MONTEVIDEO (Uypress) – Sandra Pereira es la secretaria general de OFUCIPE y Julio Boffano el presidente del núcleo sindical de la Unidad Penitencia 5. Uruguay tiene una tasa de prisionización de las más altas del mundo, más de 16 mil personas privadas de libertad (PPL) y 10 mil con medidas alternativas. Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE) el sindicato de los civiles penitenciarios desde hace 10 años.
En Uruguay hay 1400 mujeres privadas de libertad, casi 900 en la Unidad 5. Todas las desigualdades que tienen las mujeres en sociedad, bueno en la cárcel se multiplican por 100 y por varios motivos.
La práctica del castigo es moneda corriente en las cárceles y es parte del sistema porque lo mismo se hace con los funcionarios. Aunque hay funcionarios que deberían tener pericias siquiátricas, gente mala que todos conocemos, que disfrutan castigando, que te dicen «esto es una cárcel y tienen que sufrir». Una concepción no sólo perimida académicamente, sino que lejana al enfoque del INR y violatorio para cualquier Estado de derecho.
La relevancia de la dimensión actitudinal de los funcionarios es fundamental en cualquier proceso de cambio y hay algo muy simple: si los tratás bien, vas a recibir respeto por parte de las PPL. Para decirlo en términos académicos porque todo esto está estudiado, se trata de un neopunitivismo disciplinador y autoritario, casi con carácter catártico y exorcizador de culpas colectivas. La Policía como organización tiene mucho que preguntarse sobre esos aspectos, algunos civiles también. Y no está probado que se trate de los niveles bajos de formación, es sencillo, para ser un profesional de lo que sea, tenés que ser una buena persona. La última tanda que entró de policías penitenciarios, en muchos aspectos y muy rápidamente se han adaptado a los peores vicios instaurados en la cultura organizacional de precisamente todo lo contrario a lo que se espera que hagan.
¿Cuál es el rol de los operadores penitenciarios civiles?
– El escalafón de operadores penitenciarios se creó en 1986 (ley 15851) establecía que el personal de cárceles fuera de naturaleza civil, no policial, y tuviera una capacitación específica para cumplir su labor. Se concretó recién en 2010 por una ley de emergencia carcelaria y en 2011 entraron 1500 operadores civiles por primera vez. En 2011 se crearon decretos con los principales lineamientos, pero hasta ahora el INR no tiene una ley orgánica y es parte de su debilidad institucional.
El rol de los operadores civiles penitenciarios en Uruguay es multifacético y crucial para la seguridad integral y la rehabilitación de las Personas Privadas de Libertad (PPL). Las funciones principales abarcan:
-Gestión del régimen penitenciario: Promoción y acompañamiento de las Personas Privadas de Libertad en las actividades diarias, bajo un enfoque de seguridad integral.
-Atención a necesidades básicas: de salud, alimentación y otros requerimientos esenciales de las PPL.
-Contribución a la reinserción social: Implementación de programas y actividades orientadas a la rehabilitación.
-Intervención y gestión de riesgos: Actuación en situaciones críticas y administración de las unidades de internación.
-Gestión de la información y registros de la población penitenciaria.
– Coordinación entre la intervención técnica y la seguridad custodial
En esencia, los operadores penitenciarios actuamos como gestores de convivencia, buscando un equilibrio entre la seguridad, el respeto a los derechos humanos y la rehabilitación de las PPL. El rol se creó esperando que tuviese un efecto organizacional en la cárcel inclinado hacia la rehabilitación y no tanto hacia el castigo/punitivo como lo era y es esencialmente con el escalafón policial. Aunque sabemos que es muy difícil ir contra las inercias organizacionales y esto, es algo más que también esperamos de las nuevas autoridades.
Expectativas de OFUCIPE ante la nueva dirección del INR:
-Descongestión carcelaria: urgente abordaje del grave problema de hacinamiento existente en los centros penitenciarios.
-Ordenar el área técnica sin entreverar las dimensiones de trato y tratamiento como sucede en la actualidad. Una cosa son los derechos que tienen las PPL y otra, la posibilidad de identificar cuáles son los perfiles criminológicos para trabajar la rehabilitación de nuestro Instituto Nacional de Rehabilitación.
-Mejora de condiciones laborales:
-Ingreso de personal: Para aliviar la sobrecarga laboral y poner fin a la multitarea que afecta a los operadores penitenciarios tanto física como mentalmente. Hay muchos operadores cumpliendo roles de administración y no es nuestra función. Eso es usar mano de obra barata. Si necesitan personas en las administraciones y oficinas, pues que hagan llamados para eso.
-Reconocimiento del trabajo insalubre mediante la formalización del carácter insalubre de las tareas desempeñadas por los operadores penitenciarios.
-Respeto y protección de los derechos fundamentales tanto de las PPL como de los trabajadores penitenciarios.
-Establecimiento de una comunicación efectiva y abierta que permita abordar y solucionar las diversas problemáticas del sistema penitenciario, incluyendo los abusos de poder de parte de autoridades que terminan derivando en persecuciones laborales en varias Unidades penitenciarias y vienen siendo denunciadas por la Organización.
Hasta ahora no hemos visto cambios y van casi dos meses. Sabemos que todo lleva un proceso, pero nadie empezó de cero acá, todos tenemos clara la involución que hubo en el gobierno anterior, pues estamos esperando ver un gesto del nuevo INR. Por ejemplo, en la Unidad 5, lugar en el que muchas veces un solo operador tiene que atender tres pisos y más de 200 PPL, se murió una compañera operadora. Le subió repentinamente la presión y mucho, tuvo un aneurisma y a los pocos días falleció.
¿Cuánto el estrés laboral incidió en esta muerte? Responder esto sería una disputa sin fin, pero puede haber gestos de la administración. No queremos una placa conmemorativa, si quieren homenajear a la compañera que ayuden a la familia, que haya un seguro de vida ya y que mejoren las condiciones laborales, ese sería el mejor homenaje. No todo se trata de más presupuesto. Allí necesitamos gestión, cabezas y corazones comprometidos con los derechos humanos y los principios del INR.
En resumen, OFUCIPE espera una gestión del INR más integral, respetuosa de los derechos de todos los actores involucrados y genuinamente enfocada en la rehabilitación de las PPL, con una clara disposición al diálogo para la mejora continua del sistema penitenciario. Es fundamental una gestión que coordine y articule con el MIDES, la SDH de Presidencia, la ANEP, Udelar y por supuesto con el MSP ya que ASSE en muchos casos es responsable de la falta de atención de salud con las complicaciones ulteriores que eso nos trae a todos los trabajadores.
OFUCIPE planteó un hábeas corpus correctivo colectivo ¿qué significa y que pasos se han dado?
– Hay que partir de una base importante que suele olvidarse en el sistema penitenciario y es que el único derecho que no tienen las persona privadas de libertad es precisamente el de la libertad ambulatoria, todos los demás deben ser garantizados por el Estado y cuando se violan los derechos humanos como pasa en muchos casos, eso es responsabilidad del Estado y no hay más lealtad institucional que decirlo para cambiarlo.
OFUCIPE interpuso esta acción legal para denunciar:
-El hacinamiento extremo que se vive en las cárceles uruguayas.
-Las deficiencias en la alimentación suministrada a las PPL.
-La falta de atención estatal adecuada, incluyendo la significativa escasez de personal penitenciario.
-La vulneración sistemática de los derechos tanto de las PPL como de los funcionarios penitenciarios.
Pasos dados por OFUCIPE:
-A finales de 2024, OFUCIPE presentó el recurso de hábeas corpus correctivo colectivo ante la justicia, denunciando las condiciones precarias existentes en 26 unidades del INR.
-La iniciativa contó con el apoyo político de la actual senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, quien se sumó a la presentación.
-El objetivo principal de esta acción legal fue lograr un amplio reconocimiento de la grave situación carcelaria por parte de las autoridades, los políticos y la sociedad en general.
-El logro esperado era obtener una intervención judicial efectiva que obligara a las autoridades a corregir las condiciones denunciadas, ante la falta de soluciones concretas por parte del Poder Político.
Expectativa con la creación del Ministerio de Justicia
– Mucha expectativa por lo necesario que es, ya que, todos los sistemas penitenciarios modernos tienen un instrumento legal que pautan los lineamientos de cómo debe administrarse la pena. El INR tiene que tener cometidos claros que no dependan de los políticos de turno y que no se viva gobernando y administrando por resoluciones internas.
Así como está es mucho más costoso en términos de energía humana. La reforma del sistema penitenciario es un debe histórico de nuestro país entre tantos motivos porque no se utiliza como herramienta de resocialización, perpetúa el ciclo de la delincuencia y agrava la marginalidad y la inseguridad. Hay evidencias de esto, no es sólo nuestra opinión. Es crucial entender que la reforma del sistema penitenciario, es además de un tema de seguridad, una cuestión de derechos humanos y justicia social.
La inversión en rehabilitación y reinserción social no sólo beneficia a las personas privadas de libertad, sino que también contribuye a la seguridad de toda la sociedad. Además, es esencial abordar las causas subyacentes de la criminalidad, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, las trayectorias de vida para construir una sociedad más justa y segura.
La creación del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos que todo el sistema político respalda, tiene que ser una prioridad porque las carencias estructurales del sistema penitenciario no podrán superarse mientras esté orgánicamente supeditado al Ministerio del Interior.
La lógica del trabajo policial es control y represión del delito y está bien que lo sea, pero no pueden estar en el mismo ámbito del INR que tiene una lógica opuesta y su objetivo es rehabilitar, reinsertar a las personas penadas y reducir la reincidencia delictiva. 7 de cada 10 personas excarceladas vuelven a delinquir en los tres primeros años de libertad. Nosotros como funcionarios nos cuestionamos mucho qué estamos haciendo si estos son los números. Nuestro trabajo no lo estamos haciendo bien, y si le sumamos el aumento desorbitado de personas privadas de libertad, entre el 2000 y el 2023 creció un 243%, llegando a 432 personas reclusas por cada 100.000 habitantes, la más alta de América del Sur y octava en el mundo.
No podemos seguir postergando el tema que tiene mucho que ver con la inseguridad. El sistema penitenciario uruguayo es el eslabón más débil del sistema penal y esto ha sido una opción política, pues es hora de cambiarla porque la seguridad es la principal preocupación de la población del país. Los sistemas penitenciarios que logran prevenir la reincidencia disminuyen los costos públicos notablemente, hay mucha bibliografía sobre esto.
Los funcionarios y funcionarias estamos muy desprotegidos por el sistema penitenciario que tiende a «castigar al que trabaja bien, al que quiere hacer cosas». Hay una desidia bastante generalizada, una importante crisis de identidad organizacional, los funcionarios civiles no somos respetados por la policía en general, siempre hay excepciones loables en todos los ámbitos, pero esto hay que trabajarlo mucho. No se puede permitir el abuso de poder que existe, el que te sancionen por cualquier cosa que al director de turno se le antoje, que no te sientas cuidado, que tengas que vivir explicando que lo que estás haciendo es tu trabajo a una persona que pusieron de jefe que no tiene la más mínima idea de los principios del INR y no le interesa y te lo dice con total impunidad.
Los funcionarios deberíamos tener terapia gratuita, nos llevamos muchas miserias a nuestras casas, las certificaciones médicas aumentan y no hay políticas de recursos humanos pensadas desde una dimensión que no sea la del castigo. La misma lógica punitiva que hay para las PPL se aplica al funcionariado. Hay ideas muy buenas, pero para llevarlas a cabo necesitás funcionarios comprometidos que se sientan emocionalmente bien con su tarea y acá de nuevo, hay que tener políticas de recursos humanos, algo de lo que el INR carece bastante.
- UyPress – Agencia Uruguaya de Noticias
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