosas donde hay violencia es muy claro porque otros intereses pueden conspirar contra la determinación de la causa de la muerte.
También recomendó implementar un carnet de salud penitenciario, una ficha mínima obligatoria para todas las PPL que aporte información sobre su salud, acompañado de los controles y exámenes que se requieran. Esto permitiría que salten alarmas ante posibles trastornos y ayudaría a anticiparse a sus problemas de salud. Otra recomendación planteada por Rodríguez fue la de realizar controles sanitarios penitenciarios durante todo el periodo de reclusión, considerando que «estos resultados muestran que tienen que tener un énfasis importante en la salud mental y en el primer año de reclusión» de modo de favorecer la prevención del suicidio, afirmó.
Además, se deben «consensuar estrategias para lograr una acceso oportuno a los servicios de atención», tanto en el nivel primario como secundario y terciario. A menudo los internos que tienen una enfermedad conocida pierden oportunidad de realizar los controles médicos necesarios debido a trabas burocráticas u organizacionales, indicó Rodríguez.
Para esto opinó que sería ideal contar con una historia clínica electrónica disponible en todo el sistema, y no fragmentada en diferentes establecimientos donde la PPL ha transitado, como ocurre hoy.
Para el equipo a cargo del estudio se debería valorar a aquellas PPL con enfermedad crónica o terminal a través de juntas médicas, para establecer si, aún accediendo a una atención oportuna, es adecuado que cumplan su pena en un centro penitenciario.
Por otra parte, apeló a buscar «mecanismos realistas y creativos» en favor de la protección de los derechos de los internos: sugirió ofrecerles la firma de un consentimiento informado para autorizar o negar el acceso a su historia clínica a la Oficina del Comisionado Parlamentario e instituciones de control en materia de derechos humanos. Agregó que la confidencialidad que rige para el acceso a la información personal sobre salud impidió aclarar las causas de varios fallecimientos incluidos en el estudio.
Para finalizar señaló que diez de las muertes consideradas en este informe presentan elementos sugestivos importantes de negligencia a nivel institucional o asistencial. El equipo de investigadores espera que puedan ser objeto de una investigación circunstanciada y profunda a instancias de la Oficina del Comisionado Parlamentario y se pone a la orden para seguir adelante en el estudio de cada una de ellas.
Líos de personas
Tras la presentación, Petit sostuvo que «toda muerte en custodia es sospechosa de criminalidad, de omisión o negligencia del Estado, salvo que se demuestre lo contrario». Recordó que su oficina comenzó a trabajar intensamente en este tema en 2016, cuando se observó que la difusión pública sobre estas situaciones era cada vez más limitada. En ese momento no había siquiera un registro oficial de muertes de personas en cárcel, se notificaba al fiscal pero no se realizaba ninguna investigación administrativa, indicó.
La oficina elaboró un primer trabajo de indagación divulgado en 2018 que tuvo conclusiones reveladoras: casi todas las personas que murieron en prisión fallecieron sin recibir tratamiento (educativo, laboral, pedagógico, de sus adicciones), es decir, «el Estado en general había estado omiso», expresó Petit. Añadió que «es un tema muy duro, es un tema de décadas, estructural del país y nunca debe ser usado como un arma arrojadiza porque debajo de esto hay un subestado».
Acotó que el sistema carcelario y sus servicios de salud se mantienen en base al esfuerzo de muchos funcionarios, operadores penitenciarios y policías, que «tratan de evitar males mayores». También se sostiene por el esfuerzo de los presos, que arreglan celdas, motores, cerraduras, construyen, pintan, limpian cloacas, cocinan, trasladan los heridos, afirmó Petit. No obstante, el sistema penitenciario tiene un enorme problema derivado de la debilidad de la intervención técnica, «sigue con la visión punitiva y olvida la disposición constitucional de asegurar al preso para su reeducación», aseguró.
«El rol de la policía y la seguridad es un medio para este fin, si no se cumple ese fin esta intervención no tiene sentido», expresó, la escasa intervención técnica «genera una distorsión donde la convivencia está afectada» y da lugar a hechos violentos, que a veces llegan a extremos como los fallecimientos.
Petit entiende que resulta difícil comparar la situación carcelaria de Uruguay con la de otros países, pero «parece claro que tenemos un sistema violento, donde la muerte y el suicidio tienen una representación muchísimo más alta que en la población general».
A esto se agregan, en una proporción mayor que en la población general, otras violencias como las heridas y sus secuelas, las extorsiones, los abusos sexuales, las amenazas a la familia.
En todos estos casos se trata de «personas que son agredidas por otras, entonces hay una omisión del Estado, este es responsable y tiene que resarcirlos», sostuvo. Recordó que nuestro país está adherido a tratados internacionales específicos en esta materia que le confieren la responsabilidad de rehabilitar frente a situaciones de tortura, trato humano cruel o degradante.
Al respecto, citó el ejemplo de un joven interno que en su celda recibió un fuerte golpe en la cabeza, quedó con heridas paralizantes y hoy en día tiene muchas dificultades debido a un contexto familiar de pobreza que le impide acceder a centros de salud y rehabilitación. «Es inevitable intercambiar a partir de hechos concretos y vivencias, de qué manera enriquecer las políticas», expresó.
El Comisionado parlamentario agregó que con frecuencia en la sociedad se define a estas situaciones como «líos de presos». «No son líos de presos, son líos de personas, líos de ciudadanos que se expanden y repercuten en toda la sociedad», sostuvo, la circulación social de la violencia «tiene distintas paradas sobre las cuales se puede trabajar, una de ellas es la privación de libertad, donde el Estado tiene una enorme oportunidad de intervenir», apuntó.
Destacó que se vienen haciendo cosas buenas en el sistema penitenciario, como la reforma carcelaria que comenzó en 2010 y la introducción de la perspectiva técnica en el INR, entre otras iniciativas. No obstante aclaró que el mal y los problemas continúan, la población carcelaria en Uruguay crece a un ritmo de 12% por año, un crecimiento que no se ve en la población del país ni en casi ninguna otra institución. Por tanto «algo nos está pasando», reflexionó, y cuestionó si la prisionalización es una solución «¿es una buena noticia que haya muchos presos y por eso va a haber menos delitos?». Es por lo menos discutible, afirmó.
Más presos, más delitos
Para Petit hay un punto de equilibrio en el sistema, pero cuando éste se rompe, «más presos, significan más delitos». En su opinión se encarcela a una cantidad de personas por delitos leves, que no son de sangre ni implican daños físicos ni afectivos, que en la cárcel van a encontrar un montón de problemas, de salud, de violencia, de generación de grupos delictivos, entre otros, como ha pasado y preocupa en todo el mundo. «No es una buena noticia que Uruguay esté en el puesto 15 entre 222 países, en cantidad de población penitenciaria», manifestó, y en retroceso, dado que hasta hace poco tiempo nuestro país estaba por debajo del lugar 20, apuntó.
Según Petit el problema radica en que el sistema «es gigante y por tanto infinanciable», hoy y desde hace tiempo el hacinamiento está presente en prácticamente todos los centros penitenciarios y además, con esta tendencia, en 2024 Uruguay estaría llegando a 19.000 presos. «¿Es razonable construir diez cárceles más?», reflexionó, «por lo menos es discutible y discutirlo en clave de política de Estado y con evidencia es muy importante».
Opinó que para realizar este análisis es necesario desprenderse de los sentimientos que despierta el delito, sabemos que «el delito agita los sentimientos y nubla la razón», que puede generar traumas y heridas, a veces irrecuperables.
Frente a estas situaciones «la rehabilitación no es lo primero que sale del pecho porque somos humanos», el instinto de venganza y supervivencia es el primero que se manifiesta. Agregó que en democracia es fundamental rendir cuentas por nuestras acciones pero la prisión «no es la única rendición de cuentas posible».
Petit sostuvo que es necesario repensar el sistema y la ejecución penal, y adoptar las medidas sustitutivas a la prisión como parte de un sistema. Hoy el país se acerca a los 14.000 privados de libertad y las 10.000 personas con medidas alternativas, pero atendidas por un grupo de solo 20 técnicos. Cuestionó las modificaciones normativas que van en la dirección del aumento de penas y la expansión de figuras delictivas, cuando en delitos leves es más razonable pensar en medidas alternativas como la prisión domiciliaria con seguimiento, el tratamiento o la rehabilitación, con asistencia a la situación social.
Asimismo marcó como un logro histórico para la oficina y para el Parlamento, contar con el apoyo de la UDELAR y concretar este acuerdo de trabajo que permitirá tener «una visión de calidad sobre un tema tan complejo». Informó que el reporte sobre este trabajo se adjuntará al informe anual correspondiente a 2020 que presentará su oficina el 29 de julio ante los parlamentarios. «Las recomendaciones que ustedes hacen son todas absolutamente compartidas por nuestra oficina», acotó Petit.
Entre las mejoras que aún necesita el sistema penitenciario mencionó la de la asistencia médica. «Sin duda que las políticas sociales tienen que entrar a la cárcel», expresó, estas incluyen la presencia de ASSE, de modo que dentro del sistema se despliegue asistencia en áreas como la salud mental, en la que hay muchos problemas por resolver.
Observó que numerosas personas, si bien cometieron delitos, cumplen prisión con afecciones mentales persistentes que requieren servicios de tratamiento y monitoreo propios de una sala psiquiátrica. «Hay mucho por hacer y pasa por una decisión institucional de conectar el presupuesto de ASSE también al servicio penitenciario», sostuvo.
«Es un tema duro, nos gustaría reportar menos muertes en prisión, menos heridos, menos amenazas, menos extorsiones. Creo que eso pasa por tener una redimensión del sistema y ojalá tener grupos de estudios multidisciplinarios sobre el tema, con múltiples visiones, pueda ser la llave para ir a un sistema penitenciario sea también una plataforma de ciudadanía y en el que las muertes en prisión no sean reveladoras de problemas tan profundos», concluyó Petit.
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- De Portal UDELAR
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