“El turismo social debe ser una política de Estado apoyada por públicos y privados”, señaló la ministra del área, Liliam Kechichian, en el cierre de la temporada del programa que incluye a adultos mayores, trabajadores, quinceañeras y estudiantes. Esa política permitió que casi 5.000 beneficiarios accedieran al ocio y la recreación, inclusive población de sectores postergados como las empleadas domésticas y los peones rurales.
“El Sistema Nacional de Turismo Social ha sido, desde 2006, uno de los programas más conmovedores y que nos ha dado mayores satisfacciones” sostuvo Kechichian, este lunes 9 en la sede de la cartera, en el cierre de la temporada de viajes del año.
De esa actividad también participaron el titular de la Dirección Nacional de Turismo, Carlos Fagetti, y el director del Banco de Previsión Social Álvaro Nodale, entre otros representantes públicos y privados de esta modalidad turística.
«Era necesario que el país tuviera un programa de esas características para atender una actividad definida como derecho humano, como es el ocio y la recreación de todos los habitantes, en todo el país y durante todo el año», expresó Kechichian.
En los últimos cinco años se concretaron salidas desde los 19 departamentos de Uruguay, que llegaron a 17 jurisdicciones receptoras con más de 40 destinos. Hubo más de 150 localidades emisoras, entre los que figuran poblados y caseríos rurales», informó.
Kechichian informó que este año totalizaron casi 5.000 los beneficiarios de los programas Adultos Mayores, Trabajadores, Paseos por el Día, Quinceañeras, Viajes Inclusivos, Estudiantes y Jóvenes. «Esa red nos permitió crear nuevos productos turísticos en lugares no tradicionales como Bella Unión, en Artigas; Belén, en Salto; San Javier, en Río Negro, y General Enrique Martínez (La Charqueada), en Treinta y Tres, lo que permitió generar en esos lugares recursos genuinos», analizó.
Según se estima desde la secretaría estatal, cada viaje de Adultos Mayores de Turismo Social significa para el mercado un promedio de 8.000 dólares que se distribuyen entre todos los integrantes de la cadena de valor: transportistas, guías, hoteleros, gastrónomos, hoteleros y pequeños comerciantes.
«Hemos podido atender a algunos sectores históricamente postergados como las domésticas, empleados del comercio, trabajadores rurales que han ido ganando algunos derechos», destacó. “El turismo social debe ser una política de Estado, apoyada por públicos y privados, por encima de preferencias partidarias”, subrayó la ministra.
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