MONTEVIDEO (Uypress) – Un pedido de información pública solicitado por semanario Búsqueda indica que el sector que acumula mayor cantidad de multas es el forestal, que la mayoría de las sanciones no pasa las 200 unidades reajustables pero que hay algunas que superan las 1.000 unidades reajustables y que la extracción de tosca y el vertido de líquidos son las acciones más identificadas.
La sanción por incumplimiento ambiental más alta en 2023 fue sobre la firma “Ramón C. Álvez”, que debió pagar más de 3,2 millones de pesos por la extracción de piedra y tosca por fuera del terreno habilitado y por contravenir las pautas de gestión ambiental que la propia empresa había presentado. Estaba construyendo obras viales contratadas por el Ministerio de Transporte.
Pero el pedido de acceso a la información pública también señala que al momento hay 463 resoluciones del Ministerio de Ambiente con sanciones ambientales. Los más habituales fueron sintetizados por el semanario: obras sin autorización, incumplimiento a normas sobre residuos, vertido de líquidos sin tratamiento sobre cursos de agua, evasión de las regulaciones que protegen a la vida silvestre.
El medio informó que la empresa que acumula más cantidad de sanciones es UPM y el complejo forestal e industrial que la compone. Forestal Oriental acumula 13 sanciones. La administradora de fondos EF Asset Management suma 12. Cuecar S.A. y Blanvira S.A. tienen 10. Estas cuatro empresas son de UPM.
En la lista de cuatro empresas, la última es ANCAP, con 7 sanciones. En 2022 pagó 2,4 millones de pesos, unas 1.200 unidades reajustables, por un derrame de combustible sobre el arroyo Pantanoso.
Pero la multa más alta recayó sobre el gremialista argentino Marcel Balcedo, hoy en prisión por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas. Debió pagar 3.000 unidades reajustables, unos 4,3 millones de pesos, más 6.000 unidades reajustables, aproximadamente 8,6 millones de pesos, por doce tajamares no autorizados en su chacra.
A Paycueros le aplicaron una multa por 1.000 unidades reajustables, unos 1,32 millones de pesos, por derrame de lodo fisioquímico. Junifer S.A. pagó 2,1 millones de pesos por mala gestión de baterías de plomo-ácido y por acopio de chatarra en instalaciones no autorizadas.
Y, además de la extracción de tosca, otra de las sanciones habituales fue la captación y uso de aguas del dominio público mediante obras de almacenamiento sin permiso o concesión.
OSE acumuló cuatro multas, la Administración Nacional de Puertos y UTE tienen una. Y hay intendencias junto al Ministerio de Transporte sancionadas por obras relativas al proyecto del Ferrocarril Central.
- UyPress – Agencia Uruguaya de Noticias
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