El asesor aconseja y el gobierno decide. Sepamos cómo influyen las opciones planteadas por el universo académico especializado.
Como parte de los comentarios, las reflexiones y las decisiones que tuvieron lugar a propósito del avance de la pandemia del coronavirus en nuestro país, se ha abierto la oportunidad de aclarar algunos conceptos fundamentales en juego y – lamentablemente – rechazar la mala intención de juicios sobre el gobierno anterior que no ayudan en nada al entendimiento y la unidad de esfuerzos para encarar el flagelo que nos azota con mucha fuerza.
Un primer motivo de reflexión y debate ha sido el que se vincula con los roles a asumir y practicar por quienes aportan conocimiento científico y profesional especializado y aquellos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones políticas, o sea, las que pretenden alterar la realidad en un sentido y una intensidad predeterminados. Y los aportes para el análisis sobre estos roles han sido abundantes e imprescindibles en el marco de la complicada realidad pandémica que padecemos. Es que no conozco en la historia de la humanidad cambios estructurales que, aun suponiendo transformaciones políticas de fondo, hayan ignorado los aportes de asesores con formación académica y profesional para un diseño de tales acciones a un nivel de calidad coherente con los fines perseguidos.
Cualquiera sea el área de la sociedad a la que refieren los roles mencionados, el fundamento conceptual de base es, en todos los casos, el mismo: apoyado en sus conocimientos el asesor aconseja, incluyendo el planteo de opciones alternativas. El que decide es el gobierno.
Sin embargo, existe un aspecto fundamental que no es posible ignorar y que abordaré desde una perspectiva epistemológica. Hay un campo del conocimiento que coloca al asesor en una postura distinta. Es el de las ciencias sociales. Y ese elemento diferente es el contenido ideológico que, consciente o inconscientemente, contendrá la asistencia profesional.
Como he señalado antes, también en este caso la decisión vendrá de quienes han asumido una responsabilidad política, pero hay que saber que las opciones definidas por quienes asesoran, tienen el sello de una determinada visión del país, así como de las alternativas que esa visión ofrece en los escenarios a los que refiere el proceso.
Es que la gran diferencia metodológica entre las ciencias exactas y naturales por un lado, y las sociales por otro, radica en la relación que – en uno y otro caso – existe entre el sujeto y el objeto del análisis. En el primer caso, el sujeto siempre está afuera del objeto. Para estudiar los efectos de un estímulo a la inversión o un sistema tributario no es posible meterlos en un tubo de ensayo y observarlos desde afuera.
En cambio en materia social – incluyendo todas las diversas áreas que comprenden este ámbito del conocimiento y la actividad política – quien analiza y aconseja es parte de la realidad y sus análisis y posibles sugerencias siempre supondrán la presencia de ese contenido ideológico que es parte inseparable e imprescindible en el proceso de construcción de estudios y propuestas que se encuadran en esta parte del universo científico.
Es que cualquiera sea el contenido de lo que los asesores en ciencias sociales trasmitan a los que tomarán las decisiones en materia de conducta política, su eventual puesta en práctica tendrá un determinado efecto en la realidad sobre la que se actúa, el que a su vez estará asociado al contenido ideológico del pensamiento de los asesores involucrados.
El transcurso del proceso de enfrentamiento a la terrible pandemia que nos está afectando constituye una adecuada ilustración acerca de las reflexiones precedentes.
Como parte de lo que consideré un enfoque adecuado de parte del gobierno, se constituyó un grupo de carácter académico y especializado con la finalidad de asesorar acerca de la toma de decisiones referidas a la lucha contra el coronavirus. Los resultados obtenidos fueron buenos y Uruguay fue colocado en un lugar destacado como parte de una evaluación internacional.
En los últimos meses las cosas han cambiado. Los resultados empeoraron notablemente y hoy nos vemos en la necesidad, no sólo de restringir la movilidad de nuestra población, sino también de apresurar la vacunación que nos ayude al crecimiento de la inmunización. Obviamente, durante el transcurso de todo este proceso – tanto en su fase buena como en la preocupante – el grupo asesor de alto nivel estuvo aconsejando y por algunos testimonios conocidos, quizás con algunas discrepancias internas en cuanto a las restricciones a la movilidad de la población.
Ya conocemos las decisiones que tomó el gobierno, porque esa es su responsabilidad, pero lo ha hecho optando por alguno de los caminos que técnica y profesionalmente le fueron sugeridos. Y eso se hizo sin carga ideológica alguna, sino – a lo sumo – a partir de discrepancias originadas en las especialidades científicas en juego.
En cambio, el gobierno también recibe asesoramiento en materia social y – particularmente – en el área económica. Esa que sostiene – y desde el Ministerio de Economía y Finanzas practica – que al gobierno hay que medirlo por la inflación y el resultado fiscal, de lo que podría deducirse que este último tiene prioridad respecto a la evolución que todos los uruguayos ansiamos en lo que refiere a la pandemia y sus efectos.
No es este el momento de renovar una discusión que ya está planteada y seguramente seguirá vigente en los tiempos que vendrán. Sí es la oportunidad de señalar la muy clara carga ideológica de este planteo de política económica, asociada a una de las dos visiones profundamente diferentes sobre nuestra realidad social.
Para ese debate, digamos que una buena síntesis de sus fundamentos ideológicos la encontramos en el prólogo de un informe de la CEPAL sobre sustentabilidad fiscal y reformas tributarias en América Latina, elaborado por Alberto Arenas en 2016. En este trabajo se afirma que «sólo las sociedades que lograron crecer por periodos prolongados han sido capaces de alcanzar mejoras sostenibles de su cohesión social y han logrado asegurar condiciones de vida equitativas entre sus habitantes; pero debemos tener presente que sólo aquellas sociedades que logran hacer partícipes a todos sus miembros de los frutos del progreso, son capaces de sostener tasas de crecimiento por periodos prolongados.»
La política fiscal es el ancla de la política económica y – por muchas razones – su instrumento más importante. Esta afirmación refiere por supuesto a las dos grandes áreas de la misma, esto es, la de los ingresos públicos y la del gasto. Y el manejo de una y otra contribuye a definir claramente la orientación ideológica en el área económica de quien decide políticamente ese manejo. Es que se trata, ni más ni menos, que de optar por las fuentes de los recursos públicos y el destino de los mismos. Una larga y rica historia permite comprobar que es el gasto público la herramienta principal para lograr asegurar un acceso equitativo a los frutos de la actividad. Pero el gasto no podría hacer su obra si no está apoyado por recursos que lo hagan posible y sean generados con criterios coherentes con aquellos que lo orientan.
Esa coherencia se comprueba al examinar las decisiones que ha venido tomando el gobierno desde que asumió, sólo que ahora le está agregando una clara violación de compromisos electorales, como los que se comprueban al verificar el importante incremento de la carga tributaria sobre la población, lo cual, por su naturaleza, castiga especialmente a los más débiles.
Es que a la temprana y augural disminución de la bonificación que estaba vigente respecto al IVA en las compras con tarjeta de débito, ahora se le agrega el reajuste de las bases de prestaciones y contribuciones en base al índice de salarios y no el de precios al consumo, lo cual significara que más uruguayos paguen más impuestos y reciban menos prestaciones; el aumento del IMESI; el incremento real de las tarifas; y la eliminación del 24 por ciento de subsidio que recibía la llamada nafta de frontera. Si a ello se le agrega el deterioro real de salarios y pasividades, se aprecia claramente la orientación excluyente de la política de ingresos públicos que no es otra que el criterio de severo ajuste que se practica en materia del gasto.
No es este el camino para alcanzar el crecimiento estructural y prolongado. Y mucho menos lo es para mejorar la vida de tantos compatriotas que hoy sufren las consecuencias sanitarias y económicas del complicado escenario de la realidad uruguaya.
Ojalá podamos sostener este debate con altura y respeto. Y un poquito de corazón, que nunca está demás.
- De Montevideo Portal
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