El 29 de marzo de 2012 se presentaron ante el Juzgado Letrado de Tacuarembó las primeras denuncias por la violación de los derechos humanos entre el año 1972 y hasta el final de la dictadura cívico militar, otras se presentaron en el mes de abril y las restantes ingresaron en agosto del mismo año, lo que completaron un total de 32 expedientes. La Juez Letrada actuante en el momento era la Dra. Virginia Ginares, hoy cumpliendo funciones en el Juzgado de Colonia. TACUAREMBO 2030 dialogó con el abogado que atiende las causas, Dr. Clay Espinosa, quien respecto al carácter de las denuncias, especificó que “en el entendido que se conceptualiza los delitos comprendidos entre el año 1972 hasta fin de la dictadura,
que determinados delitos no son delitos comunes de aquel período sino que son delitos que encuadran en la lesa humanidad, se denuncian una serie de delitos como abusos de funciones, abuso de autoridad contra detenidos, básicamente en todas las denuncias presentadas hay privación de libertad y torturas, hasta delitos económicos como son las apropiaciones de bienes de los detenidos. Pueden conceptualizarse dentro de lo que es la lesa humanidad porque se originaron desde el Estado”. Las denuncias presentadas corresponden a personas de ambos sexos.
Jurídicamente, ¿en que se amparan para presentar las denuncias?
-En un principio se tuvo en cuenta la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad, la cual fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, pero no es el único fundamento de derechos de las denuncias presentadas, ya que se invoca el Pacto de San José de Costa Rica, la conceptualización internacional de lo que se considera delitos de lesa humanidad y una serie de argumentos y normativas. Sobre todo ese concepto de lesa humanidad que una vez conceptualizado implica que no pueden prescribir, lo cual se pueden presentar en cualquier momento. Cierto que la aprobación de la Ley en aquel momento dio nuevos bríos a que estas cosas se presentaran, aunque en realidad podrían haberse presentado con anterioridad, fundamentándonos en el derecho internacional y que nuestro país accedió a ratificar esos convenios internacionales y parte de organizaciones como ONU y la OEA.
El profesional del derecho sostuvo que las denuncias presentadas están “en la etapa de instrucción presumarial, se están diligenciando pruebas, no han declarado testigos aun, pero si se han hecho pericias, se hizo la inspección judicial, se han librado oficios pidiendo información.” También agregó que se espera la culminación de la etapa probatoria, la declaración de testigos “y que en última instancia se cite a los denunciados, sin perjuicios a que se pueda adelantar una situación.” Afirmó que “lo presentado son denuncias penales, lo que se busca es responsabilidad penal”, pero además se pretende “determinar documentalmente” la constatación que en el Cuartel Nº5 de Caballería “se torturó a decenas de ciudadanos, lo cual sabemos que es real y se va a probar”. Espinosa confirmó que dentro de las acusaciones aparecen nombres concretos “los cuales han sido confirmados dentro de las nóminas dadas por el Ministerio de Defensa respecto de todas las personas que en el período denunciado revistaban en las filas de dicho cuartel”, y que algunos todavía residen en Tacuarembó.
¿Qué próximos pasos se piensan dar en el expediente?
-Son una cantidad de expedientes y todos se están llevando por separado, quizás en un futuro se pueda juntar las causas. Lo que vamos, a medida que podemos, en la instrucción sumarial, colaborando cada vez que se nos pide. Quien lleva las denuncias, una vez que ya se presentaron y se ratificaron, quien tiene el impulso de los trámites es el Ministerio Público y el juez de la causa.
Al Dr. Espinosa le consta que los hechos acontecidos en Tacuarembó sucedieron en todo el país en dicho período. Pero en relación a las denuncias, este “es el primer caso que surge espontáneo” y recordó que “quedó un montón de gente que por motivos personales no quiso formularlas, muchos más de los denunciados”, en realidad toda la sociedad fue “dañada por este tipo de práctica” señaló. El facultativo considera que la declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de los Arts. 2 y 3 de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad afecta las denuncias presentadas, “Una en la parte sicológica, una persona que evalúa si denuncia o no denuncia lo que le pasó en el aquel período tiende a no hacerlo y después las denuncias que ya están en trámite una de las normas que se invocaba en Tacuarembó es, precisamente, la Ley que fue declarada inconstitucional, si bien no es el único fundamento de derecho” agregó. Pero no obstante esa situación el expediente continúo su trayecto legal, “lo cual hay que resaltarlo, porque perfectamente el Juez de la causa pudo haber enviado todos los expedientes de Tacuarembó de oficio a la Corte para obtener una declaración de inconstitucionalidad, lo cual no lo hizo y los dos representantes del Ministerio Público del departamento han tenido la iniciativa de seguir instruyendo estas causas pese a los fallos conocidos” y estimando que ”que si en algún momento van a la Corte será por iniciativa de los denunciados”
Si se presentan nuevas denuncias ¿van a seguir el mismo trayecto de las ya presentada? A pesar de la declaratoria de la Suprema Corte de inconstitucionalidad.
-Si, seguramente no se fundamentará en esos artículos. Se pondrá el énfasis en la normativa internacional. Seguirán el mismo trámite con alguna peculiaridad,
El abogado aclaró que no se tiene conocimiento si alguno de los denunciados ha realizado alguna gestión con abogados, “lo que si se sabe es que hubieron militares que presentaron inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, la que fue inadmisible porque lo hicieron sin que siquiera hayan sido citado a declarar. No sabemos si entre eso hay alguno de los denunciados nuestros”, especificó.
Los 32 expedientes judiciales en marcha por denuncias de violación de derechos humanos en Tacuarembó durante el período comprendido desde 1972 hasta el final de la dictadura cívico militar, son instruidos en la causa por los fiscales en el Ministerio Público, Dres. Renee Primiceri y Rodrigo Morosoli. Actualmente el titular del Juez Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó es el Dr. Gonzalo Arzuaga.
En cuanto a la actitud de la sociedad ante estas acusaciones, el representante legal de los denunciantes considera que la colectividad local ha dado recientemente una “muy buena señal” con la asistencia a la denominada Marcha del Silencio que se llevó a cabo el 20 de mayo último por “que si bien nació focalizada en los detenidos desparecidos” hoy “abarca todos los daños a los derechos humanos, a la colectividad en general, que provocó aquel período” consideró.
Autoridades del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó y ex presos políticos realizaron, recientemente, una prueba visual en instalaciones del Cuartel del Regimiento de Caballería Mecanizada Nº5 con instalaciones en las cercanía de la capital departamental.
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