Uruguay es el país de Sudamérica con mayor libertad de prensa, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, subiendo cinco puestos con relación a la medición del año pasado. «El país representa una excepción en un continente dominado por una fuerte polarización mediática», indica el reporte, que critica que «el país sigue sin saldar sus cuentas del pasado». «La violencia y la polarización persisten en el continente americano», afirma la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) en su informe anual sobre la clasificación mundial de los países que respetan la libertad de la prensa, publicado el jueves. RSF, organización con sede en París, sitúa en cabeza de los países más respetuosos de la libertad de informar a Finlandia, Holanda y Noruega. Los que menos la respetan son Eritrea, Corea del Norte y Turkmenistán.
Cuba figura en la lista de los diez países en los que se respeta menos la libertad de prensa, según la ONG.
Costa Rica (número 18 en la lista) y Uruguay (27º) encabezan en América Latina los Estados en los que la libertad de prensa es más respetada.
Para su clasificación, que incluye 179 países, RSF se basa en seis criterios: pluralismo, independencia de los medios de información, entorno y autocensura, marco legal, transparencia e infraestructuras de información.
En el continente americano, la organización da cuenta de «violencia y polarización» persistentes, de «avances engañosos», así como «sobresaltos variables en el sur».
Pese a ello, Uruguay escala cinco puestos en la clasificación y es elogiado como una «excepción» en América.
«El país representa una excepción en un continente dominado por una fuerte polarización mediática. La despenalización de los delitos de prensa ha sido aprobada en el Congreso. El acceso a la información pública, garantizado por una legislación reciente, sigue topándose con la negativa de los militares a entregar los archivos de la dictadura», aclara el reporte.
«Al este del Río de la Plata son muy raros los ataques directos a la prensa. En 2007 el país adoptó una legislación muy innovadora, relativa a los medios comunitarios; y después, en 2008, de una ley de acceso a la información pública. En ambos casos, antes de ser votadas por el Congreso y promulgadas por el Presidente de la República, se confió la elaboración de los textos a un grupo de trabajo ad hoc, en el que estaban la administración, la sociedad civil y representantes de la profesión. El mismo método se ha utilizado para la redacción de un importante proyecto de ley, que modifica la actual legislación de prensa y reforma el código penal», agrega.
En conformidad con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las enmiendas se refieren a la supresión del delito de «desacato», así como la despenalización de la «difamación», las «injurias» – salvo en caso de atentado deliberado a la vida privada – y el «insulto a los símbolos patrióticos», recuerda el texto.
«A pesar de lo animoso del panorama, el país sigue sin saldar sus cuentas del pasado, en particular las de la dictadura militar (1973-1985)», continúa, explicando que la Ley de Caducidad «de nuevo suscita debates y han empezado a iniciarse procesos de militares».
«Sin embargo, el acceso a la información pública conseguido con la nueva ley sigue topándose con la negativa de los militares a entregar sus archivos, y algunos periodistas han recibido amenazas. El tratamiento de asuntos sensibles, como la corrupción o los abusos de la fuerzas del orden, también representan focos de inseguridad», señala.
Para RSF, una de las modificaciones más importantes de la nueva legislación es la relativa al artículo 336 del código penal, dedicado a la despenalización de la difamación en nombre del «interés público» de una noticia. Esta misma modificación, en nombre del mismo criterio, protege también las manifestaciones o representaciones de tipo humorístico o caricatural. En caso de presunto perjuicio a la vida privada, la «intención de perjudicar» deliberada se debe establecer para que se pronuncie una condena.
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