Comenzó el relevamiento de las existencias de plaguicidas obsoletos y vencidos mediante una encuesta nacional en Internet, cuyos datos servirán para la elaboración de un plan final de reducción y eliminación. La consulta comenzó el martes 9 y se podrá completar hasta el 23 de setiembre. La iniciativa forma parte de un plan para la gestión de estos elementos, que cuenta con el apoyo de la cooperación internacional.
En el marco de este proceso se lanzó, junto a la Asociación Civil Campo Limpio, una encuesta sencilla y voluntaria que permitirá relevar e identificar la existencia, el estado y la procedencia de plaguicidas obsoletos y vencidos.
En esta primera etapa, las existencias identificadas serán conservadas por el propietario en condiciones seguras, hasta coordinar su eliminación de forma ambientalmente adecuada. Con el aporte de todos aquellos que la completen, se dimensionarán los esfuerzos requeridos para su eliminación prevista para 2017, a través del Plan de Existencias de Plaguicidas Obsoletos, según el Decreto 152/013.
En caso de contar con este tipo de existencias, se exhorta a la población a colaborar completando la encuesta que aparece en el sitio web del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, donde se discrimina la posesión de Plaguicidas, Endosulfán o Sulfuramida. El plazo será hasta el 23 de setiembre del corriente año. El aporte de todos los actores influirá en la planificación de las posibles soluciones.
Este proyecto se realiza gracias al trabajo conjunto de los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Ganadería y Agricultura y de Salud Pública, en el marco de un proceso de trabajo que incluye la participación del sector público, privado, academia y sociedad civil.
Este proyecto de fortalecimiento para la gestión de plaguicidas (GCP/URU/031/GFF) cuenta con la financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura.
Además del Plan se apunta a fortalecer el marco legal y la capacidad institucional para la gestión racional e integral de plaguicidas a lo largo de su ciclo de vida; el monitoreo ambiental y la respuesta a riesgos derivados de plaguicidas peligrosos, entre otros aspectos.
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