“Mire mi sargento Silva, si sigue de comunista le voy a arrancar la cabeza a tipasos, de comunista acá adentro no», le dijeron al sargento Silva cuando decidió denunciar irregularidades con los fondos del censo agropecuario. Como no tuvo respuesta de sus superiores, hace un año hizo pública su denuncia y hace una semana fue procesado por sacar la información. El caso pasará a la justicia ordinaria para que se juzgue el delito de falsificación de firmas. El sargento Charles Silva denunció maniobras irregulares en el batallón Fray Bentos con los vales del censo agropecuario e hizo públicos documentos que habían sido falsificados. Esto le costó caro. La semana pasada fue rebajado al rango de soldado y se dictó su procesamiento con prisión por omisión de servicio (delito militar).
«Es algo que no tenía el derecho de hacer de acuerdo a su jerarquía y que no tenía órdenes de hacer. Son averiguaciones que hizo con respecto al censo agropecuario y documentación que fotocopió», explicó a No toquen nada el jefe del Supremo Tribunal Militar, Julio Halty.
La denuncia de Silva se hizo el lunes 28 de noviembre en el programa No toquen nada y el Ejército ordenó una investigación urgente que determinó faltas graves de los jerarcas del Batallón y ordenó sanciones y relevos. Según el sargento, en el Batallón se incluía en las planillas del personal que trabajaba en el censo a militares que no realizaban la tarea y se les falsificaba la firma. Él era uno de los militares que lo sufrió y por eso se dio cuenta. Un año después, la Justicia Militar consideró que la falsificación de las firmas denunciada por este sargento tiene justificación y por eso se pidió el pase del caso a la Justicia ordinaria, que es quien debe actuar en estos casos.
Además, en el momento de la denuncia, el Ejército ordenó una investigación urgente que determinó sanciones y relevos para el jefe del Batallón, Gustavo Meirelles, el segundo jefe, el Mayor Jesús Rodríguez y el capitán es Clever Techera. «De acuerdo a la magnitud, el comandante considera que es una falta grave y decidió relevar al jefe, segundo jefe y al capitán que está involucrado. Si hay delito lo determinará la Justicia. No es un hecho normal que se releve una persona por una falta disciplinaria, hay una escala de sanciones previstas en el reglamento militar, que van desde el apercibimiento o amonestación a su relevo y el pase a la justicia, que no es común, sobre todo en el caso del jefe y el segundo jefe», explicó Mario Stevenazzi, responsable de relaciones públicas del Ejército.
Luego se inició el juicio militar con todos los implicados. El sargento dijo durante el juicio que sus superiores no lo escucharon y por eso decidió copiar los documentos y denunciar a través de la prensa. En sus declaraciones sostuvo que habló con el capitán, que estaba al frente del censo, y que éste le dijo «mire mi sargento Silva, si sigue de comunista le voy a arrancar la cabeza a tipasos, de comunista acá adentro no». También declaró que hubo una reunión con los tres superiores y otro sargento, donde se le dijo que no le estaban robando a él, sino que lo que hacían era sacarle más plata al ministerio y al Estado.
En ese momento, el comandante en jefe del Ejército, Pedro Aguerre, pidió expresamente cuando el caso se denunció que no se sancione al sargento porque entendió que actuó como pudo y no tuvo eco en los carriles que correspondía. “En principio no se sancionó al sargento para evitar que se tome una represalia en su contra. El comandante en jefe se preocupó por eso porque entendió que el sargento hizo las denuncias en determinados escalones que no fueron atendidas y se vio apretado por una situación” explicó el responsable de relaciones públicas del Ejército, Mario Stevenazzi, a fines del año pasado. Sin embargo, un año después, la Justicia Militar consideró lo contrario ahora y por eso lo procesó.
Además, la justicia consideró que los tres superiores que en ese momento fueron sancionados y relevados por faltas administrativas graves, no cometieron ningún delito militar. «Se decidió la clausura del procedimiento porque tanto el fiscal, como el juez, consideraron que las sanciones impuestas eran suficiente castigo, en virtud de las medidas que se tomaron con respecto a ellos. Además se comprobó que no existía en ninguno de los tres la comisión de un delito militar y que no estaban involucrados en la falsificación. El capitán Techera estaba a cargo del personal del censo, pero él no tuvo que ver, el expediente va a pasar al juzgado de Fray Bentos porque se presume que puede existir un delito común, que es la falsificación de firmas», sostuvo.
Según dijo Halty, quien falló en esta instancia fue el juez militar de instrucción. Ahora, quien decidirá la pena y el pase a la justicia es el juez de segunda instancia, que estudia el expediente y tiene un plazo de 90 días. Por ahora, el sargento está cumpliendo pena preventiva hasta que salga la condena.
Las dos justicias – En setiembre de este año, tres oficiales del Ejército fueron procesados con prisión domiciliaria por haber ahogado al alférez Carlos Olivera en un ejercicio de entrenamiento en Toledo, en 2009. Sin embargo, la Justicia Militar que actuó en ese caso consideró que no hubo delito por lo que estos oficiales siguieron al mando de los mismos ejercicios y la causa se clausuró.
En este caso de Fray Bentos, se da un escenario con algunas similitudes. Un sargento denuncia la falsificación de su firma, un delito común, que la justicia ordinaria deberá determinar comprobar. «La Justicia Militar, a partir de la ley marco de Defensa juzga a los militares que cometieron delitos militares, los militares que cometen delitos comunes son juzgados por la justicia ordinaria, o sea que es muy común que las dos justicias actúen en conjunto o una después que otra», señaló Halty
Por: Emiliano Zecca – De 180.com
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