La Fiscalía departamental de Tacuarembó de 2º turno, a cargo de la fiscal Irene Penza, imputó a 19 personas, 18 colombianos y un venezolano, por varios delitos vinculados a usura, violencia privada y asociación para delinquir. Según informó la institución, tres de los acusados fueron imputados por “un delito continuado de usura, en concurso formal con un delito de asociación para delinquir, y en reiteración real con reiterados delitos de violencia privada”.
Por su parte, 16 fueron imputados por “un delito continuado de usura, en concurso formal con un delito de asociación para delinquir”. “Se les impusieron por 120 días las siguientes medidas cautelares: obligación de fijar domicilio; obligación de presentarse una vez por semana en la seccional policial de su domicilio; prohibición de abandonar el territorio nacional y obligación de entregar sus documentos de viaje con cierre de fronteras; y prohibición de acercamiento a los domicilios de las víctimas”, se informó.
Según el pedido de formalización de la investigación, en febrero de 2022 se comenzó una investigación por la “presunta existencia de un grupo organizado de personas de nacionalidad colombiana, que se dedicaba a realizar préstamos de dinero esencialmente a emprendedores o comerciantes, con obligación de restituirlo ‘gota a gota’, es decir, día a día, con un porcentaje de interés normalmente del 20%, en plazo de 20, 24 y 30 días”.
“En el marco de la investigación, se pudo identificar a varias personas que formaban parte de la maniobra en cuestión, lográndose determinar que los préstamos eran de sumas que oscilaban entre los $ 5.000, $ 10.000 y hasta $ 150.000, con obligación de restitución en cuotas diarias, la primera a partir del día siguiente de otorgado el préstamo en cuestión.
Si la devolución de la cuota diaria no era alcanzada por el deudor, comenzaban las amenazas, la violencia, llegando en algunos casos al hurto de bienes en concepto de cobro por el crédito y, en otros casos más graves, implicando amenazas con arma de fuego, o bien incendio de fincas, persecución en domicilios particulares, presentación diaria en diferentes horarios en el comercio de la víctima”, apuntó la fiscal del caso.
Las cuotas de pago rondaban entre los $ 500 diarios a $ 1.500, $ 2.000 y hasta $ 6.000 diarios, dependiendo de la suma de dinero que habían solicitado. Por ejemplo, en el caso de haber solicitado un préstamo de $ 10.000, la restitución implicaba cuotas de $ 500 durante 24 días, llegando a restituir la suma total de $12.000 en menos de un mes.
“Este tipo de préstamos generaban intereses muy superiores a las tasas medias permitidas por el Banco Central del Uruguay (BCU). También se tuvo presente que resulta ilegal la realización de actividad bancaria sin contar con la autorización correspondiente por el BCU”, afirma Penza en el documento.
La maniobra, según la investigadora, incluía la averiguación de los centros de estudio de los hijos de las víctimas y los imputados se presentaban en la puerta, “exigiendo el pago de las cuotas adeudadas bajo amenaza de sufrir un daño a su persona, bienes o bajo el temor de que llamarían al ‘supervisor’, quien resultaba ser una persona que normalmente manejaba armas de fuego”.
“Para la obtención del pago, en todos los casos se empleaba la extorsión y medios violentos, en cuyo caso la gente culmina pagando por miedo a sufrir un daño a sus bienes o a su familia, porque los métodos de cobro no son legales, sino que son a través de la exhibición de armas de fuego y presión constante, presentándose en el domicilio o almacenes de las personas afectadas o que hubieran recibido algún préstamo por este grupo organizado”, agrega la magistrada.
En esta línea, Fiscalía detalló que, durante un período de más de un año, una cantidad de víctimas denunció las maniobras abusivas y que se pudo identificar que varios de los partícipes de la organización tenían como negocio de “pantalla empresas en el rubro de electrodomésticos, o monotributo”.
“Esta red organizada, reclutaba personas generalmente de nacionalidad colombiana, quienes ingresaban a nuestro país con la promesa de realizar un trabajo que pudiera ayudar a sus familias en Colombia, muchas veces desconociendo cuál era efectivamente el tenor de la tarea a desarrollar; llegaban a nuestro país únicamente con un pasaje de ida, cuyo costo debía ser reembolsado al recluta con trabajo durante un período de un año, con condiciones asimismo de alojarse en las viviendas proporcionadas por su reclutador, a las cuales no podía ingresar nadie por fuera del negocio, por un tema de seguridad del dinero que se manejaba en el interior de dichas viviendas”, consignó la fiscal en el petitorio.
Para pedir la formalización, Penza presentó registros fílmicos, la declaración de víctimas y testigos, además de boletas, documentos, motos, impresora y dinero por diferentes sumas en cada una de las viviendas allanadas. En total, se incautaron $ 1.699.744 (US$ 44.000).
- Fuente: Montevideo Portal
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