«No puede caer una losa de impunidad y olvido sobre los crímenes de la dictadura uruguaya», señala una declaración aprobada el 5 de marzo por el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar). «Ello tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro, pues la impunidad incide en los comportamientos cotidianos, institucionales y personales».
Tras recibir al catedrático Alberto Pérez Pérez y al antropólogo José López Mazz -«para analizar la situación y perspectivas de las investigaciones judiciales acerca de lo acontecido durante la dictadura en materia de Derechos Humanos»-, el CDC resolvió por unanimidad llamar «a todos los compatriotas de buena voluntad a buscar caminos ética y jurídicamente correctos para que la verdad y la justicia sigan abriéndose paso, y se afirmen en el país que queremos legarles a las generaciones que vienen».
Texto de la resolución
1) Tomar conocimiento y agradecer las exposiciones realizadas en Sala por el Dr. Alberto Pérez Pérez y por el Lic. José López Mazz en relación con la situación y perspectivas de las investigaciones judiciales acerca de lo acontecido durante la dictadura en materia de Derechos Humanos.
2) Hacerlas llegar, conjuntamente con la versión taquigráfica de las consideraciones efectuadas en Sala durante el tratamiento del asunto, a todos los Servicios y colectivos universitarios.
3) Al respecto, emitir la siguiente:
Declaración del Consejo Directivo Central sobre las perspectivas de la verdad y la justicia en materia de los atentados a los derechos humanos cometidos durante la dictadura:
1.De acuerdo a lo que establecen su trayectoria histórica y el artículo 2 de su Ley Orgánica, la Universidad de la República tiene entre sus fines “defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno.” En esa perspectiva, el Consejo Directivo Central quiere hacer un aporte al análisis de resoluciones recientes y gravitantes de la Suprema Corte de Justicia vinculadas con la investigación de violaciones de los derechos humanos pues, de acuerdo al texto legal ya mencionado, a la Universidad incumbe asimismo “contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública”.
2. Con esos fines que le fijan su vocación tradicional y el mandato legal la UDELAR ha cumplido antes, durante y después de la dictadura. A este último respecto se destacan los ingentes esfuerzos, realizados por equipos universitarios a pedido de la Presidencia de la República, tanto en la investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de estado en el Uruguay como en la investigación arqueológica sobre Detenidos Desaparecidos. En ese marco, durante casi ocho años ya, se ha revisado documentación en archivos estatales y realizado excavaciones en predios y sedes militares que han permitido hallar los restos de varios conciudadanos.
3. Esta declaración se formula respetando las competencias constitucionales de cada Poder del Estado y procurando colaborar a afianzar el Estado de Derecho a partir del más correcto, eficiente y transparente funcionamiento de la Justicia del Poder Judicial como tal. La declaración responde a la preocupación estudiantil, transmitida a este Consejo por los delegados del orden respectivo, y respaldada por las delegaciones de los ordenes de docentes y egresados. Como corresponde a la envergadura de las resoluciones a las que se refiere y a la complejidad de los problemas que tales resoluciones suscitan, la declaración se aprueba en el Consejo Directivo Central tras un período de análisis, reflexión e intercambio de ideas, durante el cual varios Consejos de Facultad han tomado posición pública al respecto
4.En cumplimiento del fallo condenatorio para el Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno nacional reconoció la responsabilidad del país en el llamado “caso Gelman”, ejemplo extremo de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura en Uruguay y en la región. Preocupa a la Universidad que el cumplimiento integral de ese fallo se vea obstaculizado. Para formular esta preocupación, el CDC toma especialmente en cuenta los pronunciamientos relacionados con el tema de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), cuyos cometidos y facultades fueron establecidos por la Ley No. 18.446, de 24/12/2008.
5. Como lo afirma una declaración de la INDDHH “los esfuerzos realizados por la sociedad uruguaya para fortalecer el estado de derecho y consolidar la democracia han sido ingentes y constantes en estos últimos treinta años. Entre esos esfuerzos, es reconocida la larga lucha de víctimas, familiares y organizaciones sociales, sindicales y religiosas por la verdad y la justicia en relación a las gravísimas violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el país durante el terrorismo de estado. En los últimos años hubo algunos avances innegables en la materia. Sin embargo, para la INDDHH, ese proceso da muestras de haber comenzado lenta, pero constantemente, a detenerse”.
6. Uno de los hechos que apuntan en ese sentido es el reciente traslado a un Juzgado Civil de la Jueza Mariana Mota, que se ha especializado en la materia penal vinculada con los derechos humanos y en cuyo Juzgado Penal están radicadas la mayor parte de las causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Ese traslado suscita el riesgo de que se demore gravemente la administración de justicia.
7. Dicho traslado ha sido dispuesto por la Suprema Corte de Justicia sin haber explicado con claridad a la ciudadanía sus motivaciones. Como lo recuerda la declaración de la INDDHH, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “enfatizó que la movilidad de los jueces no puede quedar librada a la discrecionalidad de las autoridades, pues podría exponer a los jueces y comprometer su independencia e imparcialidad”.
8. Ante otra resolución de la Suprema Corte de Justicia – la que reputa inconstitucional los artículos 2do y 3ero de la llamada “ley interpretativa” de la Ley de Caducidad – la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación porque se “puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”.
9. Resoluciones del tipo de la antes mencionada exponen al país a nuevas condenas, como la emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la opinión pública internacional. Uruguay, como nación y como pueblo, no se lo merece. Los crímenes del nazismo, cuando han transcurrido alrededor de setenta años desde que fueron cometidos, siguen siendo investigados y juzgados. Así lo reclaman con todo derecho quienes se sienten ligados a las víctimas, y también la conciencia del mundo. No puede caer una losa de impunidad y olvido sobre los crímenes de la dictadura uruguaya. Ello tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro, pues la impunidad incide en los comportamientos cotidianos, institucionales y personales.
10. La Universidad de la República llama a todos los compatriotas de buena voluntad a buscar caminos ética y jurídicamente correctos para que la verdad y la justicia sigan abriéndose paso, y se afirmen en el país que queremos legarles a las generaciones que vienen.
4) En función de la exposición del Dr. Alberto Pérez Pérez y de la Declaración aprobada, este Consejo Directivo Central solicita a todos los ámbitos de la institución que tengan aportes para hacer en la materia, que estudien los problemas planteados y contribuyan a enfrentar la impunidad, encontrando caminos para la verdad y justicia.
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