Quizás las elecciones de hace 30 años, las de noviembre de 1989, hayan sido las últimas de fuerte confrontación ideológica, en base a dos modelos fundamentales y un modelo fuera del debate principal, que a poco de andar emergió como el modelo dominante. Uno de los modelos fue esgrimido por los dos candidatos presidenciales evidenciados como los que estaban en condiciones de alcanzar la Presidencia de la República, Luis Alberto Lacalle (triunfante) y Jorge Batlle (esa vez perdedor, diez años después triunfante); y en líneas muy gruesas se corresponde al modelo de liberalismo económico reformulado, entonces en boga por las reformas realizadas por Ronald Reagan en los Estados Unidos y por Margaret Thatcher en el Reino Unido.
El modelo opuesto fue el impulsado por el Frente Amplio (en ese entonces todavía con la candidatura de Líber Seregni) que puede definirse como una profundización del segundo batllismo o una visión de izquierda socialdemócrata, basada en la fuerte presencia del Estado en la economía (monopolio en energía y comunicaciones, predominio en la banca y seguros), altos niveles regulatorios y modelo de welfare state.
El tercer modelo queda un poco fuera de escena con los papeles cuantitativamente secundarios en esa instancia del sanguinettismo en el Partido Colorado, el Movimiento Nacional de Rocha en el Partido Nacional y el primer Nuevo Espacio, coalición electoral en torno a la figura de Hugo Batalla; modelo éste con muchos puntos en común con el exhibido por el Frente Amplio, pero más moderado en el papel del Estado.
El ciclo electoral nacional de 2019 parece ir por el lado contrario. Los documentos de las fracciones partidarias opositoras dominantes, o de los cuatro partidos de la oposición de centro y derecha, no aparecen como una contraposición de modelo con el Frente Amplio1, sino que en líneas generales su punto fuerte es el ataque a la capacidad del actual oficialismo para gestionar el gobierno, la administración.
No se vislumbra una discusión ideológica ni estratégica, sino una discusión sobre el gerenciamiento. Se puede decir que la campaña electoral emerge más como una discusión de concepción organizacional y de recursos humanos. La excepción sin duda lo será la política exterior, y como relacionado con ella, la inserción internacional del país.
La discusión financiera seguramente estará centrada no en el monto del gasto, sino en la calidad del gasto, es decir, en el uso más eficiente de los mismos recursos No aparece en el horizonte rebaja de impuestos (mucho menos eliminación de impuestos) ni rebajas salariales, ni rebajas a las pasividades, ni reducción de empleos públicos (excepto los de confianza política), ni corte de las políticas sociales (las llamadas “ayudas sociales”). En todos los casos lo que se discutirá son los reajustes, las exigencias, en todo caso las metas y el cumplimiento de las metas.
Sin riesgo a una gran equivocación, puede predecirse que no se planteará en términos claros, concretos, con exhibición de ganadores y perdedores, la reforma de la seguridad social en general, de los diferentes subsistemas de seguridad social en particular. Dicho en términos vulgares, nadie osará poner en riesgo un resultado electoral poniéndose de sombrero a los jubilados, los pensionistas y los futuros jubilaciones próximos.
No parece claro que se discuta demasiado -al menos por las fracciones de mayor peso en cada partido- sobre el papel de las empresas públicas, el rol del Estado en la economía, los consejos de salarios, las inversiones extranjeras. Sobre los sindicatos y las huelgas, la oposición seguramente irá por los ataques a lo que considera peso político de los sindicatos o excesos en el derecho de huelga, pero no en los niveles de críticas que formulan las cámaras empresariales. En todo caso, será un punto intermedio entre el planteo del oficialismo y el de las cámaras empresariales. Dicho de otra manera, será un debate electoral centrípeto.
Ello no quiere decir que sea una campaña electoral suave, mórbida. Todo lo contrario. Lo que más se espera es la campaña electoral más dura, con ataques muy duros de los unos hacia los otros, donde lo central de ataques y contra ataques será la ética -con sus derivados de clientelismo, amiguismo, nepotismo- y la eficiencia en la gestión.
La política exterior, las relaciones con los vecinos y la región, Venezuela, la Alianza de Lima, serán sin dudas elementos de gran discusión.
No parece probable asistir a grandes debates de carácter estratégico, que responda clave para el destino del país: a dónde va el Uruguay, cuál es su lugar en el mundo, en dónde puede apoyarse más allá de deseos, filias y fobias. También puede haber un debe en cuanto a educación. Hasta ahora el centro de la discusión gira en torno a cómo organizar, cómo disponer los recursos para financiarla; en cambio, no se discute con la misma intensidad, el educar cómo y para qué.
Tampoco parece probable asistir a un debate profundo, riguroso, con perspectivas de largo aliento, para uno de los problemas del país, quizás su problema más dramático: la demografía. La inminencia de pérdida de población, la baja natalidad y especialmente la baja natalidad en los cuatro quintiles socioeconómicos. Y de la mano del debate demográfico, de lo que no se habla 2: de la inmigración, de los impactos de la inmigración, de la receptividad real de los uruguayos -más allá de lo políticamente correcto- a la recepción de grandes contingentes de inmigrantes.
OSCAR BOTTINELLI
1 Ver “Una disonancia discursiva”, El Observador, noviembre 24 de 2018.
2 Ver “De eso (por ahora) no se habla”, El Observador, octubre 27 de 2018.
De: http://factum.uy
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