Hace unos días publiqué una nota que comenzaba con una síntesis de acciones de baja calidad política que se verifican en la realidad nacional. Sin embargo, por razones de espacio omití una. La que refiere a una reiterada actitud del gobierno actual de apropiarse de decisiones que ya habían puesto en práctica los encabezados por la actual oposición.
Algunos pasos dados recientemente en el área de la promoción de inversiones hacen ahora insoslayable el abordaje y los comentarios acerca de esta acostumbrada vestimenta con ropa ajena. Es que los anuncios realizados al respecto tienen diversas connotaciones que, de acuerdo con el manejo del instrumento, pueden generar consecuencias diversas y discutibles.
Más allá del desconocimiento de lo realizado por los gobiernos de la actual oposición en la misma dirección que la anunciada el pasado miércoles 11, se postula ahora la reducción del umbral de los denominados «megaproyectos» de construcción para que les resulten aplicables los beneficios tributarios previstos en la Comisión de Aplicación de la ley de inversiones. Ello permitiría que una mayor cantidad de iniciativas de esta naturaleza puedan acceder a dichos beneficios. La reducción referida supondría llevar tal umbral a 2 millones de dólares.
La expresión «megaproyectos» aparece aquí entre comillas, no sólo porque así está incluida en las crónicas que tuve en cuenta, sino porque genera un significado político muy importante para la presentación de estos comentarios. Antes de seguir adelante con ellos quiero señalar que no observo con espíritu crítico los eventuales alineamientos entre gobierno y oposición en cuanto al rumbo de ciertas conductas políticas. Al contrario, creo que aun en situaciones complejas, cuyas repercusiones pueden entrañar consecuencias que es preciso conocer y discutir, esas posibles coincidencias constituyen un testimonio de que se puede esperar actitudes que no convoquen a fracturas de la sociedad y que – respetando las visiones profundamente distintas sobre el país que tienen gobierno y oposición – la actividad política no consiste en atrincherarse cada colectividad en su postura inexpugnable, sin ningún esfuerzo por encontrar las razones que puede tener el que piensa distinto.
El hecho de que el caso analizado tiene que ver con la vivienda y el mundo del trabajo no hace más que fortalecer esta postura.
Además, visto este contexto desde otro ángulo, estudios serios del Banco Mundial demuestran que los
ciudadanos prefieren un puesto de trabajo a una transferencia. Es que los ingresos del trabajo generan en quienes lo perciben un sentido de pertenencia que las transferencias difícilmente despierten. Esta comprobación refiere fundamentalmente a los llamados sectores medios y más modestos de la sociedad, y tan frecuente como esta característica, se encuentra una suerte de veto por quienes no comparten este camino y – simultáneamente – ocupan altas posiciones en la escala de ingresos y condiciones de vida.
En una excelente entrevista a nuestro compatriota Martín Rama, publicada por la diaria el 9 de noviembre pasado, se comentan todos estos rasgos vinculados a la reciente acción política del gobierno y se destaca que siempre es mejor levantar vetos como el mencionado a través de la innovación.
Ahora vayamos al contenido de la medida propuesta. El primer aspecto a tener en cuenta es la contradicción entre dicho contenido y la actitud general con la que el gobierno se ha ubicado ante iniciativas o reclamos vinculados con el contexto fiscal de la realidad nacional. Desde que comenzó su gestión ha proclamado y tomado medidas para reducir el gasto público – sin reparar en su relevancia o su calidad – y aumentar los ingresos prometiendo no incrementar impuestos.
Por esta razón, resulta extraño que ahora se proponga una renuncia fiscal, que tiene el mismo efecto que una caída de los ingresos públicos. Y ateniéndonos a los anuncios realizados, esta caída puede llegar a ser voluminosa, aspecto que es preciso analizar desde diversos ángulos, entre los que se destacan el destino de los recursos renunciados y los posibles efectos que podrían generarse en función de la trayectoria que se utilice para aplicar la medida en la realidad.
Por otra parte, la contradicción no refiere sólo al manejo de los ingresos y el gasto público. Hay además un choque frontal entre esta propuesta y la de reducir los recursos públicos que se destinan a financiar actividades privadas, aspecto muy destacado en el programa y los anuncios del actual gobierno.
Señaladas estas contradicciones, corresponde ahora plantear las posibles consecuencias de la decisión tomada.
En la medida en que están incluidos los «megaproyectos», que suponen un enorme apoyo económico a empresas de construcción muy poderosas, surge la pregunta que la realidad habrá de contestar: ¿cuánto habrá en esta decisión de subsidio al empresario y cuánto de beneficio para quienes aspiran a mejorar sus condiciones en los campos de la vivienda y el empleo? Tengo claro que la medida involucra a formatos de empresas diferentes al que caracteriza a los llamados «megaproyectos», pero ¿cuál será el efecto dominante a partir de una mirada global sobre la aplicación de lo resuelto?
Estudiado el tema en base a un análisis riguroso de la realidad nacional, nos quedará claro que un impacto importante sobre los ingresos de las grandes empresas significó que predominó la rentabilidad de las mismas por sobre el acceso de nuevos y mayores sectores de la población a mejores condiciones de trabajo y de vivienda.
Está claro cuál es el importante sesgo implícito en la decisión que estamos comentando. Sin perjuicio de que en última instancia son las decisiones de los actores las que darán una respuesta, las posibilidades de ubicación de este equilibrio están muy asociadas a las relaciones de poder, que ya sabemos cómo se distribuyen en la visión que el actual gobierno tiene y pone en práctica en el Uruguay de hoy.
Volviendo ahora al tema que planteaba Martín Rama acerca de la opción entre puestos de trabajo y transferencia, quiero señalar una importante propuesta referida a la primera de estas opciones así como que el mejor camino para recorrer hacia la misma es la innovación.
Planteado en esos términos, el razonamiento conduce claramente a los esfuerzos que es preciso realizar en materia de calidad de la fuerza de trabajo, lo que – a su vez – pone en juego las decisiones sobre educación y presencia de la ciencia en los resultados de la actividad productiva.
Los gobiernos del Frente Amplio asignaron a la educación una ubicación prioritaria, no sólo en términos de recursos presupuestales, sino también en la discusión sobre la formación de docentes, los contenidos de la enseñanza, la reacción de los alumnos ante la recepción de tales contenidos y la infraestructura física disponible para avanzar a partir de este rumbo.
Así, se registró un incremento de los recursos dedicados a la educación pública equivalente a 2 por ciento del producto. El gasto total con este destino se elevó de 3.2 por ciento en 2004 a 5.1 por ciento en 2019, lo que representó alrededor de 19 por ciento del monto total que tuvo la expansión del gasto público en dicho período.
No es el objetivo de esta nota analizar detalladamente los cambios que se financiaron con los recursos mencionados. Sí lo es el de sumar este testimonio de adhesión de la oposición al tipo de innovaciones que incrementarían las posibilidades de la creación de empleo respecto al camino de las transferencias.
De igual manera, el tema de la presencia de contenido científico y tecnología avanzada en la producción ofrece – con asignaciones presupuestales y resultados muy diferentes a los que exhibe la educación – un aspecto del universo de áreas y decisiones políticas que es preciso jerarquizar siempre. Para empezar, digamos que la asignación financiera durante los gobiernos de la hoy oposición no superó nunca alrededor de la mitad de un punto del producto.
También desde esta perspectiva afloran contradicciones evidentes en la actitud del gobierno actual, 
como por ejemplo el recorte de los recursos para el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), propuesto por quienes han hecho caudal de su apoyo al agro y a la mejora de la productividad.
No obstante, hay que señalar que, como lo indica una encuesta del BID de 2019, comentada en la edición de Búsqueda de 12 de noviembre de dicho año, las empresas uruguayas tienen una cultura alejada del progreso tecnológico, mostrando una escasa adopción de tecnologías avanzadas en la materia. Ante este escenario, el estudio recomienda «fomentar la concientización y adopción tecnológica por parte de las industrias y servicios y una campaña de comunicación» para contribuir en dicha dirección.
Teniendo en cuenta la actitud del gobierno en materia empresarial, cuesta mucho tener un atisbo de esperanza de que adopte algo parecido a la conducta recomendada por el estudio citado.
- De Montevideo Portal
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(*) Danilo Astori – Frenteamplista desde el 5 de febrero de 1971. Compañero de fórmula del Gral. Seregni en 1989. Fundador de Asamblea Uruguay. Ministro de Economía y Vicepresidente de la República en los gobiernos del FA. Fue docente y Decano de FCEA. Actualmente Senador.
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