Los empleados de la Intendencia de Tacuarembó (IT) son de los municipales que cobran salarios más bajos. Además muchos de ellos están endeudados en cifras increíbles con su propio sindicato. Una serie de irregularidades en el gremio de la comuna norteña, que incluyen altos sobrecostos en órdenes de compra y préstamos, tienen a un gran número de empleados como rehenes, y colocaron a ADEOMT en la mira de la justicia. Suena el teléfono y Paola atiende. Una voz masculina amenaza: “Tené cuidado con tus hijos en la calle”. E insiste. Se refiere a los dos hijos que tiene con su ex esposo, el edil tacuaremboense Carlos Rodríguez, que en marzo de este año denunció en la media hora previa de la Junta Departamental de Tacuarembó las irregularidades en ADEOMT.
La amenaza ocurrió en abril, y al día siguiente de que hiciera la denuncia la puerta de su auto amaneció dañada. Ambas situaciones fueron denunciadas en la justicia. Este asunto, que era un secreto a voces en el “pago más grande de la patria”, explotó en agosto de 2013 con una denuncia penal presentada por Luis Rubido, ex integrante del sindicato, en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó.1
CASO 1 – “Valderrama” estaba con un compañero, y un vecino que se arrimó a ayudar, colocando una bomba de agua en Caraguatá. Mojados, tocaron con uno de los caños que estaban manipulando un cable de 15 mil voltios. Cuando se despertó se encontró con la noticia de que el vecino había muerto. A él, su amigo lo había asistido como pudo, y los dos habían nacido de vuelta.
“Acá me entró la corriente”, dice, y señala las marcas en la rodilla. La energía que se descargó furiosamente sobre los tres lo había atravesado. Pero mientras él estaba “quemado por dentro”, “ni de la jerarquía de la Intendencia, ni de ADEOMT, en ningún momento llegó nadie a mi casa ni me llamó por teléfono para preguntarme si necesitaba algo o si tenía para comer”, enfatiza. Por el contrario, ahí empezó su martirio con el sindicato. “Cuando tuve ese accidente se me generó una deuda de 37 mil pesos, porque pasé tres meses sin pagar y no me podían descontar porque cobraba en el Banco de Seguros. Ahí me llamaron para hacerme una refinanciación. Me la hicieron en 36 cuotas de 6.277 pesos. Después de eso yo pedí un préstamo de 12 mil pesos, me dieron 8 mil y me descontaron 15 cuotas de 2.875 pesos.”
El costo de los intereses es tan alto, que en la respuesta que envió el Banco Central del Uruguay a un pedido de informes tramitado por el diputado frenteamplista Edgardo Rodríguez, para saber si este tipo de operaciones se encuentra o no dentro de la legislación vigente relativa a la usura, se detalla: “Con los elementos aportados, considerando solamente que un préstamo de 36 mil pesos (en el caso de Valderrama no es un préstamo sino una refinanciación) se repague en 36 cuotas de 6.227 pesos, se identifica que la tasa implícita del crédito estaría muy por encima de los topes vigentes, dispuestos por la ley 18.212”. Y agrega: “Tal es el exceso entre la tasa implícita y los topes, que entendemos puede estar faltando información adicional de los elementos que conforman el crédito”. La cifra total de la refinanciación alcanza los 224.172 pesos.
En el caso de Valderrama la refinanciación y el préstamo son solamente una parte de las deudas. El resto son deudas por órdenes de compra en comercios. “Yo sé que pagaba dos o tres veces las cosas, pero a mí me servía porque era la única forma de poder tener algo”, explica. Así le compró una moto a su hija como regalo de 15 años. Con un costo cercano a mil dólares, todavía está pagando las 36 cuotas de 2.870 pesos que le retiene ADEOMT.
Como capataz general del Plan de Desarrollo de Áreas Rurales de la Intendencia, con seis personas a cargo, gana 17.166 pesos, de los que en abril de este año recibió 8.310. En la casa de Valderrama viven ocho personas: “Tengo mi cuñado que es sordomudo, mi suegro sentado ahí que es ciego, y mi cuñada ahí adentro que es ciega, porque murió mi suegra y mi mujer se hizo cargo de los hermanos y el padre. Tengo una gurisa de 15 años, y un gurí de 8 años”.
Pero él no odia. “Yo más de lo que tengo no puedo pedir a Dios, tengo salud, una preciosa familia, con un problema u otro, pero siempre voy saliendo adelante”, dice, y cierra: “Lo que me pasó a mí no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ni a ellos mismos. Te lo digo sinceramente, no quisiera que ninguno fuera preso, porque yo duermo tranquilo, ellos no. Dejalos, que Dios los ayude y a mí no me desampare”.
CASO 2 – Es tiempo electoral, y mientras el intendente Wilson Ezquerra llega al Centro de Barrio número 4 para “recibir inquietudes de los vecinos”, y que éstos “hagan llegar sus planteamientos de interés”, en la biblioteca del centro está Elsa, que sigilosa saca del cajón de su escritorio un sobre azul de plástico. Allí guarda los estados de cuenta que le entrega ADEOMT, así como sus recibos de sueldo.
“Un día no tenía para comer acá, y era el cumpleaños de una nieta –relata–. Voy al ADEOMT a buscar una orden de 500 pesos para hacer una torta y comprar alguna cosa. Cuando voy a firmar, era marzo, el papel decía agosto. Le digo a la funcionaria: ‘No, Alicia, está mal, arreglame, porque la orden es de marzo’. ‘Poné así y te callás la boca’, me dice. Yo fui y esperé a (Óscar) Pedrozo (entonces presidente de ADEOMT) y le pregunté: ‘¿Por qué es eso?’. ‘Si querés llevá, y si no no levantés’, me contestó. Mi esposo fue y averiguó en el comercio a ver si yo debía algo, y le dijeron que no debía nada. Yo sin comprar seguía debiendo. Me cobraron hasta octubre todos los meses 500 pesos. Ahí empecé a darme cuenta de que me cobraban cosas raras.”
Elsa cuenta que fue en enero del año pasado a hablar con Pedrozo y éste le dijo: “Bueno, sos tan pesada que te voy a solucionar el tema”. Elsa le contestó: “Bueno, yo quiero que me solucionen, porque mi marido me judea, y me maltrata porque dice que estoy regalando la plata acá, me dice muchas cosas, y yo la paso mal”. La solución de Pedrozo fue un préstamo. Elsa dice no recordar con precisión si firmó o no, pero afirma que el presidente del sindicato le dijo: “Venite el sábado de mañana y esperá afuera que el Gordo Richard (Correa) te va a dar 20 mil pesos”. Pero cuando llegó Correa “me dio 5 mil en la mano en un sobre celeste y me dijo que con eso ya no iba a tener más saldos, y en el primer mes no tuve, pero después empezó a venir y hasta ahora no paró”.
Ese préstamo le salió 42 mil pesos, tal como muestran sus estados de cuenta en ADEOMT: 15 cuotas de 2.800. En enero de 2014 le figura la cuota 12, es decir que las fechas coinciden perfectamente con su relato. El préstamo, que figura a nombre de Macedo Propiedades, fue realizado en enero de 2013.
Pero ese préstamo no es lo único extraño que figura en sus recibos. Por concepto de “Casa Orlando Araujo”, un local de electrodomésticos de Tacuarembó, debe en total cerca de 125.280 pesos, unos 5.500 dólares. Lo que Elsa dice haber comprado, y lo visible en su líving, es un televisor de unas cuantas pulgadas y un equipo de audio. Y hay más deudas. Tiene otra, de un préstamo de COPAC en 2008, que operó a través del sindicato y cuyo recibo entregó en la justicia. En los apuntes de Elsa de cuando sacó el préstamo en 2008 figura: “COPAC (23 mil pesos), en 20 cuotas de 1.863”, que da un total de 37.260 pesos. Pero si multiplicamos esa cuota por los 72 meses que han transcurrido desde 2008, cuando comenzaron los descuentos, el monto es de aproximadamente 134.136 pesos. “Ya me dijeron en COPAC que eso no corre más: la están estafando señora, me dijeron”, cierra Elsa. Brecha corroboró esto en COPAC, y efectivamente la deuda ya no existe.
CASO 3 – “Ese préstamo yo lo pedí porque estaba ahogada, y como iba a alquilar esta casa necesitaba abonar el alquiler”, cuenta Beatriz, sentada en el sillón de la casa que alquila, humilde, sin lujo alguno que pueda llegar a justificar la enorme deuda que tiene. Como andaba tras un préstamo, le aconsejaron que fuera a averiguar al sindicato. Allí preguntó y le dijeron que por ADEOMT no se lo podían hacer, pero tenían una “persona conocida” que hacía ese tipo de operaciones. Su versión indica que Óscar Pedrozo le firmó una “orden”, que debió presentar luego a Richard Correa, la “persona conocida”, el intermediario del negocio. Éste le dijo que en la tarde le acercaría el dinero. Y según cuenta, así fue: “Él llegó a mi casa, pero en mis manos, me dieron 8 mil pesos. Y supuestamente me habían dado 20 mil. Lo demás me dijeron que quedó para cubrir a ADEOMT”. La “orden”, un recorte de agenda escrito a mano presuntamente por Pedrozo, y que dice “Masedo Contruciones (sic) 24 cuotas 2.250 pesos”, será presentada al fiscal del caso.
Otra vez el descuento aparece a nombre de Macedo Propiedades, una inmobiliaria que Beatriz dice haber conocido recién después de que el caso tomó estado público, y con la que asegura no haber realizado ninguna operación. El monto total que figura bajo ese rótulo es de 54 mil pesos, la cifra que termina costándole el préstamo de 20 mil pesos, de los que dice haber recibido sólo 8 mil.
Cuando uno de sus hijos empezó el liceo, Beatriz fue a consultar a ADEOMT a ver si podía conseguir algo, y cuando Pablo Peralta, el nuevo presidente, le quiso hacer una nueva refinanciación, se fue. En la mirada de la mujer hay una mezcla de impotencia y desamparo. Lo mismo ocurre en las miradas atentas de los gurises de la casa, entre ellos uno de sus hijos, que consiguió trabajo en una estación de servicio, de la que acaba de llegar, y ayuda a su madre para poder seguir adelante, al igual que sus hermanos. Mientras, Beatriz trabaja de lunes a sábado en el Centro de Barrio, y también hace guardia los domingos.
ACTORES Y POLÍTICA – Las descripciones sobre el funcionamiento del sistema coinciden. Para llegar a obtener un préstamo los interesados debían pasar previamente por Pedrozo, quien daba las órdenes para luego ir a los comercios; o en el caso de los préstamos, habilitaba la transacción que luego ejecutaba Richard Correa, chofer de la Intendencia a quien las víctimas señalan como el intermediario.
Beatriz denuncia que Pedrozo se “plantaba” en la puerta a cobrarle incluso del 30 por ciento que legalmente la Intendencia debía pagarle en la mano: “Me descontaban una cuota por ADEOMT y la otra el señor me la cobraba allí, al pie del cañón. Él me esperaba cuando yo cobraba el adelanto”.
Pero según Valderrama, el nuevo presidente de ADEOMT estaba al tanto: “Una vez fui a hacer un trabajo particular en una vivienda de la cooperativa de la que Pablo Peralta es el presidente, y él me llamó para decirme que cómo le iba a hacer una denuncia. Y ahí me dice: ‘Pero yo no estaba enterado de eso’. Pero al rato me dice: ‘Yo no estaba de acuerdo con eso. Voy a hablar con Pedrozo y te llamo a ver cómo podemos arreglar’”.
Según los testigos, Correa es quien ha tenido menor visibilidad en los últimos tiempos. En cambio, Pedrozo y Peralta, ambos denunciados penalmente, y señalados como los principales responsables de esta operativa, figuran en las listas nacionales y departamentales de Jorge Saravia que apoyan al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou. Pedrozo aparece en segundo lugar en la nacional, ya que el primer puesto lo ocupa Saravia, y en la departamental está primero. Peralta está unos puestos por detrás. En el acto realizado por el precandidato nacionalista en Tacuarembó hace unos días, se lo pudo ver a Pedrozo en el estrado.
LOS JERARCAS – El secretario general de la Intendencia de Tacuarembó, José Omar Menéndez, luego de conocer el motivo de la visita, derivó a Brecha hacia el prosecretario, doctor Juan Antonio Otegui, uno de los principales dirigentes de la agrupación 50, de Alianza Nacional, que gobierna Tacuarembó desde hace 20 años. Esta agrupación tiene entre sus filas al senador Eber da Rosa, ex intendente en dos ocasiones, y al actual intendente, Wilson Ezquerra. Es el grupo más fuerte del Partido Nacional en el departamento, y apoya la candidatura a la Presidencia de Jorge Larrañaga. Otegui encabeza la lista 504504, y también se lo pudo ver acompañando a Larrañaga en distintas actividades políticas en el departamento.
Consultado por Brecha acerca de si la Intendencia está al tanto del caso de ADEOMT, Otegui se excusó alegando que esa es una cuestión “absolutamente ajena a la Intendencia de Tacuarembó, que no tiene nada que ver”, y “del funcionario y de la cooperativa a la que pide el préstamo”. El abogado se aferró básicamente a la misma respuesta: “En la Intendencia los funcionarios cobran siempre el 30 por ciento, el límite legal”. Ante la pregunta de a título de qué un sindicato hace ese tipo de descuentos, el jerarca contestó: “Es una cooperativa desde el año 1940 y pico”.
— ¿Pero está autorizada a realizar préstamos?
—Es una cooperativa que desde hace 25 o 30 años realiza préstamos.
—¿Eso está amparado por la ley?
—Claro, es una cooperativa, la del gremio.
Luego de ese intercambio, el prosecretario volvió a remarcar la antigüedad:
—La cooperativa de ADEOMT hace no menos de 30, 40 años que funciona y realiza los descuentos correspondientes a los funcionarios, no es que se me haya ocurrido a mí”.
—¿Que hace préstamos?
—Que se maneja con los funcionarios directamente.
La directora de Recursos Humanos, Carmen López, explica que las cooperativas hacen un trámite en la Intendencia para ser habilitadas: “Hay todo un expediente donde tienen que presentar una cantidad de documentación que controla Jurídica, y que una vez que es aprobado la cooperativa queda habilitada”. Ante la pregunta de si existe ese expediente para ADEOMT, López dice: “Yo no sabría decirte porque cuando entré acá ya estaba el mecanismo ése con ADEOMT, supongo que sí”. Consultada sobre si el gremio es una cooperativa, contesta: “No tengo ni idea, yo no soy de la directiva de ADEOMT”. La explicación del asunto es similar a la de Otegui: “¿Si tú te endeudás, qué puedo hacer yo?”. Y continúa: “Yo soy una socia igual que cualquier otro de ADEOMT, hoy no participo, y no conocía estos procedimientos porque nunca estuve en la directiva, ni en la Comisión Fiscal, simplemente iba a las asambleas”.
Según explicó la directora, adeomt “manda en un pendrive un listado donde consta la ficha del funcionario y el monto que debe, sin ningún tipo de categorización”. En palabras de la propia López: “Supuestamente nos mandan todo lo que se le debe a la cooperativa”.
CONFUSIONES – La entidad mencionada sería, según la it, la Cooperativa Comunal de Consumo de Tacuarembó, “La denominada Cooperativa ADEOMT, legalmente es Cooperativa Comunal de Consumo de Tacuarembó, que como surge de la información registral que se adjunta fue inscripta en la Dirección General de Registros (…) el 27/6/1974”, asegura la comuna en el expediente –al que Brecha accedió– que responde a una demanda que anda le inició por el orden de prelación a la hora de realizar los descuentos a los funcionarios. Al mismo tiempo, agregan que el gremio de funcionarios goza de personería jurídica.
Pero en el mismo expediente aparece un certificado notarial firmado por la escribana pública Adriana Telesca Galván, que versa sobre ADEOMT y dice: “De la compulsa del libro de actas de la referida asociación resulta que en la asamblea fundacional en la que se pone a consideración la obtención de la personería jurídica, realizada el 22 de marzo de 1989, se manifiesta expresamente que la asociación civil que se funda es la continuación de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales que funcionaba desde 1949”. Aquí queda claro que la personería jurídica que posee ADEOMT es como entidad gremial y no como cooperativa de consumo, ni financiera.
En el propio estatuto del sindicato (capítulo I, artículo 2), donde se detallan sus fines, no se declara que el sindicato pueda realizar préstamos ni otorgar órdenes de compra a sus funcionarios. Además, a pesar de que la Cooperativa Comunal de Consumo de Tacuarembó se registró en 1974, quebró en 1992. Este dato se desprende del libro de actas del directorio de ADEOMT (fecha 13 de marzo de 1992).
EPÍLOGO – En la década del 60, y durante mucho tiempo, los cañeros de Bella Unión cobraban sus salarios en bonos que debían canjear en las cantinas de sus propios patrones, lo que hacía casi imposible “parar la olla”. Pero la pobreza y la situación de dependencia total de estos trabajadores llamaron la atención del país recién cuando llegaron en sucesivas marchas a Montevideo.
Muchos años han pasado desde aquel momento, pero la situación de las familias de Tacuarembó sobre las que versa este artículo evidencia formas de sujeción similares, aunque puedan creerse extintas al sur del país. Desde hace muchos meses el semanario tacuaremboense La Otra Voz viene denunciando esta situación pero –como en aquellos sesenta– nadie parece querer darse por enterado.
1. Véase Brecha, 15-11-13.
(*) Artículo de Marcelo Aguilar, publicado en semanario Brecha (23.05.2014)
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