El miedo y la sensación de inseguridad siguen estando presentes en la vida de las periodistas que denunciaron hechos de acoso sexual y laboral en el Paraguay. Muchas de sus voces aún son rehenes del temor a expresarse, mientras que colectivos de prensa y organizaciones que trabajan por la libertad de expresión y los derechos de las y los trabajadores se movilizan por justicia.
Dialogamos con una de las víctimas y denunciante de las reiteradas situaciones de acoso en el grupo Albavisión quien señaló un entramado de complicidad entre los integrantes de la alta gerencia del medio y lamentó que la empresa no se hiciera presente en la audiencia frente al Ministerio del Trabajo el pasado viernes 5 de agosto, “lo cual muestra a las claras las pocas intenciones de la empresa de enfrentar y solucionar estas situaciones”, argumentó.
Un grupo cercano a las 20 mujeres trabajadoras del grupo en cuestión, se han venido organizando para redactar y presentar sus denuncias para poner coto a “una práctica naturalizada” en las redacciones donde “tanto periodistas, como productoras, editoras, entre otras trabajadoras han sido expuestas a situaciones de violencia y acoso de manera sistemática”.
Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), dijo a Portal APU.uy que “estos hechos, además de violentar los derechos humanos y laborales de estas trabajadoras, provocan un deterioro de las relaciones democráticas dentro de la sociedad” ya que impacta directamente “en la credibilidad de los medios”.
Ortiz ha acompañado a las víctimas en este trabajo de contención, pero también de solidaridad activa desde el sindicato “ya que, en Paraguay, aunque una persona individualmente no esté sindicalizada el sindicato toma para sí las denuncias que violenten o atenten contra los derechos de los trabajadores donde el sindicato tiene presencia, tal es el caso de Albavisión”, explicó el dirigente sindical.
Albavisión es un conglomerado de medios con presencia en 14 países de la región y conforma uno de los tres grupos mediáticos más importantes del Paraguay, donde administra medios como Paravisión, el canal SNT, C9N, y el canal regional Sur TV.
La redacción como epicentro de la agresión
Para Yimmi Peralta, directivo del SPP “el trabajo en los medios se desarrolló por décadas dentro de un código predominantemente machista”, por cual desde el Sindicato “venimos trabajando en un proyecto de protocolo de recepción y canalización de denuncias de acoso, ya que es menester generar seguridad en las víctimas a la hora de ofrecer contención jurídica o gremial”,
Diversos colectivos de prensa han venido denunciando la “negligencia con la que se trataron las denuncias contra los agresores”. Según relevamientos realizados a la luz de estas denuncias, la vulneración de derechos de las mujeres trabajadoras de la prensa consta de un lamentable historial que podría rastrearse fácilmente a una década atrás.
El pasado 30 de julio, la Red de Mujeres y comunicadoras del Paraguay exigió “la intervención inmediata del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social” al tiempo que reclamó “sanciones a esta empresa que no solamente encubre acosadores, sino que además castiga a las mujeres que tomaron la decisión de denunciar”.
Al tiempo que expresaron su solidaridad “con las compañeras desvinculadas de C9NParaguay, Paravisión Canal 5 y el Sistema Nacional de Televisión Paraguay, en evidente represalia a las denuncias hechas tras numerosas situaciones de acoso sexual y laboral”.
Acoso a comunicadoras: un secreto a voces
De acuerdo a la periodista Noelia Díaz Esquivel, es contradictorio que por un lado “piden que denunciemos las violencias a las que nos someten, pero después nos castigan por hablar”.
“Las situaciones del acoso laboral en Canal 9 y C9 ambos canales del grupo Albavisión, se vienen dando desde hace mucho tiempo, pero las periodistas y trabajadoras de prensa nunca se animaron a denunciar”, reconoció Díaz Esquivel.
“El 19 de mayo, un grupo de cuatro trabajadoras decidieron denunciar lo que estaba pasando en sus puestos laborales”, recordó Díaz Esquivel; “desde allí, comienza un proceso de acompañamiento y de preservación de sus identidades para evitar la estigmatización; ya que cuando una mujer denuncia se señalan a las mujeres como las responsables”.
Las denuncias fueron presentadas ante el Ministerio del Trabajo, el cual cuenta con una dirección específica de protección a la mujer trabajadora, y también se presentó una denuncia en lo penal, que en teoría esa denuncia en la actualidad está siendo investigada por el Ministerio Público.
Si bien Díaz Esquivel dijo a Portal APU.uy que al inicio se enfrentaron a un cerco informativo para lograr difundir lo que estaban viviendo, medios locales como ABC, expusieron el tema con titulares como “Aumentan las periodistas víctimas de acoso sexual en dos canales de televisión” mientras que Última Hora tituló al respecto “Tras denuncias de acoso sexual a periodistas, grupo mediático anuncia medidas”.
Superar la fragilización de la sindicalización ayudaría a evitar el acoso
El Sindicato de Periodistas del Paraguay repudió este tipo de prácticas y la impunidad de los autores, al tiempo que consideró “prioritario canalizar las denuncias, de modo que estos conflictos; que muchas veces son considerados como personales o de la privacidad, tengan un respaldo colectivo para la protección y el acompañamiento de las víctimas”, puntualizó Yimmi Peralta, directivo del SPP.
Como detonante de esta problemática, tanto las víctimas como las organizaciones sociales y periodísticas, señalan que “el machismo sigue siendo predominante en la sociedad paraguaya y la naturalización del acoso sigue siendo un fantasma que no termina de irse en el contexto del trabajo de prensa”, reconoció Peralta.
La precarización laboral como norma
“En tanto más precarizado sea el trabajo de la mujer y más necesaria es su vinculación laboral, es más posible que se den estos casos, y las respuestas ineficaces del Estado propician la impunidad y el posterior silencio de las víctimas”, puntualizó Peralta.
Díaz Esquivel, ex secretaria general del SPP, consultada por Portal APU.uy afirmó que “ninguna de estas chicas tenía estabilidad laboral. Tenían menos de 10 años que es lo que acá un trabajador o una trabajadora tiene que alcanzar para tener estabilidad laboral”.
Los funcionarios del consorcio Albavisión Paraguay, expusieron ante las autoridades del Grupo Albavisión en su sede de Miami lo que están viviendo, pero “hasta el momento no hay respuesta por parte de los directivos al pedido de informe «por los hechos de violencia en el ámbito laboral» requerido por la Cámara de Senadores del Congreso Nacional”
Las víctimas se mantienen firmes en sus denuncias, exigiendo un trato digno a sus reclamos, que se investigue y se haga justicia; pero que también se logren adecuar y actualizar los mecanismos que garanticen la no repetición de hechos como los vividos por estas trabajadoras.
“Se nos ha violado nuestro derecho humano básico a un espacio adecuado y saludable de trabajo, pero además hemos vivido una falta de sensibilidad ante lo que nos ha pasado” lamentó una de las víctimas en diálogo con Portal APU.uy
Esta realidad ha destapado temas cruciales como la precarización laboral y la falta de garantías elementales para un desarrollo sano de la profesión; ya que la legislación laboral paraguaya concede estabilidad laboral luego de completar 10 años en un mismo trabajo, antes de los cuales pueden aplicarse despidos injustificados.
Si bien cada estado es libre de establecer sus normas laborales, hay una clara disparidad en cuanto a lo que refiere a la consideración de la estabilidad laboral, ya que en Perú se considera que un trabajador logra dicho estatus a los cinco (5) años y en Uruguay a los 90 días.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “deberían evitarse los procedimientos de despido arbitrario. Las normas de la OIT en materia de terminación de la relación de trabajo se proponen encontrar un compromiso entre dos aspectos: por una parte, el derecho del empleador a despedir a los trabajadores por razones válidas y, por la otra, la garantía de que los despidos sean justos”
Por su parte, en la declaración sociolaboral del Mercosur del 2015, suscrita por Paraguay, se establece que los Estados Partes deberán instituir, mantener y fortalecer los servicios de inspección de trabajo, dotándolos de los recursos materiales y legales necesarios para que hagan posible un desempeño efectivo en el control de las condiciones y el medio ambiente de trabajo para una protección adecuada de la salud física y psíquica de los trabajadores”, situación tal que, en Paraguay los trabajadores denuncian que no se cumple, ya que hay falencias presupuestarias y de recursos humanos para realizar asertiva y oportunamente inspecciones que garanticen los derechos laborales de los trabajadores que denuncien irregularidades en sus centros de trabajo.
- Portal APU.uy
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