Disparos, lanzamiento de huevos y piedras, carreteras bloqueadas y otras formas de agresión contra políticos y periodistas en las últimas semanas generaron el temor de que la violencia agrave la incertidumbre de las elecciones de octubre en Brasil. Antes de ingresar a la cárcel, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue el principal objetivo, durante la caravana que encabezó por los tres estados meridionales del país, cuando sufrió ataques de adversarios que culminaron en tiros contra dos autobuses de la comitiva el 27 de marzo, sin dejar heridos.
En contrapartida, las manifestaciones de apoyo a Lula en los días previos a comenzar a cumplir su condena de 12 años, el 7 de abril, apuntaron a los periodistas.
En pocos días hubo “17 casos de agresión, intimidación y cercenamiento de la actividad profesional”, señaló laAsociación Brasileña de Prensa (ABI, en portugués), en nota oficial de protesta.
La amenaza a la libertad de expresión afecta así tanto a los periodistas como a los políticos, víctimas de hostigamiento en los meses previos al comienzo oficial en agosto de la campaña electoral para los comicios presidenciales, legislativos y regionales.
“La tendencia, en los últimos años, fue de reducción de la violencia contra periodistas”, reconoció Maria José Braga, presidenta de laFederación Nacional de los Periodistas (Fenaj).
En 2017 se registraron 99 casos de agresiones contra periodistas, 38,5 por ciento menos que en 2016, cuando hubo 161 actos de violencia, según el informe anual de la Federación sobre violencia en el sector.
En realidad se volvió al nivel anterior a 2013, cuando la cifra se elevó a 181 ataques, contra 81 en el año anterior. El brote coincidió con masivas protestas, extendidas por todo el país, contra los pésimos servicios públicos urbanos, que se transformaron en su parte final en violentas.
“En 2018 tenemos un escenario político distinto, en la práctica con el país en estado de excepción, de cuyo ejercicio participa el Poder Judicial y parte de los medios de comunicación, y eso puede resultar en aumento de las agresiones contra periodistas”, teme Braga, dijo Braga a IPS.
La presidenta de Fenaj comparte la opinión de gran parte de la izquierda, especialmente del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula y que gobernó el país entre 2003 y 2016, de que la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff hace dos años supuso un golpe de Estado, con la complicidad de jueces y los grandes medios de comunicación.
“Desde entonces, las instituciones y el Estado de derecho están sujetos a amenazas, incluyendo la libertad de expresión, los movimientos sociales, la sociedad en general, y eso es un factor de más violencia”, sostuvo la periodista.
“La principal fuente de agresiones contra periodistas desde 2013 es el Estado, sus fuerzas de seguridad, además del Poder Judicial con acciones que cercenan la libertad de prensa”, observó.
La policía es la principal ejecutora de esas violencias hace muchos años, respondiendo por 19,2 por ciento del total, se recoge en el informe de 2017 de Fenaj.
Dos periodistas detenidos por la Policía Militar, uno al cubrir un accidente de tránsito en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul, y otro por registrar la manera como agentes trataban a sospechosos de acoso a una mujer en Vitoria, capital del estado de Espírito Santo, son ejemplos mencionados.
A la policía siguen como agresores los políticos, en ocasiones a través de sus asesores, seguido de autoridades judiciales, que usan su poder para restringir la libertad de prensa.
“Estamos ahora, a seis meses de las elecciones, en el punto máximo de las tensiones políticas”, que amplían abusos, violencia y temores, evaluó Fátima Pacheco Jordão, socióloga especializada en opinión pública.
“La fuerte polarización entre izquierda y derecha, agravada por el enorme rechazo al gobierno del presidente Michel Temer y las indefiniciones electorales, acentúa el pesimismo, pero cuando se definan los candidatos encauzando el proceso electoral bajarán las tensiones y la violencia”, dijo Jordão a IPS.
En términos generales, “las elecciones ayudan a la libertad de expresión, reducen la censura en los diarios y noticieros televisivos”, consideró. Pero cuando no es así, lo que sucede es que se aviva la violencia y esta puede llegar a impedir las propias elecciones, “lo que es peor para todos”, acotó.
La ausencia de Lula, que legalmente quedó inelegible tras la condena confirmada por un tribunal de apelación, “reduce la polarización porque él sale en un momento de descenso (de su peso dominante en la escena política), su PT viene perdiendo fuerza electoral hace varios años”, arguyó.
Los partidarios de devolver a la presidencia a Lula, cerca de 35 por ciento de los encuestados según los sondeos, “se dispersarán por varios candidatos posibles, no solo de izquierda”, cuando se confirme que el expresidente estará fuera de la disputa, apuntó la socióloga.
Para Jordão, ello confirma que la popularidad de Lula se debe a su liderazgo personal más que a una idea o programa de izquierda, al apuntarlo en los sondeos como la principal opción electoral.
Además, la sociedad de este país de 208 millones de personas, se escoró a posiciones más conservadoras, como evidenció que 60 por ciento no aprobó ideas progresistas en encuestas recientes, comentó.
Un cambio que, a su juicio, “parece natural en países ricos, como los europeos, pero no en Brasil, con tanta desigualdad, violencia contra las mujeres y violaciones de derechos, donde la voz de la sociedad está fuera de los partidos que no contemplan sus más extendidas demandas”.
La violencia contra políticos y periodistas llega a veces a ser letal. Una víctima que conmovió el país fue Marielle Franco, concejala del izquierdista Partido Socialismo y Libertad en Río de Janeiro, asesinada a tiros el 14 de marzo, cerca del centro de la ciudad.
El motivo aparente fueron sus denuncias de crímenes cometidos por policías contra comunidades pobres cariocas, mientras las investigaciones no han avanzado en esclarecer la liquidación de esta lideresa emergente de la renovación política.
“La violencia suele ocurrir más en las elecciones municipales que en las nacionales o estadales (regionales)”, destacó Felipe Borba, profesor de Política en la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro y autor de un estudio que identificó 79 candidatos asesinados en Brasil de 1998 a 2016.
De ellos, una mayoría de 63 se postulaban para conformar los concejos municipales de pequeñas ciudades.
Las elecciones de este año deberían ser menos violentas porque se escoge a los jefes de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el país y los estados, pero la situación “es imprevisible, ante la polarización entre corrientes ideológicamente opuestas, que fomenta agresiones”, señaló a IPS.
“Dependerá de la actitud de candidatos más radicales, que pueden incitar animosidades”, matizó, mencionando el caso de Jair Bolsonaro, candidato de extrema derecha que aparece en segundo lugar en las preferencias electorales en los sondeos, donde Lula sigue favorito tras entrar en prisión.
Se trata de un capitán retirado del Ejército que defiende abiertamente a la última dictadura militar (1964-1985), incluidos sus torturadores.
Resulte como resulte, que la libertad de expresión suele ser una víctima de la violencia electoral, así como de la represión policial contra manifestaciones políticas, se comprueba con el notorio incremento de agresiones sufridas por periodistas en 2013 y 2016, año de multitudinarias protestas callejeras en Brasil.
Edición: Estrella Gutiérrez
Mario Osava (IPS)
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