Tenemos la convicción de que el desarme y el control de armas contribuyen directamente a los procesos de paz y a la seguridad a largo plazo.
La noticia del triunfo de Luis Ignacio Lula Da Silva ha recorrido el mundo debido a lo que representa en sí misma y a las expectativas que despierta en los brasileños y en nuestra América toda. Esta victoria deja atrás años de profundo retroceso y opacidad del gobierno de Jair Bolsonaro, con consecuencias lamentables en materia de libertades, derechos humanos, daño ambiental, deterioro social y exclusión, por restringir de alguna manera una lista para el olvido.
La victoria electoral de Lula estuvo precedida por un conjunto de anuncios y compromisos de campaña que consiguieron calar en la sociedad brasileña, entre ellas, la preocupación por la presencia, tenencia y uso de armas por parte de la población civil.
Esta sensibilidad estuvo en el centro del debate, generando en su momento la reacción explícita del entonces contrincante Bolsonaro: «Queremos armas de fuego para el ciudadano de bien. Todos ustedes saben que el arma, en especial en los lugares más distantes, es la garantía de vida de ustedes. El pueblo armado jamás será esclavizado». Sin comentarios.
Una vez asumida la Presidencia, las medidas no se hicieron esperar. En su primer día de mandato Lula da Silva revocó las normas que hacían extremadamente fácil el acceso a las armas, originadas en la administración anterior. Mediante un decreto se suspendió por 60 días la concesión de nuevas licencias para cazadores, tiradores y coleccionadores civiles, categoría que se había multiplicado y reunía a julio del año pasado un arsenal de más de un millón de armas, casi el triple que las 350.600 registradas en diciembre de 2018, según datos del Instituto Sou da Paz.
El decreto también limitó la compra de armas y municiones y suspendió temporalmente el registro de nuevos clubes y escuelas de tiro, que proliferaron durante los últimos cuatro años.
Esos 60 días serán de intenso trabajo para un grupo ad hoc creado para elaborar un nuevo reglamento para el llamado “Estatuto del Desarme”, una ley impulsada por su primer gobierno en 2003 destinada a controlar el armamento en manos de la población civil. En palabras del flamante presidente, la nueva medida «busca cerrar el período irresponsable del ‘vale todo’, incompatible con la Constitución (…) Queremos un Brasil en paz y que todos obedezcan las leyes”.
En esos 60 días regirá el plazo para que los propietarios de armas de uso permitido o restringido registren esas armas en el Sistema Nacional de Armas (Sinarm). El flamante gobierno brasileño quiere concentrar todos los registros de armas en poder de la población, incluido el arsenal de cazadores, tiradores y coleccionistas, que hoy es controlado y registrado por el Ejército. Finalizado el plazo, las armas no registradas serán incautadas y sus propietarios deberán responder por los delitos de tenencia ilícita de armas de fuego, previstos en el Estatuto de Desarme de 2003.
Durante los referidos 60 días las armas pueden entregarse voluntariamente en los puntos de acopio de la Campaña de Desarme. Incluso en este caso, el propietario debe solicitar una autorización para transportarla.
Este conjunto de medidas tomadas por parte de un país como Brasil es auspicioso, en primer lugar porque llama la atención sobre la gravedad de un tema en el cual venimos insistiendo desde hace varios años. Los flamantes actos de gobierno evidencian que hay espacio político y jurídico para avanzar en una política pública de desestimulo, seguimiento y control en la tenencia y el uso de armas por parte de la población civil. Confirma también que es un asunto de primer orden en las agendas de movimientos y gobiernos progresistas (algo similar sucede en Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda)
Tal como hemos sostenido reiteradamente, este es un tema clave. Recordemos que se estima que en el mundo hay unas 875 millones de armas utilizables, 23% de las cuales se hallan en manos de los ejércitos y 3% en manos de las policías.
América Latina es la región con más muertes por armas de fuego. La mayor parte de estos muertos son jóvenes, la mayoría de los cuales provienen de familias de bajos ingresos. La tendencia global es alarmante y nos impacta directamente.
Entre las aristas más urgentes se halla la alerta que representa la presencia creciente de armas de fuego en crímenes por razón de género. A ello se suma el uso del arma como amenaza o como causa de lesiones, sin llegar al extremo de la muerte. Otro crecimiento exponencial se da en el uso de armas para la comisión de suicidios. En los últimos cincuenta años, los suicidios con armas de fuego aumentaron drásticamente en el mundo, según datos de la Organización Panamericana de la Salud.
Adicionalmente, el mundo asiste a un incremento de los ataques basados en odio por razones de raza, religión o ideologías políticas, incluyendo las acciones terroristas, pero también erupciones de violencia instigada como los asaltos al Congreso de los Estados Unidos y a las principales instituciones del Estado federal en Brasilia. La combinación de la proliferación de armamento en la sociedad con estos estallidos de odio resulta una seria amenaza para la convivencia democrática.
Regresando al Uruguay, las muertes, lesiones, amenazas y todas las formas de violencia con armas de fuego por parte de civiles constituyen una preocupación de primerísimo orden. En nuestro país hay registradas 606.704 de estas armas. Es el quinto país del mundo con más armas por cantidad de habitantes, luego de Estados Unidos, Yemen, Serbia y Montenegro. El 48% se halla en la capital, seguido por Canelones con un 12%. El 98% de los tenedores de armas de fuego son varones.
En promedio, se registran en Uruguay 2.500 armas por año, pero hay picos elevadísimos como ocurrió en 2013 o 2015, con 7.600 nuevos registros. A las armas registradas debemos añadir la estimación sobre armas ilegales o irregulares (no registradas). Según estudios académicos internacionales por cada arma registrada en nuestro país existe otra en condiciones irregulares. De ese modo, el número total de armas en Uruguay podría estimarse en 1.212.000, prácticamente un arma por hogar. Esta situación suele vincularse con un aumento de la presencia de grupos criminales organizados, y existe evidencia de que las organizaciones criminales más poderosas de la región -particularmente de Brasil- vienen a nuestro país a adquirir armas de fuego ilegales.
Tal como señala Izumi Nakamitsu, Secretaria General Adjunta y Alta Representante para Asuntos de Desarme, “la idea de que el desarme y el control de armas están vinculados no es nueva”. El artículo 26 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce el desarme como una condición previa para la paz duradera, la seguridad y el desarrollo, haciendo una petición de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales con el mínimo desvío posible de los recursos humanos y económicos del mundo para las armas”.
El proyecto de ley que presentamos al Parlamento a mediados de 2022 se inspira en la convicción de que el desarme y el control de armas contribuyen directamente a los procesos de paz, a la seguridad a largo plazo y al desarrollo humano sostenible.
Creemos, al igual que Brasil, en la centralidad y la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública.
Celebramos que este tema trascienda fronteras y el debate se instale. Es impostergable alcanzar niveles de conciencia colectiva sobre la gravedad de estos indicadores, de modo de acordar iniciativas legales educativas, comunicacionales.
Permaneceremos especialmente atentos a cuanto ocurra en Brasil, así como a iniciativas regionales en el mismo sentido Ojalá sea el comienzo de un camino urgente e impostergable.
- Extraído de Montevideo Portal
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