Pasar de los actuales 1.200 operadores penitenciarios a 2.400, para que la seguridad interna quede totalmente a su cargo y que la policía solo se ocupe de los muros perimetrales, es uno de los principales objetivos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). También se prevé ejecutar obras en el interior del país, construir el escalafón funcional y consolidar la capacitación de quienes trabajan con privados de libertad.
Entre las metas que se ha propuesto el INR para 2015 están la consolidación de la institucionalidad para transitar el camino de salida del sistema penitenciario de la órbita directa del Ministerio del Interior y consolidar el esquema donde los operadores penitenciarios especializados trabajan adentro de las unidades y una guardia policial especializada trabaje en el perímetro y realice las conducciones afuera.
“Ese esquema, donde la policía tiene un rol y los operadores penitenciarios tiene otro, se debe terminar de consolidar desde 2015 en adelante, puesto que es el esquema más adecuado y que más se ajusta a la situación del sistema penitenciario uruguayo”, aseveró el subdirector técnico del INR, Gustavo Belarra. En ese sentido, acotó que “se debe transitar con los acuerdos necesarios como política de Estado.
En infraestructura, mencionó que se debe que seguir avanzando en la construcción de la nueva cárcel por participación público-privado. Tampoco hay que descartar más obras en el interior del país, porque, si bien se están mejorando muchas unidades, se necesita proyectarse debido a la cantidad de personas alojadas, “porque los hombres y particularmente las mujeres, en especial las que están en situación de maternidad, necesitan nuevas infraestructuras y comodidades edilicias”, resaltó.
En entrevista con la Secretaría de Comunicación, Belarra detalló que otro objetivo es continuar avanzando en la construcción del escalafón penitenciario. “La futura ley de Presupuesto Nacional es clave a efectos de implementación del escalafón penitenciario a efectos de su carrera y estructura administrativa”, indicó.
“De la mano de eso –carrera administrativa- hay que generar una mayor cantidad de vacantes y puestos genuinos para operadores penitenciarios de forma de sostener el proceso. En el Presupuesto 2010 se definieron 1.200 y ahora se debe hacer números, pero sin dudas una cantidad similar debe ser necesaria para agregar”, anheló el subdirector del INR.
Para Belarra, la cantidad de operadores penitenciarios y policías que cumplen seguridad en las distintas unidades penitenciarias es aún “muy baja con respecto a la población privada de libertad”. En comparación con otros países, el jerarca señaló que el Sistema Federal Penitenciario de Argentina tiene una relación funcionarios-internos 1 a 1, mientras que en Uruguay es 1 a 3,5. “Es un radio bajo que hay que aumentarlo para poder equilibrarlo, por eso el ingreso de mayor cantidad de operadores penitenciarios es clave”, apuntó.
Otro aspecto esencial que se debe seguir consolidando es el rol que cumple la Escuela de Formación Penitenciaria, a la cual catalogó “de pulmón de cualquier reforma penitenciaria”. “No es posible pensar en ello sin que la escuela este sólida y transmita las líneas directrices en forma precisa”, observó.
Rol del Patronato – “El Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados tiene un papel clave en pensar en el egreso del privado de libertad, en el cual las primeras 48 horas de las personas afuera son claves, porque es el momento que regresa a la casa y se encuentra con su familia”, manifestó.
“Pero también hay que trabajar a la semana o dos semanas cuando la persona, si no consigue trabajo, llega a la casa y no tiene un peso partido por la mitad y pasa a ser un nuevo integrante de la casa luego de no estar por un tiempo prolongado, por lo tanto es una nueva boca para alimentar. Si no tiene ingreso de dinero es mayor la probabilidad que reincida en el delito”, dijo.
Belarra indicó que se debe seguir teniendo herramientas para la inclusión social y que la discusión debe ser hasta donde el empleo asistido o hasta dónde el Estado tiene que ayudar en términos economicistas. “Por lo tanto, lo mejor es generar más empleo asistido para la población que egresa a efectos de empezar y dar un margen de autonomía”.
En lo que va de este año, 209 personas privadas de libertad y liberados han realizado pasantías laborales gracias a distintos convenios que ha firmado el Patronato con empresas públicas y privadas.
Las pasantías laborales se han ejecutado en OSE, El Correo Uruguayo, la Administración Nacional de Puertos, la Dirección Nacional de Vialidad, en la Educación Pública, tareas diversas en el marco del Plan 7 Zonas, en las intendencia de San José, Maldonado, Colonia, Flores y Durazno, así como con organizaciones no gubernamentales como Techo, el gubernamental Plan Juntos, la Federación Uruguaya de Remo y en las propias unidades penitenciarias.
Desde 2012 hasta ahora han pasado 600 personas aproximadamente por este tipo de experiencias y la reincidencia bajó en 10 %.
Figuras públicas-privadas que ayuden a la comercialización – Se debe pensar, a través de la cooperación internacional, en figuras dúctiles para la administración del sistema, como por ejemplo la Corporación Nacional para el Desarrollo, puesto que en las unidades se generan muchas oportunidades de trabajo. “Pero para eso necesitamos figuras de administración pública pero con posibilidades de administración jurídica privada que permitan las ventas masivas de productos fabricados en el sistema”. Belarra explicó que “en Barcelona o Argentina existen organismos que permiten dentro de las cárceles comercializar productos y generan mecanismos para poder vender sillas, cubiertas y montar estructuras productivas que generen empleo adentro y permitan la comercialización”.
“Si bien hemos avanzando en eso, nos resta escarbar más para tender a una figura de ese tipo”, recalcó.
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