MONTEVIDEO (Uypress) – Coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa y la divulgación del informe de Reporteros Sin Fronteras que rebajó 26 posiciones a Uruguay en el ranking internacional, el sindicato de los periodistas presentó una carta a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Relator Especial para la Libertad de Expresión, donde da cuenta del permanente hostigamiento que vienen sufriendo trabajadores de los medios de comunicación, haciendo especial hincapié en la actitud de la senadora oficialista Graciela Bianchi.
La carta presentada por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), que al final de esta nota reproducimos completa, se conoce el mismo día que Reporteros Sin Fronteras divulgó su Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, en la que Uruguay descendió del puesto 18 al 44 respecto al año anterior.
La misiva fue presentada en ocasión de la celebración en nuestro país de la Conferencia Mundial de UNESCO por el Día de la Libertad de Prensa.
En la carta se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la realización en nuestro país de una «audiencia pública», para poder «analizar esta situación y exigir a las autoridades pertinentes la debida atención a esta problemática que afecta elementales derechos de una democracia representativa».
La senadora oficialista Graciela Bianchi es señalada explícitamente por su «permanente actitud hostil contra periodistas», sea a nivel de redes sociales como en intervenciones públicas. «La Dra. Bianchi tiene una presencia permanente en redes sociales y a través de ellas, en especial en la plataforma Twitter, ha manifestado en reiteradas oportunidades opiniones descalificatorias hacia diversos periodistas cuando expresan opiniones o informaciones que cuestionan políticas o decisiones del gobierno», se señala en la carta de APU.
«Este tipo de descalificaciones, en general, alienta a activistas o seguidores suyos a utilizar la misma línea de descalificación contra quienes son objeto de señalamientos», llegando «al extremo de atribuir conductas o intencionalidades que exponen gravemente a periodistas, como calificarlos de ‘miserables’, acusarlos de ‘mentir’, ‘hablar mal del país’ o cometer ‘traición a la patria’ por el solo hecho de informar sobre el impacto de la pandemia en el sistema de salud de nuestro país».
En la carta también se denuncia «la realidad que se vive en materia de Acceso a la Información Pública, donde ha aumentado notoriamente en los últimos tiempos la falta de respuesta de las autoridades públicas a los pedidos de información presentados, lo que conspira contra una amplia y transparente información a la sociedad sobre temas de interés general», y se manifiesta la preocupación por el «crecimiento importante la cantidad de casos de denuncias ante la justicia penal contra periodistas por el desarrollo de su actividad, tanto en Montevideo como en el interior del país».
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Texto completo de la carta presentada por APU
Sra. Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Dra. Julissa Mantilla
Sr. Relator Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Organización de Estados Americanos (OEA)
Dr. Pedro Vaca Villarreal
De nuestra mayor consideración:
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) desea poner en su conocimiento una situación de acoso y hostigamiento contra periodistas que se está verificando en forma reiterada en la República Oriental del Uruguay.
Por la relevancia de las situaciones que vamos a exponer en esta presentación, a la APU le parece conveniente y necesario que la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión realicen en Montevideo una Audiencia Pública para analizar esta situación y exigir a las autoridades pertinentes la debida atención a esta problemática que afecta elementales derechos de una democracia representativa.
Junto a otras instituciones defensoras de la libertad de expresión, nuestro sindicato ha venido señalando desde hace meses la existencia de un contexto de hostigamiento, desacreditación y acusaciones contra periodistas y medios que ejercen un periodismo crítico por parte de distintos voceros del gobierno, tanto en redes sociales, como mediante mensajes de texto personales o incluso en encuentros personales.
Hay pronunciamientos públicos, informes y artículos periodísticos que muestran estos ataques y que están reflejados en sucesivos informes sobre el estado de la libertad de expresión en Uruguay que ha presentado el Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAINFO), el último de ellos el pasado viernes 29 de abril.
En diversas oportunidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial que Uds. encabezan se han expresado claramente sobre el rol que desempeñan los medios de comunicación en la consolidación y preservación del Estado de Derecho y, consecuentemente, de la democracia representativa.
A nuestra institución le preocupa especialmente la permanente actitud hostil contra periodistas que muestra en redes sociales y en entrevistas en diversos medios de comunicación la senadora Dra. Esc. Graciela Bianchi, del gobernante Partido Nacional.
La Dra. Bianchi tiene una presencia permanente en redes sociales y a través de ellas, en especial en la plataforma Twitter, ha manifestado en reiteradas oportunidades opiniones descalificatorias hacia diversos periodistas cuando expresan opiniones o informaciones que cuestionan políticas o decisiones del gobierno.
Este tipo de descalificaciones, en general, alienta a activistas o seguidores suyos a utilizarla misma línea de descalificación contra quienes son objeto de señalamientos.
Estas expresiones han llegado al extremo de atribuir conductas o intencionalidades que exponen gravemente a periodistas, como calificarlos de «miserables», acusarlos de «mentir», «hablar mal del país» o cometer «traición a la patria» por el sólo hecho de informar sobre el impacto de la pandemia en el sistema de salud de nuestro país.
Como parte de su prédica constante, la legisladora también ha amenazado a diversos periodistas con supuestas investigaciones y demandas judiciales y civiles por el contenido de la información que han divulgado.
En una entrevista realizada hace algunos meses, se le preguntó a la legisladora sobre esta prédica y si no se trataba de un exceso, a lo cual respondió:
«Yo desde el principio digo que esto es una guerra; hay una similitud de experiencias y situaciones». Y sobre el calificativo de «traición a la patria» adjudicado a un periodista aseguró: «él (por el periodista) fue tendencioso porque falseó las cifras».
Nuestra institución considera que estos reiterados señalamientos de la legisladora no sólo son agraviantes para el desempeño profesional de los periodistas, sino que los exponen al hostigamiento en redes sociales, la discriminación y el descrédito social.
En definitiva, constituyen un caso claro de discurso que genera un ambiente hostil contra la prensa, que está al margen del debate de opiniones o ideas que debe prevalecer en un sistema democrático.
Estas manifestaciones de esta alta funcionaria gubernamental no ocurren de forma aislada.
Como consta en los casos incluidos en los informes de CAINFO, la situación que nos ocupa no sólo es grave por la calidad de funcionaria pública electa y el alto perfil que tiene la senadora Bianchi, sino por la reiteración e insistencia de estas actitudes que socavan la actividad periodística.
La APU también quiere denunciar la realidad que se vive en materia de Acceso a la Información Pública, donde ha aumentado notoriamente en los últimos tiempos la falta de respuesta de las autoridades públicas a los pedidos de información presentados, lo que conspira contra una amplia y transparente información a la sociedad sobre temas de interés general.
También ha tenido un crecimiento importante la cantidad de casos de denuncias ante la justicia penal contra periodistas por el desarrollo de su actividad, tanto en Montevideo como en el interior del país.
Uruguay exhibe buenos niveles internacionales en materia de protección de la libertad de expresión y de información, pero a juicio de nuestro sindicato estos buenos indicadores se pueden deteriorar ostensiblemente si no se actúa en consecuencia para minimizar estas acciones que desde el poder político intentan silenciar a los trabajadores de los medios de comunicación.
Nuestra presentación tiene el objetivo de poner en su conocimiento esta realidad y la necesidad de que a través de una Audiencia Pública de la CIDH en Montevideo se recuerde al gobierno de Uruguay que todos los poderes del Estado deben cumplir con la obligación constitucional e internacional de «prevenir, proteger, investigar y sancionarla violencia ejercida contra periodistas, y en particular, de aquellos que hayan sido objeto de intimidación, amenazas u otro acto de violencia».
La firman el presidente del gremio, Fabián Cardozo, y el secretario general, Rody Olivera.
– UyPress – Agencia Uruguaya de Noticias
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