Hace tiempo que se viene promoviendo desde el gobierno y quienes operan a su favor, la información de que durante el tercer gobierno del Frente Amplio la economía estuvo estancada: flagrante falsedad
Si una experiencia política es una muestra de las características que presenta esta actividad en el Uruguay de hoy, la discusión presupuestal ocupa un lugar preponderante al respecto.
No me estoy refiriendo al contenido de la discusión propiamente dicha. La postura del Frente Amplio al respecto está clara y detalladamente expuesta en el informe en minoría. Lo que me interesa hoy es la ilustración del deterioro de la calidad de la política, asociado al lugar elegido por la coalición multicolor para encarar este proceso. Allí está todo: desde la falta de reconocimiento a los aportes del Frente Amplio – que los hubo e importantes – pasando por decisiones institucionales negativas, una gran confusión en el manejo de algunos conceptos básicos y la utilización de información incorrecta para fundamentarlos. Obviamente, no podía faltar la frutilla de la torta: una grosera inconstitucionalidad que autoriza al Poder Ejecutivo a modificar resoluciones del Parlamento.
No obstante el incremento de los nuevos casos de contaminación, es generalmente admitido que el gobierno ha hecho un buen manejo del tema sanitario. Y es justo que así lo sea. Personalmente comparto esta distinción, así como reconozco que esta le ha hecho muy bien al Uruguay y a su inserción internacional. Pero de ahí a desconocer por completo la contribución del Frente Amplio a la construcción de esta verdadera fortaleza nacional, hay un abismo de diferencia.
Sólo voy a mencionar algunos componentes importantes del aporte ignorado. Se trata del Sistema Nacional Integrado de Salud, que universaliza el acceso al cuidado de esta condición fundamental de vida; el incremento de las capacidades físicas y humanas de ASSE en todo el país; las mejoras en el sistema de vigilancia epidemiológica; las transferencias focalizadas diseñadas por el Mides; las inversiones en investigación realizadas, entre otros, por ANII, UDELAR y el Hospital Pasteur; la inversión en telecomunicaciones realizada por Antel; el Plan Ceibal; las líneas de crédito en base a las utilidades del Banco de la Republica y la Corporación Nacional para el Desarrollo, que hoy están sumándose al Fondo Coronavirus; el financiamiento a micro pequeñas y medianas empresas, facilitado por el sistema nacional de garantías y la ANDE.
A esta falta de equidad en la evaluación de los aportes que el Frente Amplio realizó para alcanzar la positiva calificación que Uruguay ostenta en materia sanitaria, es preciso agregar una muy negativa decisión que se tomó al eliminar la base institucional que se creó en el período pasado con la finalidad de estudiar los temas presupuestales con profundidad y coherencia con el orden macroeconómico.
Me refiero al Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestal. Con ello, no sólo se ha perdido la posibilidad de disponer de información fundamental para el análisis crítico de las decisiones presupuestales, sino que se deteriora la transparencia del proceso y se desplaza a un segundo plano la importancia de la gestión y la participación de los diferentes organismos en la misma, lo cual es grave ya que son precisamente ellos los que conocen en qué y cómo gastar.
Hay una consecuencia de esta decisión que es preciso destacar especialmente y que Michael Borchardt explica con total claridad en «Todo el poder al Poder Ejecutivo» (La Diaria 29 de setiembre). Lo que se ha eliminado es la posibilidad de realizar el esfuerzo que permita proyectar los créditos presupuestales nominales para todo el período y que se presente y evalúe la consistencia entre el resultado presupuestal y el resultado fiscal.
En diferentes intervenciones públicas distintos legisladores de la coalición de gobierno han revelado un error conceptual muy importante. Se trata del que consiste en confundir el financiamiento del gasto presupuestal con sus fuentes, afirmando que cuando los recursos públicos resultan inferiores a dicho gasto, el presupuesto esta desfinanciado. Por supuesto, no falta la cuota de mala intención al señalar que ello significa que hay un «faltante». Este es el punto de vista que utilizaron para rechazar la Rendición de Cuentas de 2019. Sólo que ahora volvieron a hacerlo en la discusión presupuestal.
Se ignora por completo entonces, que el país tiene otras fuentes de financiamiento respecto a las cuales está muy bien ubicado. Con una reducción de 30 puntos de la deuda neta a partir de 2005, alrededor de 16 mil millones de dólares en reservas internacionales que la garantizan, el riesgo país más bajo de la región, grado inversor con las cinco calificadoras de dicho riesgo más importantes del mundo, el 95 por ciento de la deuda contratada a tasa fija de interés y una proporción que supera el 40 por ciento de los pasivos acordada en moneda nacional, sólo con una afirmación llena de mala intención puede sostenerse que hay un «faltante» y – además – comunicar cifras incorrectas para fundamentarla.
Estas actitudes, conducidas en muchos casos por profesionales de la publicidad, van generando opinión – al menos en parte de la población – lo que tergiversa totalmente el carácter serio y responsable que debe tener la discusión de una norma tan relevante como la ley de presupuesto. Y a ello hay que agregar la información errónea en una innumerable cantidad de oportunidades. Elijo un ejemplo porque muestra claramente el cúmulo de facetas que tiene el deterioro de la calidad de la política en el Uruguay de hoy.
Hace tiempo que se viene promoviendo desde el gobierno y quienes operan a su favor, la información de que durante el tercer gobierno del Frente Amplio la economía estuvo estancada. Flagrante falsedad. Para empezar se ha implícitamente aceptado que el país tuvo 17 años consecutivos de crecimiento, que incluyen el del periodo 2015-2020. Lo que hubo fue una disminución del ritmo de la evolución de la actividad, que tuvo un promedio anual de expansión de 1.3 por ciento real, pero que integra el históricamente inigualable periodo de 17 años consecutivos de crecimiento. ¿Las cifras de este periodo son modestas? De acuerdo, pero ello no habilita a faltar a la verdad.
Por otra parte ténganse en cuenta otros dos factores para opinar con seriedad. Por un lado, durante el mismo período, el ingreso medio per cápita se incrementó 5 por ciento en términos reales. En segundo lugar, también con referencia a este mismo período, es preciso saber que el PBI de Argentina cayó 6 por ciento y el de Brasil 7 por ciento. Es que esa disminución del ritmo de expansión está muy vinculada a un importante deterioro de los contextos global, regional y vecinal.
Finalmente, muy asociada a esta confusión se presenta otra que es la que existe entre el volumen requerido de recursos para nivelar las cuentas públicas y las necesidades anuales de fondos que requiere el Estado para financiar el gasto público.
Son dos conceptos claramente distintos. Y lo son porque las fuentes de financiamiento adicionales a los recursos públicos provienen de operaciones activas y pasivas que realiza la oficina de manejo de la deuda del Ministerio de Economía y Finanzas y la duración media de esta deuda supera hoy los 14 años. Esta situación permite, como ya ha ocurrido en diversas oportunidades, reducir el monto de los recursos públicos que el país debe destinar a la nivelación de sus cuentas. No obstante, dado los cambios que han sobrevenido en el Uruguay actual, habida cuenta de la situación sanitaria y su impacto en el mundo del trabajo, en este año 2020 ocurrirá lo contrario, y lo reconozco como corresponde. Lo que no se debe hacer es confundir conceptos que lleven a conclusiones equivocadas en una materia delicada como es la que tiene que ver con el orden y los equilibrios macroeconómicos.
A los comentarios precedentes, es preciso agregar la cantidad y la importancia de contradicciones que contiene la propuesta oficial. Han insistido mucho en la necesidad de reducir los vínculos laborales con el Estado y la disminución de sus retribuciones. Sin embargo, en la Ley de Presupuesto proponen la creación de cargos de confianza y toleran o promueven retribuciones de jerarcas públicos que no son compatibles con la situación que vivimos.
Finalmente, confieso que nunca en mi vida me encontré con una disposición que permite al Poder Ejecutivo modificar resoluciones del Parlamento y – además – enviar esa atribución al propio Parlamento para que la apruebe. Es demasiado. En suma, están en juego, claramente, dos visiones muy diferentes acerca de la realidad nacional y su futuro. Y está bien que quienes compartimos una y otra, pongamos todo nuestro esfuerzo en su defensa. Pero hagámoslo sin deteriorar la calidad de la política, esa actividad humana que es preciso cuidar como una joya preciosa. Se trata – nada más ni nada menos – del camino que todos debemos transitar hacia la construcción de lo que vendrá.
- De Montevideo Portal
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