Mediante un programa financiado por la Unión Europea, el Gobierno trabaja en la reforma del sistema penal, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y su reinserción social. El coordinador de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gerardo Siri, señaló que en el marco de este proyecto se realizan seminarios de sensibilización y capacitación de los operadores judiciales. Entrevistado por la Secretaría de Comunicación, el coordinador de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gerardo Siri, explicó que esta oficina coordina un proyecto de cooperación con financiación de la Unión Europea de cinco millones de Euros,
que se denomina “Apoyo a la reforma del sistema penal y a las mejoras de las condiciones de vida y de reinserción socioeconómica de las personas privadas de libertad”.
Según constató, el objetivo de este proyecto es la mejora de la inclusión social en Uruguay, a través de la concreción de un sistema de justicia penal eficiente y respetuoso de los derechos humanos.
El proyecto abarca varias áreas entre las que destacó las especializadas en el sistema procesal penal, salud, educación y reinserción laboral. Por el propio diseño del proyecto forman parte y participan todos los poderes del Estado: elLegislativo, el Judicial y, por el Ejecutivo, el Ministerio del Interior, el de Desarrollo Social, el de Salud Pública, Educación y Cultura, Trabajo,la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU).
El eje relativo a la administración de Justicia contiene actividades tendientes a la sensibilización y capacitación de los operadores judiciales respecto a la reforma del sistema procesal penal, en particular están a estudio del Parlamento un proyecto de Código Penal y uno de Código del Proceso Penal. En el marco de este proyecto, OPP coordina con el Poder Judicial y la Fiscalía de Corte una serie de talleres denominada “Hacia el proceso acusatorio”.
El primero se realizó el sábado 1.º de junio con participación de especialistas argentinos que difundieron la experiencia que se desarrolla en su país. Participaron además decenas de jueces, fiscales y defensores que debatieron sobre los nuevos roles que les corresponderá en el sistema que se instaurará.
Este primer taller estuvo dirigido a los operadores de Montevideo y el área metropolitana. El sábado 8 se realizará otro en la ciudad de Salto, para los operadores de la zona del litoral, y el sábado 15 se concretará el tercero en la ciudad de Tacuarembó, para los operadores de la zona noreste del país.
Paralelamente el proyecto articuló la llegada de expertos catalanes en materia de gestión del sistema carcelario, a los efectos de capacitar operadores del Instituto Nacional de Rehabilitación y del SIRPA, en sistemas de privación de libertad para adultos y adolescentes.
Siri destacó que OPP coordina estas acciones con el objetivo de favorecer la transversalidad de las políticas públicas y la articulación entre los diversos organismos públicos para mejorar el sistema procesal penal y las condiciones de reclusión. Aclaró que la definición de las políticas particulares y concretas de cada área corresponde al sistema judicial y los diferentes ministerios.
Este proceso contiene un cronograma de actividades que incluye el tratamiento del tema en el Parlamento, con el objetivo de favorecer y promover el debate sobre los proyectos de ley. Además está previsto el aporte en materia de equipamiento para la atención primaria de salud, rehabilitación y capacitación de las personas privadas de libertad.
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