Las medidas planteadas por los últimos dos gobiernos nacionales desde 2014 respecto a los arroceros incluyen la electrificación rural, investigación, desarrollo de fondos de cultivos, descuentos en tarifas de UTE para regantes e industriales, beneficios para el sector industrial, mesa de trabajo público-privado y sistemas de garantías. Entre inversión y renuncia fiscal, el monto ronda los 90 millones de dólares.
El documento elaborado por el gobierno de Tabaré Vázquez detalla que, en relación a electrificación rural, se concretó el tendido de 941 kilómetros y 134 conexiones, con una inversión aproximada de 19 millones de dólares. En recursos anuales para la investigación del arroz que se desarrolla en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), se destinaron 4 millones de dólares.
Por su parte, el fondo de financiamiento del llamado Fondo Arrocero 4 alcanzó a 60 millones de dólares, de los cuales 40 millones fueron aportados por el Banco República. El descuento del 15 % en la energía eléctrica para la producción agrícola que utiliza sistemas de riego derivó en una renuncia de facturación de aproximadamente 2,5 millones de dólares.
El documento enumera que el descuento del 15 % para empresas industriales del sector arrocero entre marzo y mayo de 2018 y 2019 consistió en una renuncia de alrededor de 500.000 dólares. En cuanto a la investigación entre la Agencia Nacional de Desarrollo y la Asociación de Cultivadores de Arroz, indica que la inversión fue del entorno de los 200.000 dólares.
En relación a la tarifa general de hora estacional, especifica que se abarató la energía en horario central durante setiembre, octubre y noviembre. En cuanto a los beneficios para la industria, detalla que se relaciona con las medidas de eficiencia energética durante 2014 y 2015.
Además, puntualiza que el descuento en la energía eléctrica para las empresas industriales electrointensivas y exportadoras fue del 25 % para las que mantengan o aumenten su producción física (de setiembre de 2017 a agosto de 2019) y beneficios para las que incrementen su volumen.
En tanto, el Sistema Nacional de Garantías para empresas arroceras (SIGA) fue destinado a créditos de hasta 6 años y ofrece garantías ante instituciones financieras por hasta el 60 %.
Asimismo, el Gobierno adoptó medidas adicionales para el sector arrocero en junio de 2019, tales como descuentos en energía eléctrica, certificados de la Dirección General Impositiva, cambios en el SIGA y refinanciación en el Banco de la República Oriental del Uruguay.
También se configuró una mesa de negociación durante julio y agosto, en la que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Ganadería, propuso la creación de un nuevo fondo arrocero con un monto total de 22 millones de dólares por pagar mediante una retención adicional de entre el 1 y el 2 % y con un año de gracia para el repago.
Posteriormente, y en la misma línea de trabajo, se agregó a la propuesta del fondo arrocero un subsidio específico para productores chicos, que consistió en el subsidio por parte del Estado del 50 % en la cuota a contribuyentes del impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios (Imeba), que, según los datos para la devolución actual del gasoil, involucraría a aproximadamente el 37 % de los productores.
El informe finaliza con la explicación del porqué se respondió en forma negativa a dos propuestas de la Asociación de Cultivadores de Arroz referentes al impuesto al consumidor uruguayo de arroz y la eliminación del fideicomiso del gasoil para el sector arrocero.
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