Como era previsible, el tramo final de la discusión presupuestal no fue la excepción. Exhibió, una vez más, conductas políticas de baja calidad y constituyó la pérdida de una buena oportunidad para demostrar que más allá de diferencias sobre la realidad nacional que no habrán de cambiar, existe un intento permanente de la coalición oficialista de desmerecer el análisis y las consiguientes propuestas de la oposición. Entiéndase bien, no estoy sosteniendo que la defensa de su política económica por parte del gobierno constituya una postura de baja calidad. Lo que si cae en esta calificación son los argumentos que se utilizan y hasta el talante con el que se expresan.
Un ejemplo bien simple y concreto nos ayuda a comprender esta afirmación. Como se sabe, desde la oposición sostenemos que el gobierno debería actuar con otra conducta fiscal. Sabiendo que el país ha construido fortalezas que se lo permiten, proponemos no continuar con el ajuste que se está practicando hoy y proyectando para mañana, y adoptar una conducta contracíclica que – entre otras cosas – supone dedicar más recursos para frenar el deterioro que está sufriendo el mundo del trabajo. Por su parte, el gobierno responde que las restricciones fiscales no se lo permiten.
Ante un debate como el señalado, resulta lógico que se apele a la experiencia internacional para disponer de fundamentos sin duda valiosos, aunque siempre ubicándolos en los contextos generales y las historias sobre el tema que están asociados a la materia sobre la que se discute.
A partir de estas condiciones, la bancada del Frente Amplio comprobó que Uruguay se encuentra entre los países en los que, con referencia al Producto Bruto Interno, se dedican menos recursos para apoyar los niveles de actividad, la situación laboral y las condiciones de vida de la población más castigada por los efectos de la pandemia que sufrimos. Y para sostener esta apreciación citó estudios sobre este aspecto que el Fondo Monetario Internacional ha venido realizando y acumulando para que los gobiernos del mundo dispongan de antecedentes al respecto.
La respuesta del gobierno fue decepcionante. Para neutralizar esta afirmación no se apeló a la discusión sobre la calidad de esos números, sino – con la consabida dosis de sarcasmo – a la descalificación de la fuente de aquellos, agregando que el Frente Amplio recurría ahora al Fondo para definir el rumbo de su política económica.
Los uruguayos tenemos bastante que estudiar y afirmar sobre nuestras relaciones con el Fondo Monetario Internacional, que comenzaron en 1959 con la primera carta – intención que firmó el entonces gobierno del Partido Nacional. Ese acuerdo incluía apoyo crediticio del Fondo y un conjunto de exigentes condiciones como contrapartida, todas ellas orientadas por una indiscutible concepción neoliberal.
Ese fue el comienzo de una larga historia que mantendría tales características y finalizaría recién en 2006, cuando el primer gobierno del Frente Amplio canceló la deuda con quien era nuestro principal acreedor institucional, terminando con las condiciones que nos impusieron durante 46 años. Esa historia incluye un tramo final con muchas tensiones, que también hay que conocer antes de realizar afirmaciones como las que motivan estos comentarios.
Por ejemplo, es preciso tener en cuenta que en 2002 el Uruguay vivió una importante crisis bancaria, financiera y de endeudamiento. Y en aquellas circunstancias al país se le abrían dos caminos posibles. Declararse en «default» o negociar acuerdos con los acreedores que permitieran disponer de tiempo para superar los desequilibrios graves que se habían configurado en las áreas mencionadas, interrelacionados a su vez entre sí.
Y el gobierno de entonces eligió el camino que correspondía y que la realidad posterior avaló a partir de sus resultados. Negoció con sus acreedores, cumplió con sus compromisos e instauró normas de supervisión de instituciones financieras con criterios macroprudenciales y microprudenciales. No voy a dejar de reconocer que en aquel escenario tuvimos diferencias en el Frente Amplio. Pero creo que es justo reconocer que se hizo una oposición responsable, dada la gravedad que tenía la crisis planteada. Recuerdo estos antecedentes porque, aunque parezca mentira, este debate también se planteó dentro del FMI.
Había entonces autoridades importantes de la institución que sostenían que Uruguay debía declararse en «default» y presionaban al gobierno uruguayo para que tomara por este camino. Para bien del país, esta propuesta fue rechazada, lo que permitió dar comienzo a la construcción de una de las fortalezas de la economía, que luego se profundizaron y consolidaron durante los gobiernos del Frente Amplio.
Pero también los recuerdo para fundamentar mis críticas a la postura asumida en la discusión presupuestal por parte del gobierno actual sobre este tema. Apenas instalado el primer gobierno del Frente Amplio se encontró con dos opciones. Continuar cumpliendo con los compromisos asumidos, incluyendo la cancelación de la deuda con el Fondo – lo que implicaba terminar con las condiciones que se le imponían al país – o dedicar el estrecho margen financiero existente al llamado Plan de Emergencia, dedicado al combate a la pobreza. El gobierno tomó la segunda opción y al año siguiente, esto es en 2006, pudo hacerse cargo de la primera, cancelando deuda y condiciones del Fondo por primera vez en 47 años.
Desde entonces no hay injerencia en la política económica interna, lo que no implica prescindir de reuniones anuales que como miembros de la institución realizamos con sus encargados de misión. En dichos encuentros se proporcionan datos correspondientes a otras realidades, que son de consulta muy útil a los efectos de tomar algunas decisiones sobre las que existen antecedentes en otras partes del mundo.
En suma, no confundir – y mucho menos irónicamente – los papeles del Fondo y sus relaciones con Uruguay. Una característica es su carácter de prestamista y el planteo de condiciones que constituyen la contrapartida del financiamiento que se proporciona. Esto, en Uruguay, no existe desde 2006. No obstante, no sería equitativa ni seria esta afirmación si no incluyera un dato muy importante, que es el que nos dice que el 62 por ciento de los préstamos que concedió el Fondo como consecuencia de la irrupción y la expansión de la pandemia, se destinó a 21 países de la América Latina. Imponiendo condiciones sin duda, pero seguramente también contribuyendo a salvar vidas.
El otro rol que cumple la institución es el de elaborar y difundir información sobre la economía mundial que sería ridículo ignorar porque limitaríamos seriamente nuestra capacidad de conocimiento acerca de problemas que hoy afectan a gran parte de la humanidad.
Con ese espíritu es que la bancada de la oposición hizo referencia a información recopilada y elaborada por el Fondo Monetario Internacional. Discrepemos con los contenidos si corresponde, pero no con una función que no podemos ni debemos desaprovechar.
- De Montevideo Portal
Sé el primero en comentar