El Referéndum de 13 de diciembre de 1992 representó la oposición de nuestra ciudadanía a recorrer el camino del neoliberalismo en la visión general del país y –en especial– el ámbito de la política económica y social.
Hace 28 años, y más concretamente el 13 de diciembre de 1992, el pueblo uruguayo tomó una histórica, rotunda y muy inteligente decisión. Se trata del referéndum que determinó la derogación de cinco artículos de la ley 16.211, llamada de empresas públicas. En rigor, como veremos después, el efecto fue mucho más allá de dicha derogación. Fue la oposición de nuestra ciudadanía a recorrer el camino del neoliberalismo en la visión general del país y – en especial – el ámbito de la política económica y social.
En realidad, valen todos los esfuerzos de memoria que se puedan realizar acerca de los aspectos específicos que tuvo la experiencia que estamos recordando. Pero tengamos en cuenta que hoy está vigente en el gobierno nacional una concepción muy similar a aquella contra la que la sociedad uruguaya se levantó y derrotó aplastantemente, sumando más del 80 por ciento de los votos emitidos para rechazar la ley cuestionada.
Si nos colocamos al más alto nivel de abstracción, la gran continuidad entre el gobierno encabezado por Luis Alberto Lacalle Herrera y el actual no radica, ni mucho menos, en los apellidos y los parentescos entre ambos titulares del Poder Ejecutivo. Descansa en sus convicciones acerca de la necesidad de reducir el rol de Estado en la sociedad, con lo que proponen disminuir todo lo posible el gasto público, prescindiendo de un análisis serio e inclusivo, aunque ello significa perjudicar derechos, y condiciones de vida de una proporción importante de la población.
Si comparamos los dos procesos desde la perspectiva de los instrumentos a los que apelaron, comprobamos que en 1992 se libró una batalla contra la enajenación de activos y funciones públicas fundamentales para el Uruguay. En la actualidad se ha elegido el camino del ajuste fiscal, basado en una reducción de grandes proporciones en el monto de recursos que es preciso asignar para que áreas estratégicas de la sociedad eviten su deterioro y, en la medida de lo posible, mejoren. Me refiero, desde luego, a la economía, pero también a la salud, a la educación, a la ciencia, al cuidado del ambiente, a la seguridad pública.
No obstante, y retornando al motivo central de esta conmemoración, que refiere al pronunciamiento del pueblo uruguayo contra la privatización de activos y funciones públicas, dos de los artículos derogados – el primero y el segundo – constituían verdaderos cheques en blanco para que el gobierno recorriera ese camino sin obstáculos.
Para apreciar dicha intención, basta recordar el primer inciso del artículo 1, que establece que «el Poder Ejecutivo podrá conceder u otorgar permisos para la ejecución de servicios públicos nacionales a su cargo. En caso que la ley haya asignado a un Ente Autónomo o Servicio Descentralizado la prestación de un servicio público, el Directorio o Director del Ente o Servicio podrá otorgar la concesión o permiso con aprobación del Poder Ejecutivo.
En todos los casos, el otorgamiento deberá ser efectuado mediante llamado público a los interesados sobre la base de igualdad de oferentes (artículo 482 y siguientes de la Ley Nro. 15.903, de 10 de noviembre de 1987 y artículos 653 y 655 de la Ley Nro. 16.170, de 28 de diciembre de 1990). La concesión o el permiso podrán incluir la transferencia de derechos de uso, usufructo y personales, así como la constitución de derechos reales o personales, respecto de los bienes muebles, útiles o necesarios para la ejecución del servicio por el periodo de concesión». ¡¡¡Casi nada!!!
Sin perjuicio de la enormidad que venimos de comentar, la gran propuesta del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera estaba concentrada primordialmente en ANTEL. Tanto por lo que ya había logrado en aquel entonces, como por lo que ya se proyectaba ocurriría después, ANTEL era la joya de la corona. Como indicadores importantes de la ubicación de ANTEL en el área de las comunicaciones, digamos que ya en 1991 operaba la telefonía celular, que en 1994 alcanzaría los 3000 aparatos en funcionamiento.
Por otra parte, en diciembre de 1988, el Instituto de Computación (INCO) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Republica instaló la primera conexión estable de correo electrónico con el resto del mundo. El principal operador al frente de estos tempranos resultados era, obviamente, ANTEL. Que también lo es hoy, cuando el país ha logrado ubicarse a la cabeza de las telecomunicaciones en la región latinoamericana. Se puede elegir cualquiera de los indicadores en la materia para fundamentarlo, como por ejemplo la cantidad y la calidad de los teléfonos celulares, que han llegado a un total que supera los 5 millones, la fibra óptica al hogar, la banda ancha y su velocidad de bajada, el cable submarino y el volumen de información al que nos permite acceder.
Estos atributos ya se intuían en 1992 y por eso estábamos ante un bocado muy apetecible. El gobierno de entonces propuso su asociación a través de una elevada proporción de su paquete accionario. En un mundo de las telecomunicaciones totalmente dominado por grandes consorcios privados y transnacionales, dicho camino hubiera significado una verdadera absorción por parte del socio seguramente más potente y una pérdida de la soberanía nacional sobre la trayectoria que ya en 1992 exhibía la empresa. Por ese camino, hoy no estaríamos sintiéndonos orgullosos del protagonismo de ANTEL en la era de la explosión digital.
Los pueblos saben tomar decisiones sabias. En definitiva, son las que marcan el rumbo de la política y de las transformaciones que una sociedad necesita. La que estamos conmemorando, es un excelente ejemplo al respecto.
- De Montevideo Portal
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