Durante sus dos períodos de gobierno, el Frente Amplio ha mostrado una sensibilidad por las cuestiones sociales que es inédita en nuestra historia. Es, a mi entender, uno de los factores que más habría que tener en cuenta en la elección de octubre. La política social fue de tal intensidad que, más allá de las discrepancias que ha suscitado a ambos extremos de la opinión pública –discordancia porque la cuantía de los gastos sociales estaría comprometiendo el desenvolvimiento de las finanzas públicas y provocando presiones tributarias excesivas para los sectores productivos; y, en la otra punta, insuficiencia de los resultados, que, para unos cuantos, serían timoratos y poco relevantes–, lo convierte o lo sigue convirtiendo, más allá de toda luz o de toda sombra, en la opción electoral preferible.
Habían transcurrido apenas tres semanas del primer mandato de Tabaré Vázquez cuando, el 21 de marzo de 2005, por la Ley 17.866, se creó el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de instrumentar el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, al que se le encargó “sin perjuicio de las competencias de otros Ministerios y organismos formular, ejecutar, supervisar, coordinar, programar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y planes en las áreas de juventud, mujer y familia, adultos mayores, discapacitados y desarrollo social en general”.
Junto con ese ministerio se conformó, por los decretos de julio y setiembre de 2005, no cumplido todavía el primer semestre de gobierno, el llamado Gabinete Social, al que se le encargó la coordinación estratégica de todas las políticas sociales de los organismos públicos, nacionales o municipales. Integraron e integran ese gabinete ocho ministerios (Desarrollo Social; Economía y Finanzas; Educación y Cultura; Trabajo y Seguridad Social; Vivienda, Organización Territorial y Medio Ambiente; Salud Pública; Turismo y Deporte, y Ganadería, Agricultura y Pesca), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y un representante del Congreso de Intendentes. Por el mismo Decreto, se creó el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, integrado por representantes de los ocho ministerios involucrados, para asistir al Gabinete Social, actualizándole permanentemente los datos de nuestra realidad social y coordinando la concreta ejecución de las políticas sociales acordadas.
Una característica muy resaltable de esta forma de encarar la política social es el acentuado afán, en aras de la eficacia y de la prevención de la dispersión de esfuerzos, por asegurar la interinstitucionalidad de la acción pública. Se quiso evitar, y creo que en gran parte se ha logrado, la perniciosa división de la organización estatal en “chacras”, que se ignoraban recíprocamente y que, por lo tanto, se molestaban entre sí, lo que multiplicaba los gastos y retaceaba los resultados.
Desde 2005, el quehacer estatal se organizó, sin tener principalmente en cuenta al agente que lo realizaba, sino la necesidad social que se satisfacía o al grupo social que se atendía. Mucho más que de la política social del Ministerio de Ganadería o de UTE o de OSE, se pasó a hablar de políticas de salud, educación, vivienda y alimentación. Se procuró discernir, además, cuál era el organismo al que más incumbía esa política y se le confió la rectoría de la acción estatal, conformando los demás partícipes en el discernimiento de las pautas, un muy seleccionado grupo de cooperación y apoyo.
A esas innovaciones en nuestra organización estatal, que apareja un cambio metodológico trascendente, cabe agregar dos giros ideológicos de 180 grados.
En primer lugar, se abandonó la antigua y tradicional concepción de las políticas sociales como meras actividades asistencialistas, caritativas, en gratuito beneficio de los más necesitados, y se pasó a entenderlas como quehaceres que contemplan el prioritario derecho humano a condiciones dignas de existencia en alimentación, educación, salud, vivienda y seguridad social. Las políticas sociales dejaron de ser políticas subsidiarias o residuales, con una extensión a determinar luego del mayor o el menor éxito de las políticas económicas. No fueron atendidas tan sólo a partir de un “sobrante”, previamente determinado por el grado de fortuna de las políticas económicas y según el futuro que se avizorara para las finanzas públicas. Se pasó a entenderlas como respuesta sustancial a derechos humanos insatisfechos, cuya cuantía dependía, sí, de las posibilidades económicas del Estado, pero que estaba determinada directamente por las contingencias de nuestra realidad social, y no por un balance previo de las finanzas públicas. Los beneficiarios dejaron de ser considerados los destinatarios de una limosna estatal, para ser sujetos de trascendentes derechos a satisfacer. Ya no se pensó en políticas liberadas de todo deber, sino sujetas a estrictos imperativos éticos de equidad e inclusión.
En segundo lugar, se reconoció y respetó la honda e íntima imbricación causal entre los ámbitos económico y social del quehacer político. Todo fenómeno social puede acumular efectos a la vez benévolos y perniciosos para el bienestar de una comunidad. Así, por ejemplo, un cambio en la política cambiaria de Estados Unidos puede ocasionar una suba mundial del dólar y, de esa manera, beneficiar a un país, al mejorar la competitividad de los bienes y servicios que ofrece al mercado mundial, pero también perjudicarlo, al trastornar su lucha contra la inflación interna. Del mismo modo, toda política económica tiene efectos sobre la situación social de cada habitante y toda política social tiene múltiples repercusiones económicas.
Recientemente, el Ministerio de Desarrollo Social ha publicado una cartilla informática, con un repertorio de 293 proyectos de política social, a cargo de 22 agentes públicos, con información de los trámites de acceso a estos. Los eventuales usuarios pueden acogerse a estos proyectos y consultar tres índices posibles, ordenados según el área política, la institución responsable o la temática o población priorizada. Todos deberíamos acudir a este documento, porque indirectamente es un cabal inventario de las políticas sociales en marcha.
En el debate electoral, la oposición ha concentrado su artillería, con poco plomo y muchas salvas, en otros flancos: entre otros, la seguridad, la educación y la gestión en algunos organismos, como Pluna o Ancap. De esas enfáticas críticas me ocuparé en la próxima columna. Aquí me limito a concluir que, aun si fueran certeras –casi nunca lo son–, las luces obtenidas en la política social justifican una rotunda preferencia por alguna de las propuestas electorales del Frente.
Esos resultados provienen de una nueva y generalizada forma de gobernar, que cabe apoyar y respaldar, porque responde a un estilo recién introducido y no se agota en un incidente aislado. Es fruto de opciones metodológicas e ideológicas, todavía incipientes pero ya promisorias. No se puede retroceder a la época en que la cuestión social se atendía con magros remanentes presupuestales y desde la improvisación de cada institución pública, sin conciencia de que está en juego la satisfacción de trascendentes derechos humanos y de que no es posible un desarrollo pleno si al económico no se le agrega la más amplia inclusión social posible.
* Publicado en Caras y Caretas
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